La Corte decidirá sobre un caso de ataque a la prensa

La Corte provincial  se reunió ayer para tratar el caso de dos productores agrícolas que, según un fallo judicial, golpearon y privaron de la libertad a dos periodistas de Canal 7 y recibieron sólo penas leves y en suspenso. 

Seis años después de que se produjera la agresión, ayer por la mañana la Cámara Penal de la Corte -conformada por los jueces Omar Palermo, José Valerio y Mario Adaro- se reunió en el cuarto piso de Tribunales para resolver de forma oral los planteos de las partes.

Desde el Ministerio Público Fiscal decidieron no acusar y desestimar el pedido de absolución de la defensa.

El primero en alegar fue el fiscal de Cámara Gonzalo Nazar, representando al Ministerio Público Fiscal. Nazar optó por no mantener la posición marcada por el fiscal de cámara  Alejandro Iturbide (en ese entonces, fiscal de la Tercera Cámara de Crimen) que casó la sentencia.

En abril de 2015 Horacio y Antonio Isgró (padre e hijo) comenzaron a ser juzgados por privación ilegítima de la libertad y robo agravado por uso de arma, delitos que tienen penas de cárcel efectiva que van de los 6 a los 20 años de cárcel.

Pero al final del debate, los jueces Laura Guajardo, Horacio Báez y Jorge Coussirat cambiaron la calificación: a Horacio lo condenaron a 3 años en suspenso por privación de la libertad y robo con arma no apta para el disparo y a su hijo, a un año por privación de la libertad y robo simple.

Durante los alegatos, Iturbide había solicitado para Horacio Isgró 6 años y 8 meses por robo agravado por uso de arma apta y 5 para Antonio.

Disconforme con el fallo, Iturbide consideró que los jueces no debieron poner penas en suspenso y opinó que el fallo habría sido otro si los imputados fueran personas sin poder económico.

Luego objetó que los camaristas consideraron que se utilizó un arma no apta para disparo cuando los testigos y las víctimas vieron el arma y los disparos quedaron registrados en un audio.

Además el cronista Julián Chabert declaró haber sido agredido con una barreta. Y el camarógrafo Raúl Salazar dijo que vio un arma y por eso salió corriendo.

Por último, para el fiscal se trató de un solo delito y por lo tanto ambos imputados tendrían que haber sido condenados por lo mismo.

Pues bien, todo este planteo fue dejado de lado por el fiscal Nazar, quien "no acusó".

Por otra parte, las abogadas Susana Soletti y Cecilia Reale, defensoras de los Isgró, solicitaron la absolución de sus clientes o bien, que la se cambie la calificación de robo a daños.

La Corte dictará sentencia en la primera quincena de junio. Podría tomar tres caminos: a) confirmar el fallo de la Tercera Cámara del Crimen; b) absolver a los imputados; y c) declarar nula la sentencia y ordenar un nuevo debate.

Un arreglo polémico

En noviembre de 2013 se iba a realizar un juicio contra los productores agrícolas que iba a cerrarse con un arreglo económico entre las partes pero la Tercera Cámara del Crimen no lo convalidó. 

Se traba de solución del conflicto basada en un acuerdo en metálico entre las víctimas y los victimarios.

Los cheques para los afectados -incluyendo al Canal 7 porque le rompieron una cámara- se entregaron pero nadie pensó en Reina Ciagura, una trabajadora rural que también había sido víctima de los abusos de los sospechosos. Nadie se acordó  de ella a la hora de firmar los cheques.

Más allá del dinero, esta solución iba a dejar como precedente que agredir a un periodista puede "arreglarse" con dinero, afectado de esta forma la libertad de expresión.

Violencia en una finca

El 29 de diciembre de 2011, Julián Chabert y Raúl Zalazar fueron a la finca de los Isgró, ubicada en callejón Carrasco y Ruta 20 de Los Corralitos, buscando a unos inspectores de la Subsecretaría de Trabajo. Mientras entrevistaban a una mujer, llegó Isgró con un arma y amenazó e insultó a los trabajadores de prensa.

Chabert llamó al 911 y entonces Isgró le quitó el teléfono, aunque la llamada no se cortó por lo que los policías escucharon y grabaron la conversación. 

Luego, Isgró y su hijo, quien apareció en ese momento, llevaron a los periodistas a una vivienda donde vivían los trabajadores y allí los encerraron junto a la mujer entrevistada y los obligaron a que se desnudaran, luego los golpearon y les quitaron la cámara y los celulares. 

Los periodistas se salvaron de vivir una situación más grave porque llegó la Policía.