• Sábado, 12 de agosto de 2017
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Caso Luciana Rodríguez: empleados de Dinaf a juicio por la muerte de una nena

Es por el crimen ocurrido en 2014. Son seis personas entre funcionarios y operadores. Por el caso condenaron a la madre y al padrastro de la nena.

Oscar Guillén - oguillen@losandes.com.ar

Tres años y medio después de que muriera la pequeña Luciana Rodríguez (3) y luego de un cambio de gobierno, finalmente fue elevada a juicio la causa contra seis funcionarios y operadores de la Dinaf que, según la Justicia, abandonaron a su suerte a la niña y no cumplieron con sus tareas específicas. 

La muerte de Luciana -uno de los casos de maltrato infantil más brutales de los últimos años- se produjo en enero de 2014, en una casa usurpada de la calle Entre Ríos al 300. Los responsables directos del crimen -su madre, Rita Rodríguez (26), y su padrastro, Jorge Orellano(39)- fueron condenados a prisión perpetua en setiembre de 2015.

La gravísima situación que vivía la pequeña era conocida por el Estado pero la causa que tenía imputados a los funcionarios y empleados de la Dinaf no avanzó al mismo ritmo que la de los padres. 

Coincidiendo con el cambio de gobierno, la causa pasó al fiscal Santiago Garay, quien en los últimos días terminó la investigación y elevó la causa a juicio. 

Los tres imputados que están más comprometidos son la psicóloga Fabiana Lucentini y los funcionarios del Órgano Administrativo Local (OAL) de la Dinaf, Felipe Vizcarra y Gianina Consina, quienes están imputados por dos delitos: abandono de persona agravado por la muerte de la víctima y violación de los deberes de funcionario público. 

En tanto, la licenciada en Minoridad y Familia, Mónica Castro; el psicólogo Fernando Herrera y el operador Mauricio Flores, están imputados sólo por incumplimiento de los deberes de oficio.

 

 

Largo camino judicial

Inicialmente la fiscal Claudia Ríos entendió que los sospechosos sólo habían incurrido en el delito de incumplimiento de sus funciones, algo excarcelable, pero no en abandono de persona y por ello nunca fueron detenidos.

Luego la fiscal de Cámara, Paula Quiroga, se mostró en desacuerdo y le quitó la causa a Ríos y se la pasó a Garay, quien volvió a imputar a tres implicados por un delito mayor: abandono de persona agravado por la muerte de la víctima, que tiene penas que van de 5 a 15 años de prisión.

La acusación

Según la acusación del fiscal, el 26 de julio de 2013 Fabiana Lucentini -coordinadora de Servicio de Protección Permanente de la OAL de Capital y el operador Rafael Vizcarra, a cargo del expediente de Luciana- habrían violado la ley de protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a disponer como "medida de protección" por 90 días, el reintegro de Luciana a su madre que tenía graves problemas con las drogas.

La niña estaba con su tía, Lucentini firmó la orden y Vizcarra la cumplió, cuando todavía no habían desaparecido las condiciones de riesgo en la casa usurpada que, en ese momento no tenía gas ni agua, ni cloacas y los habitantes, además de drogarse, no le brindaban a los menores alimentos, higiene, ni protección de su salud.

Por lo tanto lo habrían puesto en una situación de desamparo al rodearla de circunstancias de total desprotección. 

El reintegro a su madre se realizó cuando aún estaba vigente una "medida de protección de derechos" fechada el 4 de marzo de 2013 que se adoptó para preservar el bienestar psicofísico de la niña y que debía mantenerse hasta que su madre no dejara de consumir drogas.

Lucentini y Vizcarra no habrían comprobado que la salud de la mujer había registrado mejoras.

La psicóloga y el operador tampoco habrían tenido en cuenta una denuncia -conocida por la Dinaf- radicada en la comisaría Tercera por un testigo que vio cómo su padrastro la golpeaba y le tiraba el pelo a la nena.

En cuanto a Gianina Consina, la acusación explica que desde el 22 de agosto de 2013, en su rol de Coordinadora de la OAL de Capital, no habría protegido los derechos de la menor, pese a las recomendaciones de dos trabajadoras sociales, que Luciana y su hermana por nacer se encontraban en una situación de alto riesgo por las precarias condiciones que vivían sus progenitores.

"Olvido"

Consina, además, se habría "olvidado" de notificar a la Justicia de Familia que Luciana estaba viviendo con su tía. 

Los licenciados Flores y Castro están imputados porque el 31 de diciembre de 2013, cuando se les notificó desde la comisaría Tercera, le informaron que un cuidacoches denunciaba que Luciana estaba sola en la calle,.

Flores le comunicó la novedad a Castro, quien habría ordenado que le entregaran a Luciana a su madre. Luego, no habrían hecho nada, cuando la madre de Luciana no se presentó en la OAL como se había establecido.

El fiscal Garay entiende también que Lucentini, Vizcarra y Consina, por sus actuaciones en el caso -dejar a Luciana a cargo de su madre y no haber hecho cesar las condiciones de vulnerabilidad- serían responsables de desenlace final: la muerte de Luciana a manos de su padrastro y ante la presencia de su madre.

Por último, el licenciado Herrera, director de Protección de Derechos de la Dinaf, sabiendo el presunto proceder irregular de Vizcarra, no hizo cesar dicho comportamiento. 

La elevación a juicio realizada por el fiscal Garay deberá ser resuelta en los próximos días por la jueza de Garantías Érica Sánchez, pues los defensores de los imputados se han opuesto a que se realice el juicio.

Las razones son en el caso de Flores,-defendido por el abogado Pablo Cazabán- quien ha presentado un escrito donde sostiene que, según está acreditado en el expediente, su cliente cumplió con los protocolos vigentes y que puso en conocimiento de sus superiores la situación que vivía la niña. 

 

Maltrato infantil, al extremo

El crimen de Luciana ocurrió el 7 de enero de 2014. Ese día, Orellano salió de la casa en la que vivía, en Entre Ríos al 300 de Ciudad, y se dirigió a la clínica Santa María, ubicada a una cuadra.

En sus brazos llevaba a Luciana, a quien abandonó en un consultorio. Allí, los médicos descubrieron que la niña estaba muerta por lo que avisaron a la Policía.

Rápidamente los investigadores detuvieron a Rita, quien dijo que no estaba al tanto de la situación.

La madre de la niña fue llevada a la clínica por orden de la fiscal Daniela Chaler para que reconociera el cadáver. Luego fue detenida, lo mismo que su pareja.

La necropsia arrojó que la pequeña presentaba 16 lesiones en el cuerpo Algunas lesiones eran de tres días antes de su muerte.