Sociedad
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hace 13 horas
La diputada por el PTS-FIT Myriam Bregman y el dirigente de ese partido Nicolás del Caño presentaron un proyecto de ley para derogar "las pensiones vitalicias de privilegio para todos los ex presidentes y vicepresidentes, los ministros de la Corte y los obispos de la Iglesia Católica".
"Es realmente una burla a los millones de trabajadores jubilados que trabajaron decenas de años y perciben una jubilación de 5.000 pesos que una persona como Adolfo Rodríguez Saá, que ejerció la presidencia por una semana, hoy perciba arriba de 200.000 por mes", señaló el ex candidato a presidente por el Frente de Izquierda.
En el mismo sentido, apuntó contra Amado Boudou quien "con decenas de causas por malversación de fondos y corrupción en ejercicio de su mandato, esté tramitando su pensión vitalicia por 140.000 pesos". Desde el FIT, estiman además que la ex presidenta Cristina Fernández percibe hoy arriba de 300.000 pesos mensuales, entre su pensión vitalicia y la del ex presidente Néstor Kirchner, mientras que Fernando De la Rúa percibe cerca de 200.000 pesos mensuales.
El proyecto consiste en derogar las leyes 22.731, 21.540, 24.018, las dos primeras sancionadas por la última dictadura y que posibilitan incluso que Federico Pinedo, quien ejerció la presidencia por unas horas, "tenga la potestad de exigir el pago de una pensión de por vida que equivale a cuarenta jubilaciones mínimas".
Por su parte, Bregman señaló que "estas leyes además son las que les otorgan el 100 por ciento de su salario en todo concepto como jubilación a todos ministros de la Corte a partir de los cuatro años de su ejercicio, y el 82 % con movilidad al resto de los magistrados de la Justicia nacional, mientras que al resto de los trabajadores se les niega el 82 móvil de su último salario".
"Alguien debería explicar por qué seguimos pagándoles también a los arzobispos, obispos y prelados castrenses de la Iglesia católica una asignación mensual vitalicia que hoy ronda los 70.000 pesos, más del doble de la jubilación máxima que puede percibir cualquier trabajador. Parecen privilegios del medioevo", concluyó la diputada.
La medida impone que "todos los beneficiarios de las mismas pasen al régimen del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones como cualquier otro trabajador".
