La acordada que firmaron cuatro miembros de la Suprema Corte mendocina que hizo estallar al gobernador Alfredo Cornejo era un mensaje con varios destinatarios, pero uno en particular: el procurador de la Corte, Rodolfo González (jefe de los fiscales mendocinos). Y el procurador acusó recibo: ayer se presentó en la Justicia Federal a recurrir esa sentencia ante la Corte Suprema Nacional.
Ahora hay que esperar a que la Corte nacional admita el reclamo. Si el máximo tribunal de Justicia de la Argentina lo admite, entonces todo quedará en la nada.
Al fin y al cabo, se trata de la supervivencia, y González es un hombre que sabe sobrevivir y la sentencia que firmaron los jueces de la Corte mendocina Alejandro Pérez Hualde, Jorge Nanclares, Omar Palermo y Julio Gómez era una estocada directa al procurador, el jefe de todos los fiscales.
El miércoles pasado a la noche trascendió una polémica acordada: los fiscales debían notificar en 24 horas a los jueces de Garantías todas las detenciones preventivas que realicen.
De acuerdo a esa acordada, hay más de 800 presos alojados en las distintas cárceles mendocinas cuyas preventivas no tienen el visto bueno de un juez de Garantías, por lo que la sentencia daba un plazo de 60 días para regularizar esa situación.
El Gobierno puso el grito en el cielo, en parte porque se abría la puerta a que algunos de esos 800 casos salieran a la calle, quizá y con mucha mala suerte todos salieran, lo que complicaba el combate a la inseguridad; en parte porque la Policía es la que debe asistir a los fiscales en la recolección de pruebas para sostener esas prisiones preventivas, y eso implicaría distraer recursos destinados a la prevención.
Pero, en realidad, la acordada era una estocada dirigida a los fiscales (y por lo tanto al jefe de todos ellos) que demoran la notificación de las detenciones a los jueces de Garantías. Cabe recordar que en el andamiaje de la Justicia penal, los fiscales deberían ser los encarnizados investigadores y acusadores de delitos, mientras que los jueces de Garantías deberían encarnar la imparcialidad en el proceso.
Ayer, el jefe de los fiscales, es decir González, movió sus fichas y contraatacó. Recurrió la sentencia suprema ante el único tribunal superior posible, la Corte nacional. Entre varios argumentos hay dos que destacan claramente.
Por un lado acusa a los supremos firmantes de la acordada (Palermo, Pérez Hualde, Nanclares y Gómez) de “exceso en la jurisdicción por usurpación de la función legislativa”. El Código Procesal Penal (sancionado por la Legislatura de Mendoza) no establece plazo para que el fiscal informe al juez de Garantías; ese plazo lo puso la Corte por vía de una acordada.
En segundo término, González también acusó a los jueces de la Corte de imponer “una política procesal criminal de coerción” que atenta contra la organización y autonomía funcional del Ministerio Público, “toda vez que el diseño de la política de persecución penal es atribución exclusiva del procurador general de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, quien es el superior jerárquico de todos los magistrados que integran el ministerio público”.
La autonomía del Ministerio Público está consagrada en la Ley 8.008; es el procurador, es decir González, quien tiene la potestad del diseño de la política de persecución penal. Según el procurador, la Corte quiere manejar la tarea de los fiscales, cosa que es exclusiva competencia del propio González.
Del otro lado dicen que los tratados internacionales de derechos humanos obligan a establecer medidas que resguarden el derecho de todo detenido al juicio justo y dicen que la presentación ante la Corte nacional no tiene efectos suspensivos, por lo que la acordada se puede aplicar hasta que haya sentencia definitiva.
La cuestión de fondo es qué pasa con la persecución judicial de los delitos, actividad que evidentemente no anda bien y que difícilmente vaya a cambiar en medio de esta pelea.
Es más, tan embarrada está la cancha que hasta la propuesta de campaña de Cornejo de ir hacia la oralidad en la Justicia penal quedará entrampada.
