¿Por qué la reunión de la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (Ofephi) se postergó ya dos veces con el argumento de que los gobernadores petroleros esperan a ver cómo la Nación resuelve el conflicto con los fondos buitre? La respuesta, que dan distintos voceros de las provincias coincidentemente, es que los mandatarios están esperando a ver si hay o no default técnico y las consecuencias que esto tendrá en la economía para definir el modo en que enfrentarán la discusión con la Casa Rosada en torno a la nueva ley de Hidrocarburos.
En este contexto, algunas voces salieron a denunciar “extorsión” del Gobierno nacional a los gobernadores petroleros para que cedan sus posiciones contrarias al borrador de la nueva ley de atracción de inversiones hidrocarburíferas elaborado por el CEO de YPF Miguel Galuccio (cuyo peso fiscal lo hace pasar por los Estados provinciales).
El miércoles, el senador nacional Guillermo Pereyra, a su vez el principal sindicalista del sector petrolero, denunció con un comunicado que “el Gobierno nacional está extorsionando a la provincia del Neuquén para que ésta preste su consentimiento al proyecto de ley de Hidrocarburos, que recorta facultades plasmadas en la Constitución Nacional para los Estados federales”.
Pereyra señaló además que “Neuquén tiene 10 mil millones de deuda, de los cuales el 70 por ciento es en dólares”, y consideró que con “una clara intencionalidad extorsiva el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner está retrasando la autorización para refinanciar los vencimientos del año próximo”. A la vez, recordó que el Estado nacional todavía no efectivizó nada de los mil millones de pesos prometidos a la provincia para obras de Infraestructura por el acuerdo YPF-Chevron.
“La situación de Mendoza es más compleja que la de Neuquén”, admitió un funcionario mendocino en cuanto a los números de ambas provincias y a la independencia financiera de cada distrito respecto a la Nación.
Ambas provincias están sujetas a que trimestralmente el Gobierno nacional extienda las ventajas de la reestructuración de las deudas provinciales con el Tesoro. Pero en el caso mendocino se agrega un elemento extra: la provincia comandada por Francisco Pérez necesita financiamiento para cerrar el año luego de siete meses de peleas entre oficialistas y opositores, que culminaron el miércoles cuando la Legislatura aprobó un endeudamiento por 800 millones de pesos dentro de la ley de Presupuesto 2014).
El análisis que se hace en la Casa de Gobierno es que si finalmente no hay un acuerdo con los holdouts y el juez Thomas Griesa termina de empujar al default técnico a la Argentina, entonces se paralizará todo el crédito internacional que tanto el Estado nacional, como las provincias y las principales empresas (incluyendo YPF) esperaban conseguir en los mercados voluntarios en este segundo semestre.
"La única esperanza de conseguir financiamiento será en el mercado local, por lo que no habrá cupo para todos y esa presión hará subir la tasa de interés", especuló el economista Enrique Vaquié, diputado nacional por la UCR. "No quedará otra que la Nación y el Banco Central ordenen la salida al crédito de las provincias, para que se vayan turnando", aventuró.
Actualmente, las provincias que desean emitir deuda necesitan el aval del Ministerio de Economía de la Nación debido a que sigue vigente una resolución firmada por Domingo Cavallo durante el gobierno de la Alianza que impide a las provincias endeudarse. Además, si la pretensión es tomar deuda en dólares, como se le autoriza en el flamante presupuesto 2014 al gobernador Pérez, Mendoza deberá tener el visto bueno del Banco Central, también por la vigencia de una resolución de cuando Cavallo era ministro, aunque de Carlos Menem.
De modo que son la Presidenta y el ministro Axel Kicillof los que definen tanto técnica como políticamente qué provincias tendrán posibilidad de acceder al crédito y esto es lo que más preocupa a los gobernadores petroleros que necesitan financiamiento. “Si te quisieran hundir, lo hacen sin problemas”, especulan algunos funcionarios provinciales.
De ahí que, cautelosamente, los propios mandatarios que integran la Ofephi, donde las posiciones mayoritarias son en contra de la ley de Hidrocarburos que impulsan Cristina y Galuccio, hayan decidido postergar la reunión en la que se iba a dar forma a una propuesta alternativa. “Poner en debate una ley de atracción de inversiones cuando se entra en cesación de pagos, más allá de quién tenga la culpa de la misma, es un absurdo porque no habrá quiénes quieran poner plata en el país”, sostienen en el entorno de los gobernadores petroleros.
Galuccio acuerda con San Juan
Mientras tensa la cuerda con los gobernadores de las principales provincias petroleras, que resisten la nueva ley de hidrocarburos, el presidente y CEO de YPF, Miguel Galuccio, se mostró ayer con el mandatario sanjuanino, José Luis Gioja, para firmar la renovación de un acuerdo para explorar en el territorio de la vecina provincia en busca de crudo. Por esto, se continuará hasta 2016 con el análisis geológico de la pre cordillera de San Juan.
Desde que se inició el plan, YPF invirtió allí más de 12 millones de dólares en actividades de exploración. A partir de este trabajo inicial, la compañía consiguió visualizar un potencial en el sector centro norte de la provincia.
Los trabajos se focalizarán en la zona geológica ubicada dentro del Valle de San José de Jáchal.
