El escándalo por los abusos a niños sordos por parte de sacerdotes y personal del Instituto Próvolo de Luján reavivó otro caso que conmovió también a la Iglesia Católica mendocina desde finales de la década del ‘90. Es el que involucra al fundador del Instituto del Verbo
Encarnado en San Rafael, Carlos Buela, quien hoy está suspendido en el ministerio del sacerdocio en una abadía (casa) de Génova, Italia, acusado por varios sacerdotes, ex sacerdotes y ex seminaristas de “abuso sexual, abuso de conciencia y abuso de poder”.
Todas las víctimas habrían sido mayores de 18 años, pese a que el IVE (siglas por las que se conoce al Instituto) tenía un seminario denominado “menor”, donde ingresaban chicos desde los 12 años que aparentemente no estuvieron involucrados en estos casos, salvo una denuncia hecha pública a través de los medios de un sacerdote llamado Luis.
Los Andes dialogó con el vocero del obispado de San Rafael, padre Jose Antonio Alvarez. Esta institución tuvo un papel primordial en la investigación que finalizó con el apartamiento de Buela.
Alvarez confirmó que no existieron denuncias en la Justicia por lo que todo se circunscribió al ámbito de la Iglesia.
Según el sacerdote, fue monseñor Eduardo María Taussig, obispo de San Rafael, y por encargo del Vaticano quien realizó todas las actuaciones que fueron elevadas finalmente a la Santa Sede, donde se decidió suspender en su ministerio a Buela.
Según documentos, el obispo de San Rafael tomó varias declaraciones a sacerdotes, ex sacerdotes y laicos por supuestos casos de abusos del padre Buela y los elevó a la Civcsva (Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica) del Vaticano.
Fruto de esta investigación, el 22 de enero de 2010 esta entidad emitió un decreto a raíz de las “denuncias verosímiles de comportamientos moralmente inapropiados del Padre Buela con jóvenes del Instituto (...). Múltiples hechos de gravedad, aumentada por la calificación de Fundador, Superior General y Director Espiritual de quien los ha cometido”.
En este decreto se sentenciaba textualmente: “1) La remoción del P. Carlos Buela del oficio de Superior General del Instituto del Verbo Encarnado. 2)
La obligación para el P. Buela de residir, hasta nueva orden, lejos del propio Instituto, en la Abadía La Pierre Qui Vire, bajo la autoridad del Abad que puede regular sus contactos con los miembros del Instituto del Verbo Encarnado”.
En aislamiento
Cabe destacar que tras esta medida papal, Carlos Buela desoyó la orden que incluía no contactarse con miembros de su congregación, que había sido intervenida por el Vaticano, y realizó reuniones en la vecina república de Chile donde muchos de sus seguidores iban a verlo.
La decisión del último aislamiento fue tomada, ante las distintas evidencias (según se consigna en más de 12 documentos vaticanos), por el papa Benedicto XVI, quien lo envió a una residencia en Palencia, España.
A mediados de 2016 su sucesor, Francisco, ordenó que se cumpliera estrictamente la orden originariamente dada por Benedicto.
Aún hoy, especialmente en el sur mendocino, el padre Buela tiene un gran predicamento entre sus seguidores. Es muy reconocida la obra del IVE en San Rafael, donde funcionan -además del seminario- hogares para chicos en riesgo social y algunas parroquias.
Condenado por dos Papas
Por disposición de la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica (Civcsva) y con el expreso mandato del Papa Francisco, el 16 de diciembre de 2015 la Santa Sede intervino el Instituto del verbo Encarnado.
Para ello, envió un presidente y dos veedores: monseñor Angelo Todisco, auditor de la Rota Romana, y el R.P. Philippe Toxé, consejero pontificio para los textos legislativos.
El presidente era el Cardenal Francesco Coccopalmerio, actual titular del Pontificio Consejo para los Textos Legislativos, quien en la primera sesión informó por escrito dos medidas.
La primera, la condena que pesa sobre el padre Carlos Buela por denuncias referidas a ciertos abusos en materia sexual, de autoridad y de conciencia, expresando que el Dicasterio para los Religiosos “ha reconocido la veracidad de las denuncias y ha establecido su imputabilidad, confirmadas en modo específico por parte de dos sumos pontífices” (Benedicto XVI y Francisco).
La segunda, decretando que el Consejo General que había gobernado hasta entonces el Instituto quedaba inhabilitado para ser reelecto, lo mismo que los Padres Provinciales (superiores de las diversas provincias eclesiásticas).
