Política
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hace 1 hora
La Comisión del Jury de Enjuiciamiento, integrada por legisladores y los miembros de la Suprema Corte de Justicia, decidió archivar el pedido de juicio al fiscal Daniel Carniello, que está bajo la lupa por irregularidades en un expediente judicial.
El gobernador Alfredo Cornejo, en diálogo con los medios de comunicación, reprochó la decisión del Jury de ni siquiera iniciar una investigación en la que el ex fiscal especial está denunciado penalmente en la Justicia, y que dicha imputación está firme.
"El Jury no sanciona nunca a nadie del Poder Judicial", lanzó Cornejo, quien enumeró que las últimas investigaciones que progresaron en este terreno fueron al ex fiscal de Estado, Joaquín de Rosas; y al ex titular de Irrigación, Eduardo Frigerio.
En este sentido, y teniendo en cuenta que los argumentos por los cuales generalmente no persistía la investigación del Jury eran que muchas veces "no se merecía la destitución" los acusados, el Gobernador recordó que se modificó esta ley y que se pueden imponer sanciones intermedias.
Ante esto, Cornejo expresó que con respecto a Carniello hay muchas pruebas que lo comprometen, así como también las investigaciones judiciales.
"Los personajes que protegió están presos, por pedido de otro fiscal. Él mismo está denunciado penalmente en la Justicia. Enzo Stuto (su datero) estaba en libertad por orden de él, y ahora está preso; y los dos ex policías que también protegió están imputados", sostuvo Cornejo.
La causa
El fiscal Carniello está acusado de no imputar a dos hombres que fueron detenidos con armas que estaban a nombre de policías en un control de Jocolí en Lavalle en 2014.
En diciembre de ese año, alertaron a Carniello que alguien iba a robar un camión cargado con destino a Tucumán. Un caso de piratería del asfalto que corresponde a un fiscal de Delitos Complejos y ahí intervino el ahora denunciado fiscal.
Se detuvieron a dos personas, Diego Vildoza y Fernando Tobares, quienes decían trabajar en una empresa de seguridad privada y que estaban custodiando el camión.
Se les secuestraron armas para las que no tenían permiso de portación y que estaban registradas a nombre de dos efectivos policiales. Los dueños de las armas también eran dueños de la agencia de seguridad en la que Vildoza y Tobares se desempeñaban.
