• Jueves, 14 de septiembre de 2017
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Juez de la Corte niega una “grieta” judicial

Gómez se distanció de la diferenciación entre garantismo y mano dura. Dijo que se trata sólo de diferentes criterios.

Cinthia Olivera - colivera@losandes.com.ar

Tras decisiones polémicas, muchos volvieron a advertir que en la Justicia mendocina se evidencia “la grieta” entre dos sectores. Como ejemplo, está el reciente fallo que benefició a los líderes de la Tupac Amaru o la sospecha de que en la Justicia quieren “salvar” de la destitución a “la fiscal viajera”, Anabel Orozco. 

Uno de los que advierte dicha división es el gobernador, Alfredo Cornejo, quien se queja del sector garantista cada vez que se encuentra enfrentado a las decisiones del Poder Judicial. 

En una explicación simplificadora, la grieta hace referencia a la división entre un ala “garantista” y otra de “mano dura”, en la que se alista el mandatario. Así, podría entenderse que tanto los jueces de la Suprema Corte como los magistrados de instancias inferiores están de un lado o del otro.

Ahora bien, desde adentro no todos lo entienden de esta manera. Así lo dejó en claro ayer uno de los siete miembros de la Suprema Corte, Julio Gómez, quien aseguró que no ve posiciones encontradas.

“No se trata de grietas; no veo tal grieta y lo que muchas veces hicimos es diferenciarnos en los criterios, pero para eso hemos sido designados jueces de tribunales colegiados, para que cada uno tenga su criterio y lo pueda exponer y profundizar del modo más conveniente a la objetividad de las soluciones judiciales y a la solución que los mendocinos requieren de la Justicia”, definió su posición el magistrado, quien es encuadrado, en la Justicia, como parte del sector “opositor” a Cornejo.

Gómez llegó a su cargo promovido por el ex gobernador justicialista Francisco Pérez y dentro de la Justicia es señalado como el “vocero” de este sector opositor, espacio que comparte con Omar Palermo, también nominado por Pérez e integrante de la agrupación filokirchnerista Justicia Legítima, y con Alejandro Pérez Hualde, quien fue propuesto para el cargo por Julio Cobos. 

Éste es el sector al que Cornejo, en sus momentos de enojo, denomina “sacapresos” o “abolicionistas”. Estas calificaciones se volvieron a escuchar hace más de una semana, cuando se conoció el fallo por el que quedaron libres la líder de la Tupac Amaru, Nélida Rojas y su familia, que dejó en una situación complicada la investigación. 

Al respecto, Gómez evitó referirse al polémico caso. “Quiero dejar muy en claro algo que me parece esencial y que tiene que ver no tanto con lo que lee la política, de las cosas, sino lo que lee la sociedad, de las cosas. Nosotros tenemos jueces estudiosos que se dedican a trabajar cada caso con la tensión que cada caso requiere y resuelven poniéndose de acuerdo o a través de mayorías”, señaló Gómez. 

A su vez, negó que existan diferenciaciones ideológicas o políticas entre los siete miembros de la Suprema Corte de Justicia. “No es un 4 a 3, como si fuera un Boca- River”, defendió. 

 

 

“Acá, a veces, somos cuatro de un lado y tres del otro, y esto va cambiando, pero está bien que sea así, porque no queremos una Suprema Corte incapaz de discutir y ajustar sus diferencias dentro del propio poder”, señaló el magistrado.

Según Gómez, los fallos pueden no gustar a la política, pero los jueces de la Suprema Corte de Mendoza intentan “por todos los medios dar respuestas adecuadas a los casos que se nos presenten”.

 

Ya analizan cambios en la selección de jueces

El gobernador, Alfredo Cornejo, está decidido a cambiar el método de selección de los magistrados, con la intención de que los próximos jueces, fiscales, defensores y camaristas tengan más “calle” que “escuela”. Para eso, envió un proyecto que cambia el reglamento del Consejo de la Magistratura, propuesta que ayer tuvo una primera consideración entre los encargados de convertirlo en ley. 

En este sentido, podría decirse que la impresión fue buena y que la primera lectura no levantó las voces de quienes participaron en la reunión de la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC) del Senado, ni tampoco hubo posiciones enfrentadas que anticiparan un acalorado debate.

Sólo hubo algunas observaciones que, prometieron, serán tenidas en cuenta. No obstante, algunos se mostraron cautos en cuanto al debate político que supone el proyecto.

Algo de esto dio a entender Julio Gómez, ministro de la Suprema Corte, y representante de este sector en el Consejo de la Magistratura. 

“Hemos aclarado que no vamos a dar opiniones que tengan que ver con las cuestiones políticas, tanto con las finalidades que se persiguen, como con los medios que se van a utilizar para conseguir esa finalidad”, aclaró el juez.

En este sentido, los miembros de la Suprema Corte todavía no se interiorizan sobre el proyecto, mientras que el Consejo de la Magistratura recién lo vio el martes pasado. Allí, marcaron algunos puntos que se trasladaron a la reunión de ayer.

“Sí nos interesa señalar algunas cuestiones técnicas que nos parecen imprescindibles para el buen funcionamiento del Consejo y eso es lo que hemos hecho", señaló Gómez al terminar el encuentro.

El pedido de Gómez se debe a un “vacío legislativo” que puede llevar a que la futura ley sea recurrida. La observación es que la nueva ley podría generar diferencias entre los que ya rindieron y se rigen con el sistema actual, y quienes lo harán bajo la nueva normativa. 

De allí que en el radicalismo se comprometieron a explicitar, en un artículo, la transición entre el sistema actual y el nuevo.