En un 2014 que será recordado como uno de sus años más difíciles, la vitivinicultura busca denodadamente surfear las olas de una recesión agudizada por la falta de precio del vino y de dinámica comercial, lo que ya se siente en la planificación.
Así, en función de la situación y para acelerar una recaudación que ronda el 80%, Coviar modificó condiciones para lograr un mayor cumplimiento en el pago de las alícuotas de las bodegas, combustible para el presupuesto que sostiene el Plan Estratégico Vitivinícola (Pevi).
Por lo pronto, los incentivos consisten en descuentos de hasta el 10% por pago contado o 10 cuotas sin interés. Y, además de refinanciar deudas, se decidió su cancelación hasta el momento efectivo de venta del vino, y no antes.
Actualmente, el universo que financia a la Corporación son poco más de 900 bodegas activas en el país. Una novedad es que, en el caso de que alguna se encontrara paralizada por el INV a raíz de su mora en el pago de la alícuota, según el historial de pagos puede acceder a una refinanciación de la deuda a 30, 60 ó 90 días sin interés.
El objetivo lógico es sostener y acelerar la recaudación 2014, a partir de un presupuesto de poco más de $ 50 millones. “Lo que notamos no es una merma sino cierto retraso en la percepción, por dos razones: el poco movimiento de volúmenes en el traslado genera menos incentivo para el pago, que luego se efectiviza con los vencimientos, y además, por la misma crisis, las bodegas tienen más dificultades para cumplir también”, argumenta Cristina Brachetta, gerente de la Corporación.
Entre rentabilidad y ajustes
Los elaboradores, presionados entre la pérdida de rentabilidad y las obligaciones, se hacen sentir. "Considerando el estado general del país y la situación de la industria vitivinícola, no puedo entender que persistan en seguir cobrándonos por una actividad que ya no es rentable, al menos para pequeñas empresas.
Ningún plan estratégico tiene sentido si la actividad pierde dinamismo y protagonistas, por que en un tiempo ya no habrá a quién cobrarle. Ni los aportes al PEVI volvieron en beneficios, porque presentamos un proyecto asociativo que fracasó, ni los subsidios son más que curitas”, reflexiona Carolina Furque, de Bodega Aconquija, que exporta 20%y reclama 2 años de atraso en reintegros, crítica con la contribución obligatoria al plan (“otro arancel en una larga lista”).
En el medio, el mensaje es el carácter excepcional de la flexibilización. Según Brachetta, “para considerar un convenio de pago en cuotas, y postergar la cancelación hasta la venta del vino, se tuvo en cuenta dos elementos: el historial de cumplimiento y que es algo excepcional por ciclo o campaña, es decir, que no puede repetirse ante una nueva situación irregular”.
La inflación ya hacía prever la necesidad de recortar, y las dificultades de un mercado con demanda adormecida ni condiciones comerciales claras, lo confirmaron.
Para encarar el ejercicio julio 2014-junio 2015, el directorio de la Corporación decidió un programa de ajuste del 20% en gastos corrientes y financiamiento de proyectos, y compensar un cuadro de por sí complicado ante la falta de los esperados U$S 50 millones que se preveían por parte del BID para el programa Proviar II.
“Con la previsión de la pauta de inflación se optó por un ahorro importante previendo la situación del sector e ingresos más lentos. Abrir el paraguas antes permite transitar unos meses con cierta tranquilidad, aunque a fin de año haya que reevaluar el escenario”, considera Brachetta.
Mientras eso ocurre, está en progreso un estudio sobre la rentabilidad de la cadena, el gran tema a partir de la pretensión de la Secretaría de Comercio de poner bajo la lupa el reparto de ganancias de productor a consumidor. Lista la radiografía del eslabón primario y el industrial, falta el comercial, sindicado como el que concentra la mayor porción (superior al 50%).
