La Iglesia habló de los abusos y aplicó sanciones

Una semana después de que se denunciara a la Justicia casos de abuso sexual por parte de sacerdotes, contra niños y adolescentes en el Instituto Antonio Próvolo, ubicado en Carrodilla (Luján de Cuyo), el arzobispo de Mendoza, Carlos María Franzini, brindó una conferencia de prensa en la parroquia Sagrada Familia (Guaymallén) con el fin de defender la actuación de la institución local.

Frente a las cámaras y micrófonos, la cabeza de la Iglesia Católica mendocina describió ayer el sentir de la arquidiócesis como un dolor, indignación y vergüenza inmensos frente a los hechos aberrantes que hoy movilizan a toda la sociedad.

“Estamos avergonzados”, fue la frase que resume sus palabras.

Antes de que Franzini respondiera las preguntas de la prensa, uno de sus voceros leyó un comunicado oficial  que giró en torno de tres ejes:  reafirmar el rechazo profundo de la Iglesia frente a los hechos de abuso; mostrar la intención de colaborar con la Justicia en las investigaciones correspondientes y abrir las puertas a las familias afectadas.

Pero además, las autoridades eclesiales volvieron a mencionar que nunca estuvieron en conocimiento de los antecedentes sobre denuncias por abuso sexual que pesaban sobre Nicolás Corradi en Verona (Italia), uno de los dos curas  imputados (junto a otros tres empleados del establecimiento educativo para niños y adolescentes hipoacúsicos).

En sintonía con el texto expresado en el documento, el arzobispo explicó que otra decisión que tomó fue quitar las licencias ministeriales a los sacerdotes apuntados.

Por otra parte, a partir de ahora, todos los sacerdotes (tanto los que lleguen a la provincia desde otros países como los que ya residen aquí) deberán presentar una declaración jurada en la que conste que no tienen antecedentes penales ni relacionados con adicciones.

La tarea de cotejar todos los datos estará a cargo de cada vicaría. “Con toda contundencia rechazamos cualquier acción de abuso contra menores y vulnerables o cualquier tipo de abuso, por considerarlo un grave delito humano, contrario a la fe y más aún cuando el abusador sea clérigo”, expresó Franzini.

Curas suspendidos

Otra decisión de la Iglesia en Mendoza fue suspender todas las actividades pastorales en el instituto e informar a las autoridades de la orden en Verona a cerca de los hechos que pesan sobre Corradi. En ese sentido, la decisión formal fue quitar al acusado los derechos canónicos.

“El Arzobispado no contaba con denuncia, situación o comentario que diera cuenta de que esto pudiera estar pasando. Cada congregación religiosa presenta al sacerdote y éste se hace cargo de presentarlo. Nadie nos vino a advertir de que esto pudiera estar pasando”, repitió Franzini para dar cuenta de que “en la Iglesia nadie quiere encubrir a nadie. Es una mentira decir que nosotros hemos querido tapar algo. Muy lejos de eso”, dijo el arzobispo, al tiempo que reconoció que ha sido una grave falla de la Iglesia el hecho de haber cambiado de lugar a un cura que cometió estos graves delitos en lugar de apartarlo.

Mencionó que la “tolerancia cero” respecto de los abusos sexuales cometidos contra niños, niñas y adolescentes en diferentes partes del mundo comenzó con el Papa Benedicto XVI y está siendo profundizada con el Papa Francisco.

Franzini también mencionó que ni bien conoció los casos se comunicó con el ex arzobispo de Mendoza, José María Arancibia, quien estaba al mando de la Iglesia local en 1998, cuando Corradi fue trasladado a la provincia: “Él -por Arancibia- fue quien me confirmó que no había antecedentes de ninguna clase conocidos por la Iglesia ni denunciados por nadie respecto de este cura.

“No faltó vigilancia al modo en que lo hace la Iglesia. Quizá haya que incorporar a nuestras prácticas para prevenir que estas situaciones se repitan”, dijo el prelado mendocino y descartó la intervención del Papa.