• Miércoles, 13 de septiembre de 2017
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Ex representante legal del Próvolo pide prisión domiciliaria

La defensa de Graciela Pascual solicitó ayer la liberación de la ex directiva. Está imputada por participación primaria en algunos de los casos denunciados.

Redacción LA

Luego de que la Justicia autorizara a la monja japonesa Kumiko Kosaka a cumplir prisión domiciliaria -siempre y cuando se encuentre un domicilio que cumpla las garantías de seguridad necesarias-, ahora es la ex representante legal del instituto religioso Antonio Próvolo quien apunta al mismo beneficio.

Las dos mujeres -junto a 2 sacerdotes y 3 ex administrativos del establecimiento- se encuentran detenidos e imputados por abusos sexuales y corrupción de chicos sordos, episodios que habrían sido cometidos en el establecimiento ubicado en Carrodilla y en el albergue del mismo.

La defensa de Graciela Pascual solicitó ayer en el cuarto Juzgado de Garantía la liberación de la ex directiva (también trabajó como asistente social en el lugar) o, en su defecto, el régimen de prisión domiciliaria. Pascual fue detenida el 24 de agosto, luego de un allanamiento en su domicilio, y está imputada por participación primaria en algunos de los casos denunciados.

 

 

Según el criterio del fiscal Gustavo Stroppiana y a raíz de las declaraciones de los denunciantes, la mujer habría omitido denunciar judicialmente la posible concreción de algunos de estos abusos (pese a estar al tanto o tener indicios de ellos), y es esto lo que la convierte en partícipe primaria. Incluso, muchas de las víctimas la identificaron como “la jefa” y relataron que era la mano derecha del cura Nicola Corradi (ex regente del Próvolo y uno de los imputados como autor de los abusos).

La resolución de la jueza de Garantías no se conocerá sino recién hasta la semana próxima, ya que se pasó a un cuarto intermedio para resolver si hacen lugar al pedido o no. Hasta tanto, Pascual permanecerá detenida en la cárcel para mujeres de Agua de las Avispas, el mismo complejo donde está la monja Kosaka. Es que más allá de que esta última fue autorizada a cumplir el régimen de domiciliaria, el cambio de escenario no se concretará de forma inmediata.

Durante la audiencia de ayer, la querella -compuesta por la ONG Xumek y el abogado Oscar Barrera, quienes acompañan a los denunciantes- se opusieron al pedido de liberación y de prisión domiciliaria ya que consideran que todos los imputados deben seguir en prisión teniendo en cuenta que hay pruebas suficientes y pendientes, y que los delitos por los que están acusados contemplan condenas muy amplias en caso de que se los encuentre culpables (en el caso de Pascual, como partícipe primaria podrían caberle 50 años tras las rejas). La defensa, en tanto escudó su pedido alegando que existe arbitrariedad ya que a Kosaka le otorgaron ese beneficio.