Las denuncias por “coacción” y por “posibles estafas” contra la organización social Tupac Amaru, en Mendoza, ya llegan a 80. Así lo confirmó a Los Andes la fiscal de Las Heras-Lavalle, Gabriela Chávez, que desde noviembre investiga lo que desde aquellos días, y hasta hace un mes, ha sido un verdadero “aluvión” de denuncias.
Las denuncias crecieron notablemente en número, luego de que el 20 de noviembre pasado, en el programa “Periodismo Para Todos” (PPT, Canal 13, Buenos Aires), Jorge Lanata desnudara la metodología de acción de la organización que en el país lideraba Milagro Sala.
Lo que más se denuncia es la actitud coercitiva de la agrupación, que prácticamente obligaba a participar en actos militantes a sus integrantes, a cambio de facilitar la vivienda que sus dirigentes tramitaban.
En PPT, Liliana Fernández, Raquel Anzoátegui y Dora Fernández hicieron público ese accionar. Su acusación hizo que muchos de los perjudicados, que veían que su sueño de la casa propia se hacía cada vez más lejano, “perdieran el miedo” y fueran a la Justicia.
Según las denuncias, a todos, al ingresar a la Tupac, se les pedía un monto de dinero inicial (que en 2015 era de $ 3.000). Además, debían pagar un canon mensual ($ 80 aproximadamente) y tenían que cumplir con la asistencia obligatoria a los actos militantes (actividad excluyente) y “pagar por las pecheras” que les daban para ir a los actos. De lo contrario, su espera se dilataba.
Oportunamente, la dirigente local Nélida Rojas se despegó de las denuncias. “Nosotros hacíamos listas con posibles beneficiarios. Era el IPV el encargado de aprobarlos”, señaló la dirigente social, en esos días. Además, detalló que la agrupación “sólo cobra $ 80 por mes” y que ellos dan “solución habitacional a los compañeros, que son militantes”.
Lo cierto es que entre esas 80 denuncias se habla de “coacción”; también de que hubo “negaciones” para entregar la casa a los titulares que no acataron las órdenes militantes. Se dice también que hubo casas que “se vendieron” a otras personas que estaban más atrás en la lista de espera. E incluso se investigan posibles “estafas”, dado que a varias personas, oriundas de otros departamentos, se les prometía una casa en Lavalle (donde está la mayor cantidad de barrios), cuando en realidad no podían hacerlo, por ser de otra localidad.
Chávez informó que la gran cantidad de denuncias ha demorado el proceso legal. “Estuvimos procesando las acusaciones durante enero”, dijo. También explicó que “la investigación prosigue”. En ese sentido, informó que se están “revisando distintas aristas”.
Cabe recordar que Nélida Rojas ya fue imputada por coacción, a partir de una única denuncia de 2015, también investigada por Chávez, quien lógicamente ha sumado ese caso a las nuevas denuncias.
Auditorías demoradas
La lupa de la Justicia está puesta en el accionar político de la Tupac Amaru pero la cuestión administrativa también está siendo revisada.
En Mendoza hay 1.231 viviendas sociales que dependen del programa de "Integración Socio-comunitaria" que ideó el kirchnerismo. A la Tupac en Mendoza le tocaron 738 casas, lo que implicó un desembolso nacional de $ 650 millones.
El programa permanece bajo la triple auditoría del Tribunal de Cuentas, el Ministerio de Economía y la Dirección de Cooperativas. Esa tarea de control también está demorada porque "no se ha logrado recabar toda la información", explicó el titular del IPV, Damián Salamone.
"Faltan datos de las certificaciones de los fondos que los municipios entregaban a las cooperativas", señaló el funcionario. Además dijo que esa tarea "nunca se hacía", más allá de que había una triangulación (Nación-IPV-Municipio) antes de que los fondos llegaran a las cooperativas (22 de las cuales pertenecen a la Tupac).
Salamone criticó además otras “irregularidades” del programa, como la falta de previsión de costos (por la inflación) o la no contemplación de los “gastos profesionales”. Así justificó las demoras que perduran, más allá de la decisión política de terminar con los emprendimientos actuales. Aunque está claro que luego de eso, la Nación no seguirá con el programa.
Puntos clave
1.231 viviendas sociales. Son las que se emprendieron en Mendoza con el programa ideado por el kirchnerismo.
738 viviendas. Son las que corresponden a las 22 cooperativas que integran la Tupac Amaru en Mendoza.
80 denuncias. Son las que ha recibido hasta la fecha la fiscal Gabriela Chávez en la Fiscalía Las Heras-Lavalle.
$ 650 millones. Son los montos que desembolsó la Nación en el programa de "Integración socio-comunitaria" en Mendoza.
3 auditorías. Son las se están llevando adelante actualmente en el Instituto Provincial de la Vivienda en torno a este programa de casas sociales.
