Por Fernando Iglesias - Periodista. Especial para Los Andes
Al triste récord de ser la región socialmente más desigual del mundo, América Latina ha agregado el de ser la región con mayores niveles de violencia criminal del planeta: 157.000 homicidios en 2013, según la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Crimen; un 36% del total mundial contra el 31% de África y el 28% de Asia, que tienen, respectivamente, el doble de población y siete veces más.
La situación en México, el crecimiento de las maras centroamericanas y la cooptación de vastos sectores de la política y del Estado en el resto de los países, fenómenos directamente asociados con el auge de la violencia, el tráfico de armas, drogas y personas forzadas a la esclavitud laboral y sexual, configuran un problema regional de enormes repercusiones en la vida de los ciudadanos latinoamericanos. Lenta, pero inexorablemente, la proliferación de grupos dedicados al crimen organizado se está constituyendo en el principal problema social de la región, en una oportunidad para la corrupción, en una amenaza para la democracia y en el principal freno a su desarrollo económico.
Lamentablemente, los únicos que parecen haber comprendido el carácter global del mundo en que vivimos y logrado estructurar sus organizaciones con una lógica que supera las fronteras nacionales son los delincuentes. Hoy existen redes internacionales de protección criminal que esconden en otros países a prófugos de la Justicia y sistemas de colaboración entre organizaciones mafiosas que operan internacionalmente. Además, se ha desarrollado una sofisticada red de intercambio transnacional de información, drogas y armas, y las mafias están interconectadas regionalmente y, en algunos casos, a nivel mundial. No es el futuro. Se trata de estrategias concretas que reducen hoy a la impotencia a los sistemas nacionales de persecución del crimen organizado.
Por eso, no es casual que la violencia criminal y sus consecuencias sociales se hayan convertido en parte central de la agenda política de nuestros países; que las desigualdades en términos de seguridad sean el principal factor de discriminación social en la región, y que el crimen organizado haya devenido en la más importante fuente de conflictos y la mayor amenaza a los derechos humanos. Frente a esta proliferación de organizaciones criminales regionales y globales, los mecanismos nacionales de seguridad se demuestran cada vez más insuficientes y subordinados a poderes políticos impotentes, cuando no corruptos y cómplices.
En todos los rincones de la Argentina se clama hoy por una Justicia y una policía “cercanas” y se pide que manden más gendarmes y compren más patrulleros. Sin embargo, en vez de constituir una ventaja en términos de eficiencia, la cercanía de los tribunales, fiscalías y fuerzas de seguridad nacionales respecto de los lugares en que se consuman los delitos los deja a merced de la corrupción y de las amenazas del crimen organizado.
Haciéndolas “cercanas”, la esfera de actuación de las instituciones queda circunscripta a la persecución de la criminalidad menor, sin posibilidad ninguna de impulsar el desguace de las grandes organizaciones criminales mediante el encarcelamiento de sus dirigentes y la confiscación de sus bienes.
Para cambiar este estado de cosas es necesario comprender que el problema del crimen organizado no es ya un problema nacional sino regional. Y los problemas regionales requieren políticas regionales e instituciones regionales. De este principio ha nacido la propuesta de crear una Corte Penal Latinoamericana y del Caribe contra el Crimen Transnacional Organizado (Copla) que persiga los delitos comprendidos en la Convención de la ONU contra el Crimen Transnacional Organizado, o Convención de Palermo; un compromiso firmado por todos los países de la región que obliga a sus gobiernos a castigar a sus ejecutores.
La idea es sencilla: se trata de consensuar un acuerdo internacional por el que los países que así lo decidan se sometan a la jurisdicción de una corte complementaria; una corte regional que actúe en los casos en que -según la fórmula ritual- considere que la Justicia de un país “no ha querido” o “no ha podido” aplicar la ley contra una organización criminal que haya cometido crímenes transnacionales. Los jueces y los fiscales de esta corte regional, uno de cada uno por cada país, serían designados por el mismo mecanismo que los de las cortes supremas nacionales. Además, cada país pondría a disposición de la Corte una fuerza especial de seguridad y una prisión de alta seguridad que seguirían operativos a escala nacional; con lo que los costos operativos serían mínimos.
