La causa judicial por las inversiones que no hizo la empresa Chañares Herrados SA (Chasa), que había comprometido cuando le prorrogaron la concesión de un área petrolera en 2011, tiene un desenlace político: mañana el ex gobernador Francisco Pérez comparecerá ante el fiscal Juan Manuel Bancalari en calidad de imputado por incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Pérez deberá volver a los Tribunales una semana después de que fue a defenderse por la denuncia de enriquecimiento ilícito que le hicieron senadores radicales. Así, desde que dejó el poder, el 9 de diciembre, debió renunciar a la presidencia del PJ y enfrentar su derrotero judicial.
Pero esta vez el ex gobernador no es el único en la mira de la Justicia. También están señalados en el expediente 115.641 el ex ministro de Energía Marcos Zandomeni y los ex subsecretarios de Hidrocarburos Walter Vázquez y Pedro Sánchez.
La historia de Chasa ha sido ventilada por Los Andes desde el 9 de noviembre de 2014, cuando se informaba sobre la denuncia de un abogado del foro local, José Rubio, que quedó radicada en la Fiscalía de Delitos Complejos de Daniel Carniello. A fines del año pasado Carniello fue removido y su lugar es ocupado por Bancalari, quien firmó las imputaciones.
Los cuatro funcionarios están acusados de no haber obligado a Chasa a cumplir las condiciones de la prórroga de la concesión, particularmente la inversión comprometida de 266 millones de dólares en los primeros cinco años. De ese monto, sólo invirtió finalmente 89 millones.
Además, también se les cuestiona que, cuando se les prorrogó el área, no se evalúo la solvencia de la petrolera para cumplir con las inversiones que afirmó haría.
También estaría bajo la mira del fiscal Bancalari la evasión del impuesto a los Sellos que Chañares Herrados debía pagar por la venta de su paquete accionario, operación ocurrida en junio de 2013 por 84 millones de dólares. La compradora fue Medanito SA.
Según el artículo 13 inciso 16 del Anexo I del decreto 1547 de 2010, todos los contratos que celebre el concesionario, cuyos efectos se cumplan en la provincia (como por ejemplo, que asuman nuevos dueños) debían pagar impuesto a los sellos, obligación que no se cumplió y nadie en el Gobierno obligó a cumplir.
Por último, los funcionarios son acusados de no obligar a Chañares Herrados SA a no cumplir con la contratación de un seguro de responsabilidad civil por posibles daños al patrimonio ambiental. Esa obligación está prevista en el artículo 13 inciso 9 del Anexo I del decreto 1547.
Si bien no hubo confirmación oficial por parte de la Justicia mendocina, el que sí confirmó la versión fue el propio ex gobernador Pérez, quien dijo a este diario que se presentará mañana a declarar.
La empresa operaba en Mendoza desde la década de los ‘90 y su concesión vencía en 2017. En 2010, el gobierno de Celso Jaque inició un proceso de negociación con varias petroleras que estaban culminando su concesión, entre ellas Chasa.
El 31 de mayo de 2011, como ministro de Infraestructura, Pérez firmaba el convenio de prórroga hasta 2027, que fue refrendado por Celso Jaque en el decreto 1467, firmado el 30 de junio de 2011.
En el expediente judicial consta un informe de Fiscalía de Estado en el que se indica que la petrolera venía incumpliendo con las inversiones desde 2007, cuando estuvo un 34% por debajo de lo comprometido (de U$S 46 millones ofrecidos ejecutó U$S 30 millones), en 2008 compensó con un 67% más (de U$S 18 millones ofrecidos a U$S 30 millones) y desde entonces siempre estuvo por debajo de lo pactado: 2009 un 12% por debajo y en 2010 un 63% por debajo.
Estos incumplimientos serían motivados por la falta de solvencia de Chasa, motivo por el cual Bancalari entiende que no debió haberse prorrogado el área.
Estos incumplimientos se fueron haciendo más evidentes desde el momento en que se prorrogó el área. La falta de inversión acumulada entre 2011 y 2015 llegó a U$S 177 millones según el expediente judicial.
Estos incumplimientos, más el no pago del Impuesto a los Sellos, que importan un daño al fisco, más no exigirle a Chasa que contrate un seguro por posibles daños ambientales implican que hubo funcionarios que no obligaron a la empresa a cumplir lo firmado.
Una petrolera ligada a la dictadura
La historia de Chañares Herrados SA tiene capítulos dignos de una novela. Opera en Mendoza desde principios de los ‘90, antes de que la reforma constitucional del ‘94 traspasara la propiedad de los yacimientos petroleros a las provincias.
En esos años, durante la presidencia de Menem, logró una concesión en Mendoza. El área ubicada en Tupungato se llamaba Chañares Herrados y Puesto Pozo Cercado; la empresa tomó su nombre de ahí.
Los antiguos dueños eran Héctor Basilio Lapeyrade (75% de las acciones), Rodolfo Steiner (15%) y Luis Alfredo Zarattini (10%). Lapeyrade había sido funcionario de YPF durante la dictadura militar, Zarattini un conocido represor en el Batallón 601 y en la Escuela de Mecánica de la Armada.
Uno de los asesores legales de la petrolera era Héctor Oscar Corres, activo militante de Concentración Nacional Universitaria de Mar del Plata; en esa ciudad se lo involucra en la muerte de Silvia Filler en diciembre de 1971.
Corres es hermano de otro célebre represor, Julián “El Laucha” Corres, quien operó en “La escuelita” de Bahía Blanca.
Esta historia negra de Chañares Herrados es conocida en los organismos de derechos humanos. Los Andes la recordó el 21 de setiembre de 2014, cuando contó quién era el tal Zarattini que sufrió un accidente en Santa Rosa tiempo antes y su estrecho vínculo con el ex subsecretario Walter Vázquez, encargado de controlarlo.
