• Martes, 12 de septiembre de 2017
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El problema de los recursos fiscales

Roberto Azaretto - Historiador. Ex legislador. Ex ministro

El reclamo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación por parte de la Provincia de Buenos Aires por el congelamiento del Fondo del Conurbano está enturbiando las relaciones interprovinciales y con el gobierno nacional. Como se sabe, en 1991 se creó el fondo para resolver los graves problemas de infra estructura del conurbano bonaerense, donde habita un tercio de la población argentina, estableciendo que el mismo recibiría el 10 % de la recaudación anual del impuesto de las ganancias. Pero en 1995 se estableció un tope de 650 millones de pesos y el excedente de esa cifra se empezó a repartir en otras provincias.

El problema surge con la devaluación del 2002 y la aceleración inflacionaria a partir del 2006. Hoy la provincia de Buenos Aires sigue recibiendo 650 millones cuando el fondo asciende a 54 mil millones de pesos. En realidad la provincia de Buenos Aires está afectada, además, por la cesión de una parte importante de la coparticipación federal en 1985 por parte del gobernador Armendáriz, para distribuir en las llamadas provincias pobres. Por lo tanto el problema del desfinanciamiento de la provincia de Buenos Aires es doblemente grave y responsabilidad de todos los gobernadores que se sucedieron desde 1983. La provincia aporta el 40 % de los recursos fiscales nacionales y recibe la mitad de lo que le corresponde.

La Constitución en 1853 estableció impuestos provinciales y nacionales, en este caso los derechos aduaneros para la Nación. En 1891 se agregaron los impuestos internos y en 1933 el impuesto a la renta, ahora llamado ganancias, pero además por la ineptitud de muchas provincias para recaudar y evitar la superposición de los impuestos internos por los que fijaban las provincias para gravar determinados productos de consumo se unificaron los impuestos internos y se estableció el primer régimen de coparticipación federal, que significó un mayor ingreso para los tesoros provinciales.

Ahora el problema es que en los años pasados, en que tuvimos los precios más altos de la historia para nuestros saldos exportables de la agroindustria y la mayor presión impositiva de la historia, comparables a los países europeos con mayores prestaciones sociales, aquí se han derrochado los enormes fondos recuadados.

Es que además de la corrupción que llevó a encarar obras públicas no prioritarias con sobreprecios escandalosos se ha agregado el enorme incremento en la cantidad de empleados públicos innecesarios, como el mantenimiento en ciertas provincias, como Córdoba, de sistemas jubilatorios de privilegio que pagamos todos los que no vivimos allí. Hubo recursos como nunca  y sin embargo se mantiene una pobreza estructural inédita en la Argentina. Salvo la provincia de Mendoza, desde 2015, nadie ha encarado la reducción de las plantas de personal, a lo que debemos agregar San Luis, que, es justo reconocerlo, no la incrementó desde 1983, como otras jurisdicciones, que las triplicaron y cuadriplicaron.

Hay desde hace un tiempo una deformación para encarar este tema; uno es el tradicional recurso demagógico de culpar a Buenos Aires, olvidando que es otra provincia. Son los clásicos recursos para evadir responsabilidades locales así como a nivel nacional se ha buscado culpables externos para nuestros problemas.

La otra cuestión es el de separar provincias o regiones ricas y otras pobres. Sin entrar a considerar porqué algunas son más ricas que otras. Los que hemos salido de la general Paz, tenemos claro que hay provincias donde impera la cultura del trabajo y otras en que sobresale la de la ociosidad y la busca del subsidio; lo cierto es que es una falacia el planteo de provincias pobres y provincias ricas.

Los estudios más serios sobre el uso de los recursos fiscales demuestran que las llamadas provincias pobres, obtienen cuantiosos fondos que terminan financiando a las oligarquías locales, es decir la clase política y la red de empresarios que viven del Estado y poco llega a los pobres como se observa desde la falta de infraestructura social, o la baja calidad de la educación. Sobrados ejemplos hay de derroche, como el uso de los fondos recibidos luego de los juicios a YPF en Santa Cruz, que no se saben donde están o en Salta, que fueron derrochados por el gobernador Romero hace 30 años o el dispendio de Mendoza durante la gobernación nefasta de Rodolfo Gabrielli.

Las oligarquías provinciales menean la cuestión de la pobreza, pero a los pobres los mandan al conurbano bonaerense, que tiene el 50% de los que están en esa situación lacerante y vergonzosa en el país. Vergonzosa, porque la Argentina supo tener una tasa de un dígito de pobreza.

El país necesita encarar reformas profundas para salir del estancamiento y recuperar inclusión social, sobre todo movilidad social y terminar con la resignación, que impera, en vastos sectores de los conurbanos, porque, al bonaerense, debemos agregar el de Rosario, Córdoba, Mendoza, Tucumán.

La cuestión fiscal, entonces, debe encararse sin preconceptos ni prejuicios. Es cierto que una parte de la población del conurbano y sobre todo de la ciudad de Buenos Aires, que tiene los mejores niveles de ingreso del país, recibe tarifas escandalosamente bajas en el transporte urbano de pasajeros, electricidad y gas. Esto, también, debe tenerse en cuenta, para terminar con otra de las distorsiones del gobierno anterior, que subsidiaba a las familias de mejores ingresos, política que se ha atemperado pero no concluido en el nuevo gobierno.

Reforma fiscal, reforma previsional, el problema logístico, la cuestión energética, las nuevas tecnologías y los cambios laborales que ellas implicaran son los temas que debe encarar una agenda para los siguientes años.

En relación al tema fiscal, debemos tratar de volver, en lo posible al sistema previsto en la Constitución con impuestos nacionales y provinciales separados y la formación de un fondo para corregir desequilibrios en el equipamiento público, terminando con el financiamiento de los sectores productivos de la sociedad, hacia las redes clientelísticas que forman esa casta de políticos provinciales con proveedores y contratistas estatales y dueños de tragas monedas, que han instaurado monopolios para enriquecerse usando el discurso de la pobreza.

 

 

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