Previsiblemente, una corte de este tipo, orientada exclusivamente a perseguir a las cúpulas de las organizaciones criminales, sería mucho más impermeable a las amenazas y aprietes de las mafias que las justicias locales y nacionales, además de ser capaz de cortar el vínculo entre las mafias de un país y la clase judicial y política de ese mismo país inhibiendo a su juez y su fiscal de actuar en los casos que conciernan a conciudadanos.
Por debajo de ella, una agencia regional contra el crimen organizado podría mejorar la coordinación internacional entre las justicias y las fuerzas de seguridad de todos los países miembro, brindar protección efectiva e internacionalmente coordinada a testigos y arrepentidos, asegurar una prisión efectiva a los criminales más poderosos y convocar y organizar un congreso anual de las comisiones legislativas nacionales en el cual se discuta, armonice, actualice y mejore la legislación penal de todas las naciones de la región.
La Corte Penal Latinoamericana y del Caribe contra el Crimen Transnacional Organizado (Copla) podría ser una contribución decisiva para revertir el auge de la violencia criminal al sur del río Bravo. La campaña para su creación lleva ya cuatro años de desarrollo y ha alcanzado logros no menores.
Entre ellos, resoluciones unánimes del Senado y la Cámara de Diputados firmadas por todas las fuerzas parlamentarias argentinas y la adhesión de importantes personajes de la política nacional; entre ellos, la vicepresidente de la Nación, Gabriela Michetti; los ministros de Justicia y Seguridad, Germán Garavano y Patricia Bullrich; y la directora de la oficina anticorrupción, Laura Alonso, además de legisladores nacionales y dirigentes pertenecientes a diversas fuerzas políticas, como Ernesto Sanz, Elisa Carrió, Laura Montero, Mario Negri, Federico Pinedo, Pablo Tonelli, Ricardo Gil Lavedra, Karina Banfi, Paula Bertol, Fernando Sánchez, Fernanda Gil Lozano, Jorge Vanossi, Lilia Puig de Stubrin, Toty Flores y muchos otros.
La campaña ha logrado además la adhesión de destacados miembros de la Justicia argentina, como los fiscales José María Campagnoli y Ricardo Sáenz, y de figuras de prestigio internacional pertenecientes a los más diversos ámbitos, como Mario Vargas Llosa, Daniel Sabsay Juan José Campanella, Graciela Fernández Meijide, Juan José Sebreli, Rogelio Pfirter, Anthony Giddens, Santiago Kovadloff, Tonio Dell’Olio, David Held y Fernando Savater. Son también sus sostenedores importantes instituciones de la sociedad civil mundial como la Coalición por la Corte Penal Internacional, Avina (Suiza), Democracia Global (Argentina), el Movimiento Federalista Mundial (Estados Unidos), la Comisión por la Carta Democrática Interamericana (República Dominicana), Fapla (Argentina), Incide Social (México) y Libera (Italia), entre otras.
La lucha contra el crimen organizado se está perdiendo porque es una lucha impar; una batalla desequilibrada entre mafias transnacionales e hipertecnificadas que habitan el siglo XXI contra justicias y fuerzas de seguridad nacionales que parecen sacadas del siglo XIX. Complementar su acción con las de una corte y una agencia regionales aumentaría enormemente su eficacia y constituiría una forma novedosa de integración regional orientada a la solución del problema que la mayor parte de los ciudadanos latinoamericanos considera el más grave y el que más afecta su calidad de vida, y su duración: el crimen transnacional. Después de dos resoluciones parlamentarias unánimes ha llegado el momento de que su creación se convierta en una política de Estado y en una propuesta integradora que ponga a los medios de combate contra el crimen organizado a la altura de la situación.
