El SUTE sigue firme en su lucha contra el Gobierno por la aplicación del ítem Aula en el aumento 2016, otorgado por decreto. Por eso volvió a apuntar sus cañones contra el director general de Escuelas, Jaime Correas, con una presentación a la Comisión de Derechos y Garantías del Senado.
En el documento, el sindicato relacionó una “política de malos tratos” de Correas y el Gobierno con los maestros e hizo citas periodísticas del “doble discurso” del Ejecutivo. “Por un lado premia a los docentes y por otro, los acusa de no querer trabajar”, dijo el gremialista Adrián Mateluna.
Pero, además, el SUTE se valió de un “antecedente judicial” para sumar críticas contra Correas. Se trata de una sentencia contra una ART y Uno Gráfica SA por una demanda que hizo Nora Quiroga, ex trabajadora del diario Uno, cuando Correas era su director periodístico.
La sentencia es del 26 de noviembre de 2015 y la firmaron los camaristas Mónica Arroyo, Enrique Catapano e Inés Rauek de Yanzón. Entre los testimonios que llevaron a decidir a favor de Quiroga, figuran críticas a Correas.
Se puede leer que la mujer “tuvo problemas” con el actual titular de la DGE por la “mala educación” de éste, que llegó a tratarla de “tarada”. Además “le gritaba frente a todos”. En otro testimonio se lee que Correas “era despectivo” o pedía las cosas “de forma prepotente”.
Esas características fueron las que el SUTE asimiló a dichos actuales del director. “Nos trató de ñoquis y de no querer trabajar”, resaltó Mateluna. “Esto evidencia una grave tendencia a maltratar a las personas, especialmente a las mujeres”, añadió.
Correas se desligó de la sentencia. “No sé bien de qué se trata, pero está claro que no es contra mí”, dijo. “Si hice algo mal, nunca me pude defender porque nadie me citó a declarar ni recibí denuncia. Ni siquiera tuve comunicación del diario”, agregó.
“Ésta es la forma en que el SUTE trata el tema educativo”, ironizó, ya desde lo político.
Está claro que el SUTE busca que Correas deje su cargo. “Si él se va es posible que cambie la política educativa”, dijo, sin tapujos, Mateluna.
Pero es difícil que con esto logre ese objetivo. Es que para que la denuncia derive en juicio político al funcionario, no siguieron el camino señalado. Así lo confirmó el titular de Derechos y Garantías, el senador Samuel Barcudi (PJ): “Vamos a analizarlo, pero debe entrar por la Cámara de Diputados”.
