Opinión Jueves, 16 de marzo de 2017 | Edición impresa

La Constitución de Mendoza

Por Gustavo Gutiérrez - Ex diputado nacional; titular de la Coalición Cívica de Mendoza

La Constitución de Mendoza tiene 101 años y hace 101 años que no se reelige un gobernador, lo que ha dado a la Provincia una calidad institucional que la distingue en el concierto de las provincias argentinas.

Las Constituciones fueron fruto de una secular lucha por los derechos de las personas y las libertades individuales y, en consecuencia, están vinculadas al problema de la limitación del poder, tanto en sus alcances como en su duración. Las Constituciones no pueden asegurarnos buenos gobiernos pero sí evitar que los malos gobiernos afecten los derechos y libertades fundamentales que hacen a nuestra tradición cultural, basada en la creencia de que los seres humanos son un fin en sí mismo y no un medio al servicio de los intereses de unos pocos.

Digamos los cosas como son: el Gobernador pretende ser reelegido y       -con algunos amigos que comparten su opinión- va por la supresión de la cláusula que impide la reelección inmediata, tanto de su cargo como del de vicegobernador. Ésta, así como aquella que inhabilita a los parientes en primer grado a aspirar a sucederlos, ha evitado a Mendoza el caudillismo, el nepotismo y el consecuente espectáculo degradante de otras provincias donde el poder se ha convertido en un bien ganancial, o en asunto de familia, como son los casos de Santiago del Estero, San Luis, San Juan, Formosa o Santa Cruz.

Que intendentes mendocinos se presenten a reelecciones aprovechando un vacío al respecto en el ordenamiento jurídico de sus municipios, no es argumento que justifique este intento reeleccionista. Muy por el contrario, la restricción para gobernador y vice debería extenderse al resto de la Provincia, para todos aquellos cargos ejecutivos producto del mandato popular, incluyendo aquí también en la restricción a sus familiares en primer grado y -más aún- a quienes hayan sido elegidos para la Legislatura provincial.

Decía Lord Acton que “el poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente”. Por eso debe ser limitado tanto en sus alcances como en su duración.

Se echa mano a argumentos como la necesidad de incorporar temas no contemplados hace un siglo: desde problemas ambientales o cuestiones de género, hasta derechos de los consumidores o derechos del niño, todos asuntos que perfectamente se pueden plantear e incluir en la agenda pública a través del Poder Legislativo e incorporar a la Constitución, llegado el caso, a través del sistema de enmiendas, que permite en cada elección la modificación parcial, tratada por la Legislatura y ratificada por la ciudadanía.

Mendoza tiene dificultades de desarrollo e inclusión social que no se resuelven con una reforma constitucional. La educación, por caso, si bien supera a otras provincias argentinas significativamente más atrasadas, también está lejos de la calidad educativa de jurisdicciones como la Ciudad de Buenos Aires.

La economía mendocina tiene problemas relacionados con el costo logístico, la reducción de sus exportaciones, la tasa de interés, la fuerte presión impositiva, fruto de la mala praxis de los últimos gobiernos provinciales y municipales, que se ocuparon, en cambio, de llenar las reparticiones de empleados públicos innecesarios. Esto tampoco se resuelve con reformas constitucionales.

Desde hace varios años se ha paralizado la transformación vitivinícola; se mantienen viñedos de baja calidad enológica y acuerdos con San Juan que nos perjudican, por no haber cumplido la provincia vecina su parte en cuanto a la transformación de sus cepajes. Estos problemas tampoco son culpa de la Constitución vigente.

El Gran Mendoza pierde progresivamente calidad de vida por la creciente inseguridad ciudadana, precarias condiciones de habitabilidad,  problemas de marginalidad, pobreza e indigencia. Ninguna de estas calamidades se resuelve con una reforma constitucional.

La Provincia ha descuidado su sistema de riego. Se derrocha agua al retrasar la impermeabilización de acequias y canales, con la consiguiente pérdida o uso ineficiente de un recurso escaso e imprescindible para el desarrollo productivo, agravado por leyes de ordenamiento territorial con reglamentaciones inexplicablemente demoradas. Esto tampoco se resuelve con una reforma constitucional.

El Gobernador puede pasar a la historia con obras que él mismo venía impulsando, con el apoyo hasta ahora exitoso del recientemente renunciado ministro de Economía. Es el caso de Los Blancos y de Portezuelo del Viento, emprendimiento hidroeléctrico en el río Grande, el más caudaloso de Mendoza, que posibilitará la formación de un nuevo oasis productivo en el extremo sur de la provincia, consolidando un proyecto de desarrollo muy importante por su contribución al producto bruto provincial e impactando en la distribución poblacional. Estas megacentrales hidroeléctricas y el desarrollo de las energías eólica y solar, pioneras en el país, ayudarán a transformar a Mendoza, como ocurrió en la gestión del Ing. Francisco Gabrielli con el dique El Carrizal o en la del gobernador Arturo Lafalla quien, al recuperar los fondos que se apropiara el fallido banquero Moneta, provenientes de la venta de las empresas provinciales de energía y obras sanitarias, pudo encarar la construcción del dique Potrerillos. Sería lamentable que pretensiones perpetuacionistas pusieran en peligro aquellos tan nobles como indispensables objetivos

El deseo de pasar a la historia es una aspiración legítima de todo gobernante pero debe evitarse que el afán de poder afecte los derechos y garantías de los ciudadanos amparados por nuestra Constitución, la misma que ha permitido a los mendocinos formas de convivencia civilizada que merecen el respeto y el deseo de emulación de muchos compatriotas que -en sus provincias- tienen que soportar oligarquías políticas fruto de componendas y nepotismos.

El intento de modificación de la Constitución provincial para permitir la reelección atenta contra la institucionalidad admirablemente sostenida hasta hoy por la voluntad y vocación republicana de los ciudadanos de Mendoza y el principio innegociable de la alternancia en el poder.