El gobierno de Cristina Fernández afrontará mañana la segunda huelga general convocada por el sindicalismo opositor en poco más de dos meses sobre un total de cinco medidas de esta magnitud desde diciembre de 2007.
El paro de actividades por 24 horas, pero sin movilización ni acto público alguno, acontecerá el día anterior al cierre de alianzas electorales con vista a las primarias del 9 de agosto y a poco más de cuatro meses de las elecciones presidenciales del 25 de octubre.
La medida fue llamada por las opositoras CGT Azopardo de Hugo Moyano y Azul y Blanca de Luis Barrionuevo y la CTA Autónoma de Pablo Micheli, después de la iniciativa que tomó la Catt (Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte), como sucedió en el paro anterior, el 31 de marzo.
Como entonces, los reclamos son los mismos. “Paritarias libres, la modificación del monto del impuesto a las Ganancias, un aumento de emergencia para los jubilados, el reparto de fondos de las obras sociales, la actualización del salario mínimo, vital y móvil, y la erradicación de la inflación y la inseguridad”, señaló un documento.
El texto fue leído el viernes en la sede histórica de la CGT tras una reunión de los dirigentes de las tres centrales opositoras para coordinar la medida y luego de que Moyano dijera que “el responsable de este paro es el Gobierno que no escucha, no los trabajadores”. Los dirigentes, sin embargo, no atendieron a la propuesta de Barrionuevo de decidir un plan de lucha que incluya hasta una huelga por “36 ó 48 horas” después s si el Gobierno “sigue sin dar respuesta” a los trabajadores.
El alcance de la medida aparece garantizado por la adhesión de los estratégicos gremios de colectiveros (UTA, Unión Tranviarios Automotor) y maquinistas de trenes (La Fraternidad), que integran la Catt que preside el moyanista Juan Carlos Schmidt y que participaron en la huelga anterior, a pesar de su pertenencia nominal a la CGT oficialista que encabeza el metalúrgico Antonio Caló.
La entrada en la etapa de plena negociación de las paritarias del sector que representa la UTA generó temores en el moyanismo acerca de que los colectiveros pudieran no adherir a la medida pues el aumento salarial que logren se financia con el subsidio del Estado a los empresarios. Fuentes cercanas a esa negociación aseguran que existe un primer consenso para que el aumento a los colectiveros sea en torno a 32 % (27,8 más sumas adicionales), aunque seguramente no se hará oficial antes del martes.
Pero desde la misma UTA salieron a aventar esas sospechas al ratificar su adhesión al paro. “Vamos a participar de la medida porque es una lucha sana y digna para defendernos. El Gobierno debe entender que con la salud y el estómago (sic) no se jode”, dijo Roberto Fernández, titular de los colectiveros, quien garantizó la paralización de los servicios urbanos y de corta, media y larga distancias en todo el país, como de la mayoría de las líneas del subte porteño. También lo hizo el otro sector clave del transporte. “Nosotros garantizamos el paro del 9 de junio”, afirmó el titular de La Fraternidad, Omar Maturano.
No adherirán al paro, en cambio, los bancarios reunidos en La Bancaria, como lo habían hecho el 31 de marzo. “Habrá actividad normal”, dijo su secretario general, Sergio Palazzo. Los bancarios lograron en paritarias un aumento de 27,8 %, que con pagos adicionales (incluida una suma compensatoria por Ganancias) llega a 33 %, con lo que el salario inicial será de casi 15 mil pesos.
Desde el Gobierno salieron en las últimas horas al cruce del paro que ha sido convocado cuando la mayoría de los gremios cerró paritarias y después del retoque que hizo el Ejecutivo al impuesto a las Ganancias. “El paro es político”, dijo el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, quien insistió en sostener conversaciones con los convocantes, en particular la UTA. El funcionario dijo que del mismo modo que el trabajador que parará tiene el derecho constitucional de hacerlo, “el que quiera ir a trabajar, que pueda hacerlo”.
El ministro del Interior y Transporte, el precandidato presidencial Florencio Randazzo, dijo a su vez que el paro es “un despropósito” y cargó sobre el maquinista Maturano y el colectivero Fernández. “Más que dirigentes sindicales y defensores de los trabajadores, son empresarios”, afirmó sobre ellos. Responsabilizó además a Maturano de ser “parte responsable” de lo que sucedió en los ‘90 con los trenes y recordó que el sueldo promedio de un maquinista ferroviario es de entre 25 mil y 30 mil pesos.
El paro en meses electorales encuentra a los principales dirigentes sindicales opositores fuera de posibles cargos legislativos para los comicios de octubre. Moyano, por caso, no se ha pronunciado, aunque por lo bajo tendría algún acuerdo con el jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri.
La ausencia de sindicalistas en lugares expectables de la política pareció reconocerla estos días hasta el propio titular de la UTA, quien aun cuando adherirá a la medida, dijo que “no me siento opositor ni oficialista”, pero si “hubiésemos participado en política -reconoció-, la situación sería mejor”.
