Inflación con recesión: cómo salir del laberinto

Uno de los objetivos prioritarios del Gobierno es disminuir la tasa de inflación, considerando que el impuesto inflacionario es de los peores impuestos, por ser claramente regresivo y por dificultar seriamente el cálculo de la evolución de los precios relativos.

El problema es que la historia de las políticas deflacionarias indica que siempre van acompañadas de un cierto nivel de recesión. Reducir la emisión monetaria es un primer paso que genera respuestas de los operadores económicos, que pueden significar un alto nivel de recesión por bastante tiempo. Intentar minimizar el costo recesivo de esta menor emisión no es simple y exige analizar detenidamente el mecanismo de formación de los precios. Y así, nos encontraremos con la realidad de que el origen de los aumentos de precios serían finalmente las decisiones de los sindicatos basadas en sus estimaciones de la inflación futura.

Los incrementos de precios en el sector privado resultan de la evolución de costos en las empresas más un margen que se aplica sobre los costos variables, destinado a cubrir costos fijos más la utilidad. Este margen es un porcentaje que cada empresa elabora a través del tiempo, de acuerdo a su experiencia competitiva y a sus objetivos de participación de mercado. No se modifica mientras no cambien estos objetivos o sea necesario defenderse de acciones ocasionales de los competidores. Apoyan esta teoría tanto economistas ortodoxos como heterodoxos.

Los costos variables se alteran, tomando a todas las empresas como un conjunto, según lo hagan los salarios, las tarifas públicas y los precios de bienes transables internacionalmente. Por ello, las empresas llamadas “formadoras de precios”, en realidad no forman nada; lo único que hacen es responder proporcionalmente a lo que ocurre con sus costos variables, o sea que no hacen nada más que transferir a sus precios de venta, según su margen histórico, exactamente los aumentos en los salarios, en las tarifas públicas o en el tipo de cambio.

Serían los porcentajes de aumentos salariales, convenidos en paritarias, los que inducen incrementos de precios, asumiendo un dólar quieto y terminados los aumentos tarifarios.

Pero estos incrementos pueden ser convalidados, o no, por la variación en la demanda agregada controlada por la autoridad monetaria. Suponiendo que las paritarias determinaran una tasa de aumento de salarios del 20% anual, porque ése es el número que los sindicatos estiman será la inflación futura, ésa resultará la tasa de inflación de la economía. Pero si la autoridad monetaria consigue administrar la demanda agregada para que los precios aumenten sólo un 15%, causará que no se venda todo lo ofrecido a los precios aumentados, se frustrarán las ventas y tendremos recesión. Podríamos decir que son los sindicatos quienes fijan la tasa de inflación, mientras el Banco Central fija la tasa de recesión.

La recesión es consecuencia de que los sindicatos pronostican una inflación futura superior a la tasa objetivo del Banco Central. El daño, lamentablemente, lo sufrirán el margen de las empresas y quienes terminen desempleados sean trabajadores registrados o no registrados.

Para recuperar la caída de ventas, las empresas reaccionarán disminuyendo su margen histórico, o sea con un menor traslado a sus precios de venta de los aumentos en sus costos variables. Las empresas modifican transitoriamente su margen ante una suba o caída de sus ventas y según sus estimaciones de la elasticidad-precio y del tamaño del margen.

Resumiendo: el único modo de minimizar una recesión, dada una política de disminuir la inflación, es que los sindicatos acepten la tasa de inflación objetivo del Banco Central como límite a sus pedidos de aumentos.

Si los sindicatos difieren con el Banco central, la consecuencia será un período recesivo y de desempleo tan extenso e intenso como sea necesario para que las empresas reduzcan sus márgenes y los sindicatos cambien sus reclamos de subas salariales.

La caída de ventas y el desempleo funcionan como incentivos para que se produzca la coincidencia entre estimaciones sindicales y la autoridad monetaria. La fantasía de algunos críticos, opinando que se podía disminuir rápidamente una inflación heredada del 30%, eliminar restricciones cambiarias y subsidios tarifarios sin recesión, no registra antecedentes históricos e indica un desconocimiento del mecanismo de formación de los precios. Por ello surge siempre la propuesta racional de que se intente un acuerdo macroeconómico entre el Gobierno, empresas y sindicatos.

Es obvio que económicamente la recesión no le conviene a nadie. El problema es que siempre hay consideraciones políticas, que son las que usualmente impiden alcanzar la solución más beneficiosa para todos.