El gobernador, Alfredo Cornejo, confirmó anoche que finalmente se firmó un acuerdo con la empresa KLP de Rafael Garfunkel, que la firma pagó su deuda de 37 millones de pesos con la Provincia y que hoy se reabrirá 'provisionalmente' la sala de juegos del casino Cóndor de los Andes en el Hotel Intercontinental.
Tal como lo había anticipado Los Andes, en las últimas horas del viernes se terminó de materializar el entendimiento. Fue ante el juez concursal Pablo González Masanes, quien recibió y dejó en depósito los cheques que entregó KLP como garantía de pago.
“El casino (Cóndor) funcionará provisionalmente mientras se vaya cumpliendo con lo acordado”, remarcó Cornejo. Dejó caer con virulencia: “Por ejemplo, mientras vayamos comprobando que a los cheques entregados no les falten fondos”.
Asimismo, remarcó que el entendimiento alcanzado prevé el acogimiento de la empresa a un plan de pagos de 36 cuotas en ATM, en referencia a los 70 millones reclamados por el Estado provincial en concepto de multas.
“Esperamos que este plan se cumpla y no como pasó con uno anterior”, advirtió el Gobernador. Se refirió a un compromiso firmado por los responsables del Casino Cóndor hace dos años y luego no cumplido. “En cuanto se atrasen dos cuotas ahora se cae la concesión y cierra el casino”, disparó.
Autopréstamos
Aunque todavía falta la homologación judicial del entendimiento rubricado anoche en el Instituto de Juegos y Casinos, todo apunta a que el juez del Tercer Juzgado de Concursos, Pablo González Masanes, terminará adoptando esta decisión.
De hecho, el magistrado quedó como custodio de los documentos de pago aportados por KLP. El magistrado postergó hasta el lunes el anuncio de su postura, que inicialmente tenía previsto darla a conocer públicamente ayer al mediodía. Pero a esa altura no tenía forma aún el entendimiento final que se terminó de sustanciar a última hora.
En la verificación de los créditos, González Masanes endureció la postura del síndico del concurso sobre un acreedor denominado “Grupo Cinco” que está integrado por los propios accionistas de KLP.
Si bien consideró 'admisible' este reclamo (varios préstamos de accionistas del casino al propio Casino Cóndor por más de 150 millones de pesos) los puso al final de la cola de los cobros. Antes que ellos deberán recibir su dinero la Provincia, el Banco Nación y 133 titulares de acreencias menores a los $ 200 mil.
El juez tampoco permitió que los integrantes del Grupo Cinco puedan votar sobre este tema en las reuniones de accionistas, ya que superponen la doble condición de deudor y acreedor y constituyen mayoría decisoria.
La semana entrante, Cornejo firmará un decreto convalidando el acuerdo y lo enviará a la Legislatura para su ratificación.
“Es necesaria la intervención de la Legislatura ya que estamos permitiendo el funcionamiento de un casino que está en concurso, cuando la ley impone que hay que cerrarlo”, remarcó Cornejo.
El último de la lista
Más allá de que se haya llegado a un entendimiento entre el casino Cóndor y la Provincia, la situación de concurso persiste y por lo tanto aún se mantiene la de invalidez legal de administrar una sala de juegos. En ese sentido, existe una exigencia del Gobierno provincial para que KLP avance en la resolución de esta situación.
El casino Cóndor tiene tres tipos de acreedores: más del 85 por ciento de quienes le reclaman pagos sólo suman entre sí 4,7 millones de pesos, es decir apenas el 2 por ciento del capital requerido (228 millones de pesos).
Hay un segundo grupo de 20 acreedores (el 13 por ciento del total y entre los que están la Provincia y el Nación) que suman 50 millones de pesos, es decir el 22 por ciento del total adeudado.
Según los datos del proceso concursal, un solo acreedor (que se supone está integrado por propios accionistas o empresas de accionistas, como La Caja de Ahorro y Seguro) concentra el 76 por ciento de la deuda concursada (173 millones de pesos).
Esto significa que los mayores acreedores del concurso del Casino Cóndor son los mismos dueños de su explotación y propietarios del Hotel Intercontinental. Apenas representan el 0,65 por ciento de los 154 reclamantes de todo tipo pero piden las tres cuartas partes de la deuda concursada.
El origen de estas acreencias son préstamos muy cercanos formalmente a los aportes de capital que suelen hacer los accionistas a su empresa cuando está en dificultades financieras. Si se hubieran considerado de esta manera, no tendrían ningún derecho a reclamo en el proceso concursal.
Pero si bien fueron admitidos en el concurso como acreedores -por disposición del juez interviniente-, para aspirar a cobrar deberán esperar a que previamente sean satisfechos los reclamos de los otros 153 acreedores. Ellos ocupan el lugar 154, es decir el último en la lista.
Cornejo sin filtro: pidió la renuncia del fiscal Carniello
El gobernador, Alfredo Cornejo, sorprendió ayer durante la inauguración de la sede de la Asociación de Ejecutivos de Mendoza (AEM) con el tono de su respuesta: “El fiscal (Daniel) Carniello debería renunciar”. Así se manifestó sobre el fiscal que enfrenta su tercer pedido de Jury de Enjuiciamiento luego de haber sido trasladado desde la fiscalía especial a la oficina fiscal de Guaymallén.
Cuestionó su accionar en un procedimiento realizado en Jocolí en 2014 al permitir la libertad de integrantes de una banda de piratas del asfalto que incluía a dos policías que habían facilitado las armas.
“Fue alertado a tiempo por el chofer de un camión que era parte de la banda, pero se arrepintió y pasó el dato. El fiscal ordenó un procedimiento en el que ni siquiera se revisó la carga del camión, se reintegraron las armas del delito a sus dueños y todo se presentó como el desbaratamiento de un robo”, manifestó, dejando en claro su ofensiva contra el fiscal.
Tal como publicó Los Andes en su edición de ayer, en diciembre de 2014 alertaron a Carniello que alguien robaría un camión cargado que iba con destino a Tucumán. Se detuvo a dos personas, Diego Vildoza y Fernando Tobares, quienes decían trabajar en una empresa de seguridad privada y que estaban 'custodiando' el camión, pero que tenían antecedentes policiales.
Se les secuestraron armas para las que no tenían permiso de portación y que estaban registradas a nombre de dos efectivos policiales. Los dueños de las armas también eran los titulares de la agencia de seguridad en la que Vildoza y Tobares se desempeñaban.
Carniello dejó a todos libres y las armas las devolvió a sus dueños, lo que hizo crecer las sospechas de un accionar tendiente a favorecer a uno de los intervinientes, informante de Carniello.
El jury a Carniello tiene previsto reunirse nuevamente la semana entrante a pedido de los radicales integrantes del cuerpo: los diputados Emiliano Campos, Jorge Albarracín, Beatriz Varela y Jorge López y los senadores Juan Carlos Jaliff, Miguel Bondino, Jorge Palero y Marcelo Rubio.
