“Llorente le dictó la 'conciliación obligatoria' a Pérez y a Cornejo”. Tal debería ser el título al mejor estilo 'Crónica' y sobre fondo rojo. Es que el conflicto entre el oficialismo y el principal partido de oposición sobre las finanzas provinciales y el endeudamiento puede comenzar hoy a tener un capítulo definitorio.
El presidente de la Suprema Corte, Pedro Llorente, conversó ayer personalmente con el gobernador, Francisco Pérez y con el titular de la UCR, Sergio Pinto.
Mediante sendas llamadas telefónicas -gestionadas por el encargado institucional de la Corte, Raúl Vicchi- Llorente en persona convocó a ambas partes a una reunión para hoy a las 11 en el Cuarto Piso de Tribunales y les confirmó que asumía el rol de 'amigable componedor'.
“Vamos a intentar una nueva instancia para evitar la judicialización -que no le sirve a nadie- de un problema de resolución política. Necesitamos un esfuerzo de negociación para retomar la normalidad institucional en la Provincia”, argumentó Llorente. Tanto Pérez como Pinto le manifestaron su satisfacción y comprometieron las asistencias de ambas partes.
Las dos comunicaciones telefónicas se produjeron poco menos de cuatro horas después de que los legisladores radicales Jaliff, Camerucci, Del Río, Scattareggia, Parés y el propio Pinto, constituyeran la contracautela que puede hacer efectivo el fallo de la Sala Uno de la Corte, que acogió el amparo de la UCR contra la suscripción de nueva deuda provincial.
Y poco menos de cuatro horas antes de que el gobernador Pérez -junto a su vice Carlos Ciurca, medio gabinete provincial, ocho intendentes y tres diputados nacionales del PJ- confirmara en conferencia de prensa que “no vamos a aceptar ningún atropello institucional, ni ninguna sugerencia de ajuste con efecto recesivo que signifique recortes de salarios ni supresión de obra pública”.
El mandatario provincial -ya conocedor de que al día siguiente a las once había una reunión con el radicalismo bajo mediación de la Corte debido a que personalmente la había aceptado- se dedicó a 'marcar la posición del gobierno sobre la toma de crédito', tal como destacó la propia información oficial.
“Solicitamos 1.400 millones de pesos con afectación específica para el segundo semestre: 500 millones serán para pagar deuda contraída por diferentes gobiernos, ya que en el primer semestre pagamos 700 millones. Otros 100 millones serán para Aysam en un crédito autorizado por unanimidad en 2013. Y los 800 millones restantes hacen falta para la vivienda, para el funcionamiento operativo de Aysam y para el subsidio al transporte”, enfatizó.
La reiteración de la cifra del pedido oficial fue recibida con escepticismo en la UCR. “Si insisten en pedir 1.400 millones cuando les hemos dicho que no a 1.200 millones, significa que no les interesa negociar”, disparó Pinto.
“Salvo que muestren en privado una disposición que no exhiben en el discurso público”, agregó.
La conducción de la UCR se reunirá esta mañana temprano con los intendentes radicales Cornejo (Godoy Cruz), Abed (Junín), Mansur (Rivadavia) y Pinto (La Paz) para fijar postura, antes de asistir al encuentro en la Corte.
“Queremos que se ordene el tema fiscal ahora y más adelante”, confiesan en el radicalismo. Todo indica que para que la UCR acepte algún nivel de endeudamiento 2014 reclamará acordar un ‘plan de austeridad’ hasta el fin del mandato de Pérez, que contemple incluso al presupuesto 2015.
El diálogo que Llorente intentará reflotar hoy en la Corte no tendrá como protagonistas a ninguno de los dos principales contendientes políticos: ni al gobernador Pérez ni al intendente Cornejo, aunque las posturas de ambos serán decisivas para los avances o retrocesos de esta negociación.
Tampoco estará el ministro de Hacienda, Marcelo Costa, eterno rival político de Cornejo en Godoy Cruz. Precisamente Pérez y Costa mantuvieron ayer un largo encuentro con repaso de números públicos. Se estima que en esa reunión se estableció el margen de negociación con el que hoy acudirá el oficialismo a la Corte.
Encuentro entre los tres poderes
La reunión de hoy a las 11 en la Suprema Corte es netamente institucional, ya que participarán autoridades de los tres poderes del Estado. En primer lugar estará el presidente de la Corte, Pedro Llorente, en su rol de ‘amigable componedor’.
Por el Ejecutivo estará el ministro de Trabajo, Justicia y Gobierno, Rodolfo Lafalla, y por el Legislativo los presidentes de ambas cámaras (el vice Carlos Ciurca por el Senado y Jorge Tanús por Diputados) más los titulares de los bloques radicales (Néstor Parés y Gerardo Del Río). Estará, además, el presidente de la UCR, Sergio Pinto.
Ambas partes asisten con voluntad de diálogo manifestada en sus discursos públicos, pero poca disposición a modificar sus respectivas posturas. El gobierno insiste en la necesidad de una autorización de crédito por 1.400 millones y el radicalismo sueña con definir los números públicos de 2014 y también los de 2015.
Llorente asumirá hoy la responsabilidad de propiciar el capítulo dos de un diálogo que fracasó en su capítulo uno, cuando el auspiciante fue la Suprema Corte en pleno.
“Estamos 90 millones en rojo y la Sala Uno de la Corte da un golpe institucional con un fallo político”, acusa el Gobernador. “Es vital ordenar el gasto público y no violar la constitución”, responde la UCR.
