La Cámara en lo Penal y Correccional de San Juan ratificó el procesamiento de 8 de los 9 operarios y jefes implicados en el derrame de agua cianurada ocurrido en septiembre de 2015 en la mina Veladero, que hoy operan la canadiense Barrick Gold y la china Shandong Gold, y sobreseyó al ex gerente general que estaba en funciones en aquel momento, informó hoy una fuente judicial.
Los empleados de Barrick Gold habían sido procesados por el juez penal de Jáchal, Pablo Oritja, por violar la ley 24.051 de Residuos Peligrosos, un delito cuya condena puede llegar a dos años de cárcel.
La Sala Primera de la Cámara en lo Penal y Correccional confirmó ayer los procesamientos de los ocho ex jefes y operarios de Barrick que firmaron el acta por la cual se dejó abierta una compuerta por donde salió el cianuro y contaminó el Rio Potrerillos.
En el mismo fallo, el tribunal integrado por Juan Carlos Caballero Vidal, Silvia Peña Sansó de Ruiz y Raúl José Iglesias, dictaron el sobreseimiento por falta de mérito del ex gerente general de la minera al momento del derrame Antonio Adames, quien quedó desvinculado del caso porque se encontraba en Buenos Aires cuando ocurrió el incidente.
La Cámara Penal dejó firmes los procesamientos de Leandro Poblete, Segundo Álvarez, Carlos Cabanillas, Ángel Escudero, Osvaldo Brocca, David Sánchez, Ricardo Cortez y Walter Pizarro, los firmantes del acta de apertura de la compuerta que de estar cerrada hubiera impedido la contaminación.
Los operarios imputados están acusados de contaminación del suelo y los cursos de agua "por imprudencia, negligencia y por inobservancia de los reglamentos u ordenanzas" que controlan la actividad.
El incidente ocurrió el 12 de septiembre de 2015 cuando una válvula de venteo se rompió y una compuerta que debía estar cerrada, quedó abierta, dejando así escapar el agua cianurada por el Río Potrerillos, afluente del Río Las Taguas y otros cuatro más, sobre los que sin embargo no se comprobó que hubiera elementos contaminantes.
La Minera Argentina Gold, subsidiaria de Barrick, que por entonces era la única operadora de Veladero, emitió tras el fallo un comunicado en el que sostiene que no comparte "los argumentos centrales" del procesamiento y advierte que sus abogados "analizan sus consecuencias a efectos de decidir los próximos pasos legales a seguir orientados a proteger a los involucrados".
Barrick garantizó que cumplirá "su compromiso de asegurar que las personas afectadas por el fallo cuenten con el debido soporte legal mientras el proceso judicial siga su curso, ya que entiende que no hay razón alguna que justifique considerar los hechos ocurridos como delictivos".