Industria gráfica busca igualdad frente a los libros importados

La Federación Argentina de la Industria Gráfica y Afines (FAIGA), que nuclea a las empresas del sector, difundió un informe sobre la situación del libro impreso en la Argentina en el que propone que la industria local pueda computar el IVA contenido en la venta de libros como crédito fiscal eliminando así las "asimetrías fiscales" que afectan a la producción local de libros.

El informe indica que, desde la década del '50 hasta mediados de los '70, las ediciones argentinas tenían una presencia importante en los mercados hispanoparlantes tanto de libros impresos en el país como de traducciones de libros extranjeros editados en el país. Por poner un ejemplo, los libros españoles de Derecho eran impresos en la Argentina por la editorial La Ley.

Sin embargo, desde mediados de los '70 hasta el plan de convertibilidad, la edición de libros en el país descendió fuertemente. Una de las causas fue un diseño fiscal que favorecía la importación de libros.

En 1975 comenzó a regir el Impuesto al Valor Agregado del cual los insumos gráficos no estaban exentos. De hecho, el libro no tiene IVA en su precio de tapa, pero sus productores pagan ese impuesto en algún momento del proceso. Como el libro que ingresa desde el exterior está exento del impuesto, para los sellos editoriales comenzó a ser conveniente no imprimir en el país, donde todo el proceso gráfico está alcanzado por el IVA.

Con la caída de la producción nacional se produjo la desaparición de empresas de prestigio internacional como Abril, Peuser, Larousse, Sopena o Amorrortu, que cedieron el mercado a los gráficos de España, Chile y Colombia y, en la actualidad, a China.

Durante los años 90 aumentaron las ediciones pero disminuyeron aún más la impresiones en el país, ya que la convertibilidad, sumada a la asimetría fiscal, impulsó la impresión de libros que, como locación de obra, se enviaban a otros países.

En junio de 2001 se sancionó la Ley de Fomento del Libro y la Lectura que, en su artículo 11, señalaba: "La producción y comercialización de libros estará exenta del Impuesto al Valor Agregado en todas sus etapas". La Ley, sin embargo, sufrió modificaciones ya que el entonces presidente Fernando De la Rúa vetó cuatro de sus artículos, el 11 entre ellos, y la exención quedó sin efecto.

Norma técnica

En busca de alternativas para que el libro impreso recobrara el espacio de décadas anteriores, en 2010 FAIGA impulsó una norma ambiental vigente en la Comunidad Europea, Estados Unidos y Canadá para todos los impresos. Esta norma, la Resolución 453/2010 de la Secretaría de Comercio Interior, estableció que las tintas, lacas y barnices empleados en la industria gráfica debían tener un contenido de plomo inferior a los 0,06 gramos por cien gramos de masa no volátil.

La norma obligaba a certificar los libros, entre otros artículos impresos. En su momento, esta obligación implicó que "los ensayos para certificar atrasaran el retiro de mercadería a la mayoría de los importadores y ayudó a que se imprimiera más en la Argentina", señalaron desde FAIGA. En consecuencia, las importaciones de libros, que en 2011 habían alcanzado los 94,9 millones de dólares, cayeron a 43 millones en 2014 y a 41,5 en 2015.

"En 2011 la industria gráfica local participaba en la fabricación de libros con el 38,7%. En 2015 pasó a participar con el 80,1%, lográndose sustituir importaciones por más de 53,3 millones de dólares", indica el informe de FAIGA.

Frente a esta situación, FAIGA propone que se reincorpore a los libros a la norma técnica vigente y "que la industria local pueda computar el IVA contenido en las ventas de libros por parte de la industria gráfica a las editoriales como crédito fiscal". Según el informe, esto provocaría que la gráfica local "elimine la asimetría fiscal con las importaciones". Otra posibilidad, señala el informe, es que por medio de un bono fiscal "se le otorgue un valor equivalente al 100% del crédito fiscal por IVA contenido en la fabricación de libros.

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