Hay silencio oficial, pero el expediente existe. Está en Asesoría de Gobierno desde el 11 de setiembre pasado y parece que el dictamen legal que esperan en el Ejecutivo no aparece, porque ahí está estancado.
El problema es que en el expediente 1087-D-2015-01027 se tramitó un crédito de 800 millones de pesos del Banco Nación y la plata ya ingresó a las arcas provinciales el 28 de agosto, pero no hay decreto publicado en el Boletín Oficial que autorice el convenio firmado por el Ministerio de Hacienda y la entidad bancaria.
Justo en este momento un crédito que no ha tenido autorización legislativa. Al menos no en el transcurso de este año, sino que fue un “cheque en blanco” otorgado por el radicalismo hace dos años, tal como el que ahora el peronismo se resiste a darle al futuro gobierno de Alfredo Cornejo.
La autorización legislativa que surge en el expediente proviene de las leyes de presupuesto 2012 y 2013. En 2012, hubo una cláusula transitoria (válida para ese año solamente) contenida en el artículo 139 de la ley 8.399, por la que cualquier ley que implicara un gasto extra para la administración pública que no tuviera designado claramente su financiamiento, “se entenderá que se financiará con uso del crédito de entidades financieras”.
Al año siguiente, en el artículo 89 de la ley 8.530, se indica que las cláusulas transitorias aprobadas en el presupuesto anterior pasarán a ser permanentes, entre ellas la del artículo 139 ya mencionado.
Con estas dos leyes se armó el combo para salir a pedirle 800 millones de pesos al Banco de la Nación Argentina. En realidad, el pedido original firmado por el ministro de Hacienda, Juan Antonio Gantus, presentado en mesa de entradas del Banco Nación el 20 de agosto pasado, fue mayor: 1.200 millones de pesos.
Cabe recordar que para que se dispare la cláusula que permite tomar un crédito para cubrir un gasto sin financiamiento, se requiere de una ley. La norma usada para argumentar el incremento de los gastos del Estado es la ratificación de los acuerdos paritarios celebrados este año con los gremios estatales y que fueron aprobados en junio pasado por la Legislatura bajo el número 8.798.
El combo estaba listo para arrancar con el pedido oficializado el 20 de agosto. El 27 de agosto, el directorio del Banco Nación autorizó un crédito de 800 millones a tasa Badlar más cuatro puntos (tasa nominal anual del 25,1875% y tasa efectiva mensual del 2,098958%) que fue depositado en las arcas de la Provincia el 28 de agosto y que debía devolverse en cuatro cuotas mensuales, con el fin de ser cancelado el 31 de diciembre que viene.
En total, la Provincia devolverá algo más de 869 millones de pesos entre capital e intereses.
La pieza administrativa que debería terminar en un decreto del gobernador, Francisco Pérez, para autorizar la toma de ese crédito recién se inició el 7 de setiembre, es decir 10 días después de que llegara la plata del Nación. El rumor es que los 800 millones fueron a parar a los sueldos de agosto de los estatales, pagados el mismo día que ingresaron a las cuentas, por lo que el expediente se inició después de que la plata fuera gastada.
Entre el 7 y el 10 de setiembre el expediente pasó por la Dirección General de la Deuda Pública, por la Asesoría Letrada del Ministerio de Hacienda. El 11 de setiembre ingresó a la Asesoría de Gobierno. Y desde entonces no ha salido de allí.
Los Andes intentó comunicarse con funcionarios de los ministerios de Hacienda y Legal y Técnica, pero no hubo respuesta sobre el tema.
Lo irónico es que justamente cuando el peronismo local se resiste al acuerdo firmado entre el gobernador saliente Pérez y el electo Cornejo, por una cláusula que le ahorraría al próximo gobernador el trámite de la aprobación de endeudamiento para amortizar vieja deuda pública, justo en este preciso momento surge que el Gobierno ha recurrido a una autorización hecha hace mucho tiempo y que ahora se apura el trámite administrativo para blanquear el ingreso de unos dineros que ya fueron gastados.
Faltan 3.000 millones para los sueldos del año
El endeudamiento de 800 millones de pesos otorgado por el Banco Nación el 27 de agosto e ingresado a las arcas mendocinas el 28 de agosto parece estar flojo de papeles y según los rumores hay preocupación hasta en la entidad crediticia que prestó la plata.
Sin embargo, no es la única sorpresa que incluye el expediente 1087-D-2015-01027. En el informe de la Dirección General de Deuda
Pública se indica que el acuerdo salarial firmado por el Gobierno provincial con los gremios estatales implicará un incremento de la partida de personal en $ 4.990.503.291, de los cuales la provincia estaría en condiciones de cubrir con recursos propios $ 1.997.230.845; es decir que al Gobierno le harían faltan $ 2.993.272.446 sólo para pagar los sueldos hasta el 31 de diciembre próximo.
No se trata de un documento emitido por la dirigencia radical, sino que es un informe oficial contenido en un expediente iniciado en el Ministerio de Hacienda. Esos casi tres mil millones de pesos no incluyen la deuda con proveedores del Estado, ni la devolución a la OSEP de los montos retenidos a los afiliados, ni la amortización de la deuda pública provincial.
En la nota que remitió el ministro Gantus al Banco Nación el 20 de agosto pasado, se piden 1.200 millones de pesos y en el párrafo siguiente dice que ese monto “forma parte de la suma total de $2.900.000.000 correspondiente a la autorización para hacer uso del crédito dispuesta en el artículo 139 de la ley 8.399”.
Por la redacción de ese párrafo, parece haber la intención de pedir los 2.900 millones de pesos, aunque no se explicita la forma que tomará ese crédito, ni cómo se cubrirá.
Si es curioso que en el acuerdo firmado por el aún gobernador Francisco Pérez y el electo Alfredo Cornejo, más precisamente en el artículo 6 del proyecto alumbrado por ese pacto, se indica que del crédito que se pretende autorizar, 800 millones estarán destinados a cancelar una deuda de 800 millones contraída con el agente financiero de la provincia, es decir el Banco Nación.
Más aún, en el artículo 1 del proyecto de ley acordado, se destinan 2.600 millones para cubrir desfasajes entre ingresos y egresos del 2015, es decir 300 millones menos de lo que se necesita para pagar sueldos, al menos según el propio Ministerio de Hacienda.
