A un año y dos meses de haber sido acusados de enriquecimiento ilícito, dos ministros del ex gobernador Francisco Pérez fueron imputados con esa calificación por el fiscal Juan Manuel Bancalari.
Se trata de Diego Martínez Palau (también ex candidato a vicegobernador en 2015) y Pablo Rousseau, que ocuparon sucesivamente la cartera de Transporte de la gestión peronista anterior. Además, la medida alcanza al padre de Rousseau como “partícipe necesario” en la compra irregular de una finca en el Valle de Uco.
Que la imputación se haya demorado tanto en llegar y que aparezca en época pre-electoral arroja dudas en el entorno de los imputados, que consideran que todo está absorbido por el contexto político.
Lo cierto es que la acusación de ambos llegó de la mano de la política. La denuncia fue presentada en febrero de 2016 por el senador Ernesto Mancinelli, que milita en Libres del Sur, uno de los partidos integrantes de la coalición oficialista Cambia Mendoza.
El legislador apuntó a la compra de una finca en El Cepillo, San Carlos. “Vecinos de esa zona nos lo comentaron en la campaña, después investigamos en los registros públicos y vimos las irregularidades”, recordó Mancinelli, que descartó la suspicacia electoral actual. “Tendría que haber sido más temprano”, dijo.
Específicamente, la sospecha es que Martínez Palau y Rousseau usaron de testaferro al padre de éste (Pablo Carlos) para comprar la finca, ya que en el boleto de compra-venta figuran ellos, pero la escritura de la propiedad está a nombre de Rousseau padre.
Además, era llamativo que el valor de la propiedad superara los $ 3 millones en el boleto, monto presuntamente inalcanzable con sueldos de funcionario. Pero también llamaba la atención que en la escritura, la propiedad estuviera valuada en apenas $ 982 mil.
En realidad, esa denuncia se había desprendido de una primera, hecha también por Mancinelli en enero de 2016.
Allí, el legislador acusó a Rousseau de tener un sospechoso crecimiento patrimonial en siete años de gestión pública, que lo llevó a comprar 11 fincas con el sueldo de funcionario (ingresó con un contrato de locación en la gestión Jaque, subsecretario de Transporte y ministro sólo ocho meses) y la jubilación mínima de su padre.
Esa denuncia aún no ha sido resuelto por Bancalari, por lo que la imputación de ayer es sólo por la compra de la finca. Y el objetivo sería formalizar la acusación para acceder a un peritaje contable que permita corroborar (o no) las pruebas de las defensas de los acusados que justifican los ingresos que les permitieron adquirir el inmueble. Es decir, se los imputa para seguir investigando.
Por eso, Martínez Palau lo celebró. “Me parece bien que se formalice. Podré establecer defensa concreta, impugnar pruebas, y controlar el proceso”, dijo el también abogado.
Además, en su defensa, el ex ministro explicó que no aparece en la escritura porque decidió vender su participación a los Rousseau, “quienes llevan muchos años en la actividad agropecuaria”. Y la razón de esa salida eran las complicaciones de los vendedores. Hay que recordar que uno de los que vendía era otro ex funcionario y ex legislador, el también justicialista Andrés Da Rold, que fue incluido en la acusación Mancinelli, aunque no fue imputado porque el fiscal no encontró motivos.
Lo que sí lamentó Martínez Palau fue la tardanza de la imputación. “Se da casi un año y medio después de la acusación, siendo que me presenté varias veces, ofrecí pruebas, y nunca me citaron”, se quejó.
Y consideró “política” la imputación. “Aparece justo ahora, cuando comienza el proceso electoral”, comentó.
La fiscalía no dio detalles, pero se pudo saber que el tasador (que confirmó que el valor de la finca es similar al del boleto de compra-venta) tardó “entre 4 y 5 meses” en hacer su trabajo. Hasta el cierre de esta edición, Los Andes no pudo contactar a Rousseau.
Lobos debe pagar $ 1 millón y no podrá salir del país sin autorización
El ex intendente de Guaymallén Luis Lobos deberá pagar una caución de 1 millón de pesos y pedir autorización a la Unidad de Delitos Económicos cada vez que quiera viajar al exterior.
El multiimputado ex intendente tiene varias causas, pero en este caso la decisión judicial es por la empleada doméstica que trabajaba en su casa, figuraba como persona municipal y al parecer no esa remuneración estatal.
El año pasado, Lobos fue imputado por el fiscal de Delitos Complejos Juan Manuel Bancalari por incumplimiento de los deberes de funcionario público y administración fraudulenta.
La causa surgió a partir de la denuncia de Laura Fara, que trabajaba como empleada doméstica de la suegra de Lobos y que, sin saberlo, figuraba como personal de la comuna desde 2011. Algo parecido sucedió con su hijo, jardinero de la misma familia.
Cuando la mujer se enteró de la situación, el año pasado, hizo la denuncia.
La investigación del fiscal determinó que efectivamente Fara figuraba como empleada de la comuna. Ella aseguró que recibía 500 pesos mensuales de lo que sus jefes describieron como una ayuda social. La sospecha es que el resto del dinero (el último sueldo que supuestamente cobró la mujer superaba los 15 mil pesos) quedaba en manos de Lobos.
En esta causa están implicados Lobos y su suegra (María Elena Fernández) y cuatro funcionarios (incumplimiento de funcionario público por no advertir la situación fraudulenta.
En noviembre de 2015, el entonces fiscal de Delitos Complejos Daniel Carniello ya había imputado a Lobos y a parte de su gabinete por administración fraudulenta tras detectar irregularidades por más de $ 5,5 millones en la contratación de camiones.
Los otros apuntados de la gestión anterior
Las imputaciones actuales a los ex ministros Martínez Palau y Rousseau se suman a la que recibió el año pasado el propio ex gobernador Francisco Pérez.
En marzo de 2016, el ex mandatario fue imputado por “incumplimiento de deberes de funcionario público” siendo ministro de Infraestructura de Celso Jaque. El motivo fueron presuntas irregularidades en la prórroga de la concesión de áreas petrolíferas, en 2011, a la firma Chañares Herrados.
En esa oportunidad, también fue el fiscal Juan Manuel Bancalari quien dispuso la imputación.
En noviembre de 2015, a pocos días del cambio de Gobierno, el imputado fue el entonces ministro de Hacienda, Juan Gantus, denunciado por un proveedor de Salud por “discrecionalidad” en los pagos de insumos médicos.
