Sup. Economía Domingo, 13 de agosto de 2017 | Edición impresa

Foeva denunció el Convenio de Corresponsabilidad Gremial

El sindicato de los trabajadores vitivinícolas exige el pago de una deuda que AFIP mantiene con la obra social y el cobro de unos $ 30 millones pendientes de temporadas pasadas. Entidades esperan destrabar el conflicto antes de fin de año.

Por Mariano Zalazar - mzalazar@losandes.com.ar

La Federación de Obreros y Empleados Vitivinícolas y Afines (Foeva) y la Obra Social Vitivinícola (Ospav) denunciaron el Convenio de Corresponsabilidad Gremial (CCG) en Mendoza, Catamarca, Río Negro, Salta y La Rioja.

La medida fue motivada por dos conflictos. Por un lado, AFIP debe $ 2 millones a Ospav y, por el otro, persiste una deuda cercana a los $ 30 millones por parte de productores que no pagaron la "Tarifa Sustitutiva" en temporadas anteriores.

Cabe recordar, que el CCG es un sistema alternativo al Régimen General de la Seguridad Social. El mismo ofrece una forma de pago más flexible de las obligaciones patronales. 

En vez de liquidarse las cargas sociales a fin de mes, como se hace habitualmente, los productores pagan sus obligaciones en forma diferida y en cinco cuotas a partir de agosto. De esa forma se abaratan los costos durante la época de cosecha y se cancelan cuando ya se obtuvieron los ingresos de la temporada. 

El valor de las cuotas se calcula en función de los quintales de uva cosechados y a ese monto es al que se le llama “Tarifa Sustitutiva”.

Las irregularidades

Luis Pedernera, secretario gremial de Foeva, reveló los detalles de la situación que derivó en la denuncia del Convenio de Corresponsabilidad Gremial.

“El problema es que a los productores les cuesta pagar. Sabemos que muchos atraviesan una situación complicada, pero aún hay unos $ 30 millones de deuda de temporadas pasadas. Si ellos no hacen frente a sus obligaciones, los que nos vemos perjudicados somos los trabajadores”, comentó.

“AFIP lanzó el plan de pago para los productores viñateros con deudas correspondientes a los años 2012, 2013, 2014 y 2015, pero quedaron muchos productores sin pagar", protestó Pedernera.

“A eso se le debe sumar que la AFIP misma debe una suma de $ 2 millones a la obra social (Ospav), lo que compromete mucho su funcionamiento”, indicó.

Evaluando la situación, Pedernera consideró que “la mejor solución será eliminar el Convenio de Corresponsabilidad Gremial y volver al pago de aportes mensual a partir de la próxima temporada”.

Además, exigió que “el INV bloquee la comercialización de vino a aquellos productores que no ingresaron a la moratoria y mantienen deuda por el no pago de la Tarifa Sustitutiva”.

En busca de soluciones

Representantes del sector empresario reconocieron la situación descripta por Pedernera y apoyaron el reclamo de Foeva, pero aseguraron que existen otras soluciones que permitirían dar continuidad al Convenio.

Eduardo Senra, encargado del área de Relaciones Laborales de la Unión Vitivinícola Argentina (UVA), opinó que “se destrabará el conflicto y se evitarán futuras irregularidades cuando se apruebe la resolución conjunta que se está trabajando entre la AFIP y la Secretaría de Seguridad Social”.

Según explicó Senra, dicha resolución prohibirá la acumulación de deuda de una temporada a otra, obligando a los productores a pagar la totalidad de las cargas sociales al final del ciclo correspondiente.

“De esa forma se evitará el comportamiento especulativo de los contribuyentes que postergan el pago de las Tarifas Sustitutivas a espera de moratorias”, comentó.

“La resolución fue propuesta por el Estado nacional, pero aún no ha sido aprobada. Se ha demorado su tratamiento porque es una normativa que aplicaría para todos los Convenios de Corresponsabilidad Gremial y tiene cuestiones técnicas muy finas. Lo positivo es que todo parece indicar que será finalmente aprobada en las próximas semanas”, apuntó.

Coincidió con esa lectura Walter Pavón, coordinador de Bodegas de Argentina, quien destacó ante nada la importancia de mantener con vida el Convenio. “El CCG permite promover el blanqueo de los trabajadores y sirve como herramienta financiera para el sector. Es un sistema que trae muchos beneficios”, indicó.

Respecto del conflicto que condujo a la denuncia de Foeva, Pavón coincidió con la importancia que tendrá la resolución conjunta para corregir las inconsistencias del convenio.

Además, comentó que “existe una addenda complementaria a la resolución que ofrecerá muchas respuestas”.

Entre los puntos más importantes de dicha normativa, Pavón mencionó la “modificación de cuestiones operativas para el vencimiento de cuotas y cobros, la implementación de un sistema de información del sistema a través del INV y la obligación de presentar documentación especial para los casos de cosecha tercerizada y mecanizada”.

Para el representante de Bodegas de Argentina, “la resolución conjunta y la addenda pondrían fin a los conflictos que hoy, con justa razón, molestan al sindicato”.

Pavón y Senra se refirieron también a la posibilidad de que el CCG no continúe el año próximo. Si bien reconocieron que la denuncia anularía la vigencia del Convenio, recordaron que el plazo de denuncias venció el 30 de junio pasado y el reclamo formal de Foeva se presentó posteriormente a esa fecha. Por lo tanto, en caso de existir una anulación, no se haría efectiva en 2018, sino en 2019.

 

Trabajadores de San Rafael cobran salarios sin los aumentos acordados

Aunque los trabajadores del sector vitivinícola acordaron un ajuste salarial del 25% a partir de marzo de 2017, hay empleados de San Rafael que aseguran estar cobrando aún con el convenio del año pasado.

Miguel Rubio, secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados Vitivinícolas (Soeva) de San Rafael, advirtió que “el 10% de las empresas de San Rafael no están cumpliendo con lo acordado en la paritaria que se firmó el 21 de abril de 2017”.

El problema, según explicó Rubio, es que el convenio aún no fue homologado por el Ministerio de Trabajo de la Nación, por lo cual el aumento pactado aún no ha sido oficializado.

“La mayoría de las empresas reconoció el acuerdo firmado, pero hay una parte que está pagando los sueldos según el convenio de 2016 y no se les puede exigir nada legalmente hasta que se haga efectiva la homologación”, continuó.

“Lo más preocupante es que nadie nos da respuestas de lo que está pasando. El Ministerio de Trabajo de Mendoza nos dice con razón que todo depende de Nación y la Federación (Foeva) tampoco nos brinda soluciones. Mientras tanto los trabajadores siguen cobrando un sueldo completamente licuado por la inflación y no pueden hacer frente a sus gastos mensuales”, lamentó Rubio.

“Además, la ley determina que el convenio debe ser homologado como máximo a los tres meses posteriores al día que fue firmado (el 21 de julio era la fecha límite), pero aún así la situación no ha cambiado”, concluyó el representante de Soeva.