Mientras la suerte de los integrantes de la Tupac Amaru se revuelve en la Justicia, el Gobierno avanza con las gestiones para terminar las 700 casas paralizadas desde que comenzó la investigación judicial.
Para esto, habrá un requisito fundamental: las comunas tendrán que cortar todos sus vínculos con la organización kirchnerista si quieren terminar las viviendas.
Así lo pidió el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) a aquellos intendentes que tienen barrios de la Tupac sin terminar. Los departamentos en cuestión son Guaymallén, Maipú, Luján, Las Heras, Tupungato, San Carlos y Lavalle.
Según comentan, Lavalle es el único municipio que se resiste a cortar con la organización que nació en su territorio.
Desde que comenzó la investigación judicial, en noviembre del año pasado, se frenaron los desembolsos nacionales para el programa que construye las viviendas sociales. En total, quedaron paralizadas 700 casas, con distintos grados de avance y muchas de ellas sin la urbanización.
Ante esto, el IPV comenzó las gestiones en la Subsecretaría de Vivienda de la Nación, para conseguir los fondos que se necesitan para concluir esas casas.
Por un tema legal, aunque también político, el IPV necesita que los municipios hagan dos trámites: oficializar la lista de los beneficiarios y rescindir todos los contratos con las cooperativas de trabajo que se nuclearon en la Tupac.
La explicación que dan en el Gobierno es que, por un lado, las cooperativas no existen, tal como sostiene la investigación que lleva adelante la fiscal Gabriela Chaves. Pero también argumentan que el convenio, por el cual existió el programa gracias al que creció la Tupac, no permite continuar con las casas.
En este sentido, explican que si bien no hay una fecha límite perentoria, este paso es inminente para comenzar la etapa final. “Los municipios que no alcanzaron a rescindir el contrato, van a quedar excluidos de este último paso”, avisaron.
Pero las explicaciones no terminan allí sino que también hay un fin político. La consigna podría ser que los gobiernos nacional, provincial y municipal, buscan terminar las casas que no pudo finalizar la Tupac.
Maipú y Luján ya dieron de baja al convenio con las cooperativas, mientras que San Carlos hizo lo propio en enero. Por su parte, Guaymallén, Las Heras y Tupungato están en trámite de concretar las bajas.
Según comentaron en el IPV, el único que hasta ahora no ha dado este paso es Lavalle, donde vive la líder de la organización, Nélida Rojas, hoy detenida preventivamente en su domicilio, en el marco de la causa que investiga si encabezó una asociación ilícita, entre otras acusaciones.
Este departamento, liderado por el peronista Roberto Righi, es en donde más construyó la organización: 500 casas distribuidas en dos barrios.
En el municipio explicaron que el área Legal y Técnica está en vías de resolver la situación. “No sé si es rescindir o resolver, pero sí queremos hacer todos los actos útiles para terminar las casas. La lista de las personas beneficiarias está en un 85%, mientras que el resto está completando la documentación”, explicó el director de Vivienda, José Blanco.
En este departamento queda un barrio de 250 viviendas por terminar, mientras que fueron 17 las cooperativas ligadas a la Tupac que trabajaron en esta etapa.
Cerrar el ciclo
Las soluciones habitacionales que se pensaron para 2.116 familias terminaron siendo un dolor de cabeza para las distintas gestiones del IPV por tratarse de un plan “enlatado” con muchos condicionamientos.
De esas más de 2 mil viviendas sociales construidas por el “Programa Federal de Integración Socio Comunitario”, la Tupac administró “discrecionalmente” -tal como acusan- más de la mitad.
Hoy en el IPV quieren terminarlas todas. “No sólo las de la Tupac sino todas las que quedaron obsoletas financieramente”, confirmó Damián Salomone, titular del IPV. El programa por el que construyó la organización kirchnerista no contemplaba la readecuación de precios.
“Hemos tenido varias reuniones en Buenos Aires y una de las salidas es readecuarlas. Para ello, cada municipio debe rescindir los contratos con las cooperativas de trabajo, ya que el programa original no contempla la actualización de precios”, explicó Salamone.
La razón por la cual es el municipio el que debe cortar lazos es porque si bien había una triangulación entre la Nación, el IPV (provincia) y las comunas, eran éstas las que se vinculaban con las cooperativas. Si bien muchas de esas asociaciones de trabajo dependían de la Tupac, hay otras que no tenían nada que ver y trabajaron bien.
El segundo requisito es que los municipios oficialicen la lista de adjudicatarios de las viviendas sociales. En esta tarea está Lavalle, que hace un tiempo decidió dar de baja a todos aquellos inscriptos que no vivían en ese departamento o que habían falseado la documentación.
Entre estos, había algunos que consignaron vivir en Maipú 185, justamente donde reside Nélida Rojas.
Rojas todavía puede perder la domiciliaria
El martes pasado, Gabriela Chaves, la fiscal que impulsa la causa contra los miembros de la Tupac Amaru, se reincorporó a sus tareas y entre sus primeras acciones, solicitó una nueva audiencia para insistir con el pedido de revocación de la modalidad de prisión domiciliaria, con la que Nélida Rojas está detenida preventivamente.
La fiscal busca que la acusada vuelva al penal de Agua de las Avispas a la espera del juicio. Esto, por entender que Rojas, desde su casa, puede seguir en actividad. Así lo dijo la fiscal el día que se conoció que la líder de la Tupac volvía a su casa: “Ellos (por Rojas y su marido) están señalados como jefes de una asociación ilícita cuya sede es su casa en Maipú 185 (de Lavalle)”.
En esta nueva acción judicial, la fiscal acusó que hubo una reunión en la casa en la que vive y está detenida Rojas, ocurrida el 5 de agosto.
La misma líder de la Tupac dijo que fue por motivo de su cumpleaños, cuando algunos compañeros se acercaron a saludarla y aprovecharon para realizar una asamblea, para ver cómo seguir con las casas.
Pero las pruebas, entre las que hay un audio de WhatsApp que se habría filtrado, dan cuenta de que aún la líder de la Tupac sigue cobrando la cuota social de 100 pesos a los aspirantes a tener su casa. Esto significaría que sigue cometiendo el delito de estafa, por el que se la acusa.
La segunda meta: cobrar
Aunque hace ocho años se comenzaron a construir las casas de la Tupac y la mitad ya está habitada, incluso con ampliaciones y hasta negocios, lo cierto es que los beneficiarios todavía no comienzan a pagar por sus créditos. Es decir, el Estado aún no recupera ni un solo peso.
El motivo es que aún no están en condiciones de escriturar, ya que comenzaron a construirse sin la urbanización correspondiente. Podría decirse, fueron de atrás para adelante.
“Finalizar las obras nos va a permitir la regularización dominial. Por primera vez podremos comenzar a cobrar a cada beneficiario el monto del crédito, por el cual tantos años se ha desembolsado dinero y nunca se dio un recupero”, apuntó Salamone.
Para esto, las comunas deberán asegurar las instalaciones de agua, de luz y las cloacas para los barrios.
