Sup. Economía Domingo, 7 de mayo de 2017 | Edición impresa

El gradualismo y la resistencia al cambio

Mientras varios sectores piden al gobierno que acelere el cambio y deje el gradualismo, otros piden que se detenga el cambio y aumente la protección.

Por Rodolfo Cavagnaro

Esta semana, varios funcionarios del gobierno de Mauricio Macri ratificaron el camino del gradualismo para salir de la crisis que heredamos y encarar las soluciones necesarias para el camino de crecimiento. Primero, el ministro Dujovne, quien justificó este camino en la necesidad de no complicar a los sectores más humildes. También dijo que habrá gradualismo en la reforma impositiva.

Varios funcionarios y algunos economistas también han justificado este gradualismo y, con él, el gradualismo impuesto en la rebaja del déficit, de manera de acompañar moderadamente tanto las rebajas impositivas como mayores erogaciones en prestaciones sociales y en obras públicas.

Pero, por otra parte, hay sectores empresarios que simpatizan con el gobierno (las empresas más grandes) que piden que se acelere el proceso para terminar con el déficit y se bajen rápido los impuestos. También hay economistas profesionales que están reclamando lo mismo. Hay otros sectores que piden que se aceleren los cambios, pero que a su sector no le modifiquen las reglas de juego, mientras otros siguen pidiendo protección y que nada cambie.

En la otra vereda, están los sectores sindicales, acostumbrados a la presión, que se están dando cuenta de que sólo tiene que pedir para mantener el control de su sindicato ante el avance de los grupos de izquierda más radicalizados, aunque entienden que mucho no se puede pedir, y terminan diciendo frases viejas para justificar sus posiciones.

Hay personas o sectores a los que el gradualismo les molesta porque es demasiado lento y sugieren que el gobierno no está haciendo nada. Tal el caso de Sergio Massa, que esta semana propuso eliminar el IVA a los alimentos para bajarles el precio. En principio parece una medida atractiva, aunque falta saber la forma de implementar y la de asumir el costo fiscal

Si la idea es eliminar el IVA, la forma más idónea sería hacerlo en toda la cadena productiva, y las consecuencias fiscales serían mucho más gravosas que las que calcula el líder del Frente Renovador. Si la idea es eliminarlo en la etapa final, en la venta minorista, el efecto sería neutro. Es que las empresas pagan IVA en cada compra de bienes y servicios, el cual recuperan en la venta final. Si no lo pueden recuperar, lo van a incorporar a los costos, con lo cual los precios no bajarían.

Como se ve, el proceso no es tan fácil ni tan inocuo en materia fiscal, sobre todo para un Estado que no ha podido eliminar los subsidios a las tarifas de servicios públicos. Muchos de los empresarios que piden acelerar los cambios no quieren que les ajusten las tarifas porque les aumentan los costos.

Por ahora el gobierno se mantiene firme en el ritmo elegido y eligen algunos ejemplos para decir –como Dujovne- que ya se ve un “bosque de brotes verdes”. Entre ellos mencionan al sector de la construcción, el automotriz, el sector agropecuario, fabricación y venta de motos, entre los más relevantes. Según los datos de la recaudación de la AFIP hace varios meses que las contribuciones y aportes, por los trabajadores formales, viene creciendo por encima de la inflación. Puede haber algún componente de aumento salarial, pero el grueso del crecimiento es por la creación de nuevos empleos registrados. 

El gobierno ha cerrado filas en torno a las decisiones que está avalando el mismo Presidente y, entre ellas, la política monetaria y la estrategia del Banco Central para intentar contener la inflación. Por ahora no hay fisuras en público, aunque internamente existen debates.

Es que el problema de la inflación, más allá de estar vinculado con el déficit y su forma de financiamiento, tiene un claro componente de costos, por los incrementos tarifarios.

Frente a esto se sostiene que sería errada la estrategia del Banco Central de restringir la cantidad de circulante porque la causa de los aumentos está en los incrementos tarifarios y no en la fuerza de la demanda.

De hecho la demanda está muy debilitada y esto se verifica en las ventas minoristas, tanto del comercio tradicional, como centros comerciales e hipermercados. Subir la tasa lo único que hace es imposibilitar la expansión de la producción y, al contrario, restringirla. Al haber menos oferta de bienes, también los precios aumentan.

 

La resistencia al cambio

El proceso de cambio es una realidad y la presión de la tecnología hace que se acelere cada día más. Esto obliga a todos los actores económicos a adaptarse a los nuevos tiempos y, a los políticos, a actuar en consecuencia.

Todavía muchos sectores políticos siguen con la costumbre de llenar de gente el Estado, al cual no pueden financiar, mientras hay actores económicos que no entienden la nueva lógica de los negocios ni los cambios culturales operados en los consumidores. Tampoco los sectores sindicales terminan de entender la forma en la que deben moverse.

Un caso típico es el Sancor, empresa señera que está en crisis hace mucho por varios problemas, casi todos de mala gestión. Primero, malos negocios con Venezuela. Después, negociaciones salariales con el sindicato, haciendo concesiones que, luego, complicaron la economía a la mayoría de los productores, sobre todo a los tambos chicos.

Hoy la empresa tiene una crisis terminal. Parte de la solución que el gobierno requiere es renegociar el convenio laboral, pero el sindicato se opone, lo cual puede llevar a la quiebra a la empresa. Pero como está en inviable y por eso el Gobierno no le dará ayuda hasta que se generen cambios estructurales.

Un ejemplo a seguir fue la negociación con el sindicato petrolero en Vaca Muerta, donde se acordaron nuevas pautas, que no suponen rebajas salariales, para mejorar la ecuación del negocio. Hoy el reclamo del presidente a los sindicatos es a negociar pautas de productividad, a que nadie puede aumentar salarios si no aumentan las ventas y no bajan los costos. Para esto, es necesario un compromiso empresario pero también del sector sindical.

 

El bono mendocino

El gobierno de Cornejo reglamentó un decreto por el cual se había puesto en marcha un programa de estímulo a la actividad económica a través de un bono fiscal con una previsión presupuestaria de 1.000 millones de pesos.

Este bono es para apoyar empresas nuevas o en marcha que amplíen actividad económica. Las empresas deben presentar sus proyectos hasta el 26 de junio próximo y se les asignará un puntaje en función del componente local de sus inversiones y de la cantidad de empleo que puedan generar, entre otros rubros.

Las empresas recibirán un bono fiscal para pagar ingresos brutos, que tiene hasta 5 años para gastar y, a su vez, es endosable. Esto significa que se puede vender ese bono en el mercado secundario para usarlo como fondeo.

El gobierno está muy esperanzado en que muchas empresas puedan presentarse y aseguren inversiones locales y trabajo genuino dentro del sistema formal. La promesa es ir bajando paulatinamente los impuestos para que, al fin de la promoción, las empresas no se vuelvan a ver castigadas por alícuotas que son prohibitivas.