El fallo por el caso de Soledad Olivera, la mujer desaparecida en Lavalle en noviembre de 2011, generó gran disconformidad. Por eso, en la UNCuyo un grupo de alumnos y ONGs piden que dos de los tres jueces que dictaminaron la polémica sentencia, y que son profesores allí, sean separados de sus cargos.
Y para ello realizaron una protesta esta semana que obligó a las autoridades de la universidad a informar que no pueden echarlos sin que medie un proceso legal y, por ende, una denuncia de mal desempeño con pruebas.
Uno de los jueces señalados, Roberto Arlington Uliarte, se defendió de las acusaciones ante Los Andes y contó por qué tuvo que pedir licencia en la UNCuyo. “El día que se dicta el fallo yo tenía que buscar un documento a una cuadra de Tribunales y 40 forajidos, porque eso eran, me persiguieron para lincharme. Estas mismas personas están manejando el escrache en la universidad para poner en peligro mi salud y mi físico. Por eso la licencia. Un especialista firmó mi certificado que dice que tengo fobia al ámbito universitario. Es por 30 días.
La decana (de Ciencias Políticas) no garantiza mi integridad porque está atrás de esto y me quiere pedir el juicio académico. No hay ninguna prueba. Mi legajo personal es intachable”, se explayó el magistrado, miembro de la Segunda Cámara del Crimen.
Asimismo, Uliarte que junto a José Valerio, el otro profesor de la UNCuyo, y a Mateo Bermejo (conjuez) absolvieron a Mariano Luque en el caso Soledad, recordó que es titular efectivo desde 1986 en la cátedra de Problemática del Trabajo y la Seguridad Social de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.
“Hasta el día que dicté la sentencia nunca tuve un cuestionamiento de nada. Después me empezaron a acusar de homofóbico, de acosador. Tengo 40 años de penalista, gané el cargo que tengo por concurso y estos 40 inadaptados, que no presenciaron el debate ni conocen los fundamentos del fallo, creen saber más que tres jueces. No quiero autoreferenciarme, el atentado es a la Justicia”, dijo Uliarte, remarcando que el fallo de es “impecable, sólido y excelente”.
Cabe recordar que desde el lunes un grupo de estudiantes, apoyados por ONGs, ex presos políticos y ciudadanos comunes a los que les interesa el caso, están movilizándose en la UNCuyo para que los magistrados sean desvinculados de las cátedras que tienen a su cargo (también dan clases en Derecho). El miércoles, un centenar marcharon hasta el Rectorado y allí hicieron expreso su pedido al Consejo Superior.
"El pedido que hicieron es que se separe a estos profesores de las cátedras que dictan. Aclaramos que nosotros en esta gestión de Pizzi cumplimos con la constitución, las leyes y ordenanzas. La UNCuyo sólo puede resolver cuestionamientos o denuncias que estén relacionados exclusivamente con el desempeño de cualquier persona en el ámbito universitario.
Tenemos muy claro que no podemos violar nuestras propias normas. Sí respetamos el pedido que han hecho los alumnos pero tiene que iniciar los procedimientos correspondientes y tener pruebas”, explicó Víctor Ibáñez, coordinador de Asuntos Jurídicos de la UNCuyo.
