En el plazo máximo de un año, todos los intendentes de la provincia tendrán una nueva responsabilidad: controlar el tránsito que circule por sus límites. Para esto, deberán contar con su propio cuerpo de preventores y juzgados administrativos municipales, en donde se resuelvan los conflictos viales.
Así lo establece el proyecto de la nueva ley de Tránsito, que ayer avanzó y pasó una primera gran parada, que es la Cámara de Senadores, aunque con algunos choques entre el oficialismo y la oposición. Con lo justo, la norma que impulsa el gobernador, Alfredo Cornejo, tuvo la primera sanción y ahora resta el tratamiento en Diputados.
La modificación a la ley 6.082 de Tránsito, sancionada en 1993, prevé una serie de modificaciones que en general la oposición reconoció como necesarias (ver aparte). En cambio, “la esencia” de la nueva ley es la más resistida: el control vial ahora será responsabilidad de los municipios, tal como se establece en la Constitución provincial (artículo 200) y como lo venían haciendo, voluntariamente, algunas comunas de Mendoza.
El cuestionamiento principal pasa por el hecho de que Cornejo no va a acompañar la nueva norma con un envío extra de dinero para que las municipalidades se hagan cargo de su nueva competencia.
“En el gobierno de (Celso) Jaque, se amplió la coparticipación a los municipios. Pero recién este gobierno la está pagando al día, por lo que ellos tienen los recursos para poner en funcionamiento esta norma. Cuando empiecen a recaudar por multas, ese dinero va a permitir mantener los cuerpos de tránsito y juzgados”, explicó Leonardo Yapur, director de la Unidad Ejecutiva de Seguridad Vial.
Este cálculo que hacen en el Ejecutivo no es compartido por la oposición, que reclamó que la medida debe ser pensada como una política de Estado, que consulte a todos los actores involucrados.
“Para poner en marcha tremendo proyecto se necesita presupuesto, que es algo previo y no posterior al cobro de las multas. De esta manera, los municipios van a tener recursos para poner en funcionamiento esta nueva competencia como corresponde. No sé por qué no quieren dar presupuesto y cuál es el apuro”, cuestionó la presidente del bloque del PJ, la senadora Patricia Fadel.
La opositora dijo que ninguno de los cinco intendentes justicialistas fue consultado por el Ejecutivo.
En este sentido, en el oficialismo aseguraron que las cuentas les cerrarán a los intendentes por la recaudación de multas de tránsito. Por otro lado, explicaron que la Provincia y la Nación capacitarán a los nuevos preventores y a los jueces municipales.
El proyecto también prevé que en los juzgados se desarrollen audiencias públicas, con el sistema de oralidad, con un plazo máximo de tres días para que el juez dicte la resolución.
“El beneficio que traerá la nueva ley es que se desafecta a la Policía del tránsito, por lo que una gran cantidad de agentes van a poder volcarse a la seguridad pública”, valoró el senador radical Marcelo Rubio.
Según explicaron, la Policía Vial provincial seguirá en sus funciones, controlando las “rutas solitarias”. En cambio, si se desafecta a la Policía que muchas veces debe, en forma complementaria, asistir cuando hay un accidente.
Los tres sistemas paralelos
En una publicación del 2 de junio, a días de haber ingresado el proyecto a la Legislatura, Los Andes dio cuenta de que sólo cinco departamentos de Mendoza han asumido, total o parcialmente, la tarea de control vial. Los otros 13 lo han hecho parcialmente o directamente no lo hacen.
En este sentido, se podría decir que hay tres situaciones que se dan en Mendoza: los que tienen montada toda la estructura vial (juzgados y preventores), los que parcialmente cumplen la responsabilidad, como controlar el estacionamiento medido o tareas auxiliares de tránsito, y los que directamente dependen de la Policía Vial provincial.
A raíz de esto, no todos tendrán el mismo plazo para incorporar la nueva competencia, a partir de que la ley esté en vigencia. El cambio se hará en tres etapas (tres, ocho y doce meses desde la promulgación) según la capacidad de cada municipio de crear la estructura necesaria. Esto supone la constitución y capacitación de los agentes y jueces viales municipales.
Los cambios aceptados
Fuera del traslado de la responsabilidad vial a los municipios, la nueva ley plantea legislar varios aspectos que, en general, son aceptados por el PJ.
El proyecto establece que, a partir de su sanción, todos los ocupantes de un vehículo, tanto de las plazas delanteras como las traseras, usen el cinturón de seguridad. A su vez, será obligatorio que los menores de 12 años lleven un “sistema de retención infantil” y que las mascotas vaya sujetadas en la parte de atrás.
También se establecen novedades para las bicicletas, ya sean con o sin motor: los ciclistas deberán usar un casco homologado, a riesgo de ser multados, además de instalar una luz blanca adelante y una roja atrás.
Otro capítulo son las sanciones y multas. Como innovación, estará la inhabilitación para conducir en el caso de quienes reincidan en una falta y la realización de trabajos comunitarios como parte de la pena. Ya no se podrá retener el carnet de conducir, salvo algunos casos contemplados.
La nueva ley establece como materia obligatoria, en todos los niveles de la enseñanza formal, la capacitación en seguridad vial.
La aplicación
En 3 meses: Ciudad de Mendoza, Godoy Cruz, Luján de Cuyo, San Martín y Maipú (son los que ya tienen su policía vial).
En 8 meses: Guaymallén, Las Heras, Rivadavia, Santa Rosa, La Paz, Tunuyán, Tupungato, General Alvear.
En 12 meses: Junín, Lavalle, San Carlos y San Rafael.
