La petrolera Chañares Herrados tiene menos de un mes para presentar un plan con garantías reales para cumplir con los casi 200 millones de dólares de inversión que no invirtió entre 2011 y el 31 de diciembre de 2015.
El lunes, la empresa fue notificada de la intimación que le remitió el Ministerio de Economía, Infraestructura y Energía y a partir de ese momento tiene 20 días hábiles para presentar su propuesta.
Teniendo en cuenta que en cinco años Chañares Herrados Sociedad Anónima (Chasa) no logró cumplir con la inversión comprometida para explotar el área petrolera del mismo nombre, pocos apuestan a que ahora Chasa pueda presentar un plan creíble. Así es que en algo más de un mes la Provincia podría anunciar la caída de la concesión.
Chañares Herrados se comprometió a invertir entre 2011 y 2015 alrededor de 280 millones de dólares, de los cuáles, según cálculos de la cartera que conduce Enrique Vaquié, apenas logró poner U$S 65 millones; además Chasa también se comprometió a invertir U$S 412 millones hasta 2020.
Estos compromisos 2011-2015 y 2016-2020 fueron asumidos por la petrolera cuando se le prorrogó la concesión del área Chañares Herrados y Puesto Pozo Cercado hasta 2027.
Esa prórroga fue otorgada por la Provincia durante el gobierno del peronista Celso Jaque, cuando el luego gobernador Francisco Pérez era el ministro de Infraestructura, en mayo de 2011. Es esta prórroga la que se caería el mes que viene, en caso de que el plan de Chasa no convenza a las autoridades del Gobierno provincial que conduce ahora el radical Alfredo Cornejo.
Justamente por este incumplimiento fueron imputados, a fines de marzo, por el fiscal Juan Manuel Bancalari el ex ministro y ex gobernador Pérez, el ex ministro de Energía Marcos Zandomeni y el ex subsecretario de Hidrocarburos Pedro Sánchez.
“Hemos intimado a Chañares Herrados para que presente un plan racional de inversión para explotación que contemple el cumplimiento del compromiso de inversión de los quinquenios 2011-2015 y 2016-2020”, dijo escuetamente el subsecretario de Energía y Minería, Emilio Guiñazú. El funcionario confirmó que la notificación salió el 19 de agosto del ministerio y le fue entregada a Chasa el lunes.
Esta concesión tiene una larga historia que hasta incluye la imputación del ex gobernador Pérez y sus funcionarios del área petrolera. Se trata de dos áreas colindantes de la subcuenca Carrizal, Chañares Herrados y Puesto Pozo Cercado, que fueron concesionadas en 1992 por el Gobierno nacional.
Esa concesión, que dura hasta 2017, se otorgó antes de la sanción de la nueva Constitución Nacional y la Ley Corta, por lo que la propiedad de los yacimientos era de la Nación. Cuando se sancionaron esas normas, la propiedad pasó a las provincias.
La empresa concesionaria tomó el nombre del área más grande que administraba, Chañares Herrados Sociedad Anónima. Los dueños eran Héctor Basilio Lapeyrade, Rodolfo Steiner y Luis Alfredo Zarattini. Lapeyrade fue director de YPF en la dictadura militar; Zarattini fue militante de la organización de extrema derecha Tacuara y fue acusado de participar en la represión ilegal.
En 2010, con la propiedad de los yacimientos por lo prescripto en la Constitución y la Ley Corta, Jaque y su ministro Pérez encararon la prórroga por 10 años de las áreas petroleras concesionadas en 1992 que vencían en 2017. Entre ellas, Chañares Herrados y Puesto Pozo Cercado, que obtuvo la prórroga con la promesa de invertir 412 millones de dólares hasta 2020.
Las inversiones nunca se cumplieron, tal vez porque los tres socios habían decidido vender la empresa. Los compradores fueron la petrolera Medanito y la operación se cerró en junio de 2013.
Pero el destino de Chasa no cambió demasiado con los nuevos dueños: las inversiones no llegaron y la producción del área caía irremediablemente año tras año.
Para darse una idea de esa caída, basta con comparar la producción petrolera hace cinco años y ahora: entre Chañares Herrados y Puesto Pozo Cercado se extrajeron 15.741,69 metros cúbicos en junio de 2011, 524 metros cúbicos por día en promedio; en junio de 2016 se sacaron 9.881,87 metros cúbicos, es decir 329 metros cúbicos por día.
La estrategia del despegue
“Un ministro no concede un área petrolera sino el gobernador y el que otorgó la prórroga fue Celso Jaque”, apuntó Francisco Pérez cuando fue consultado el 29 de marzo pasado sobre la imputación.
Esa respuesta va en línea con la estrategia que desplegó después: intentar demostrar que la decisión final la tomó Jaque como gobernador y no él como ministro.
“Deberían estar imputados también Jaque, Cazabán y (el ex secretario legal y técnico y actual fiscal Estado) Fernando Simón”, dijo aquel día.
Un accidente fue el detonante
La historia de Chañares Herrados sumó un capítulo policial que fue reflejado el 21 de setiembre de 2013 por las páginas de Los Andes: un accidente en Santa Rosa que terminó desatando la causa penal que derivó en la imputación del ex gobernador Francisco Pérez.
En agosto de ese año una Honda CRV volcó en la ruta nacional 7. El conductor era uno de los antiguos dueños de Chañares, Luis Zarattini.
En ese vuelco falleció la esposa de Zarattini, Viviana Naharro. En el lugar se encontraron un arma no registrada y folletos reivindicando el nazismo.
En ese accidente quedó en evidencia una relación que hizo poner en duda la prórroga de la concesión otorgada a la empresa.
En el expediente judicial, el ex subsecretario de Hidrocarburos, Walter Vázquez, dijo que Zarattini se alojaba en su casa cada vez que visitaba Mendoza, es decir le ofreció un domicilio en nuestra provincia a los fines de la pesquisa judicial.
La cercanía entre ambos, el petrolero y uno de los funcionarios que firmó la prórroga, más la caída de la producción del área en cuestión, desataron la denuncia penal del abogado José Rubio por los incumplimientos de la empresa.
En esa causa es que Pérez y todos los funcionarios del área petrolera terminaron imputados por el fiscal de Delitos Complejos, Juan Manuel Bancalari.
