Las sanciones impuestas por Estados Unidos al vicepresidente de Venezuela, Tareck El Aissami, implican el bloqueo de “decenas de millones de dólares” de sus activos, afirmó el secretario del Tesoro, Steve Mnuchin, mientras Caracas consideró a la medida una “agresión gravísima” y reclamó a Washington que “se retracte” de la imputación.
“En este caso hemos congelado activos, decenas de millones de dólares en activos, que tendrán un impacto muy grande”, aseguró Mnuchin ante los periodistas acreditados en la Casa Blanca. El funcionario explicó que con las sanciones dispuestas, el presidente Donald Trump resolvió “enviar un mensaje claro al pueblo de Venezuela de que Estados Unidos está de su lado”.
El Departamento del Tesoro incluyó ayer a El Aissami y a su colaborador y presunto testaferro Samark López Bello en la llamada lista Kingpin, la “lista negra” de narcotraficantes, lo cual implica sanciones económicas y migratorias para ambos. Además, el Tesoro sostuvo que El Aissami jugó “un papel significativo en el tráfico internacional de narcóticos”.
Las medidas implican el congelamiento de los activos que ambas personas tuvieran bajo jurisdicción estadounidense. Según fuentes norteamericanas, El Aissami y López Bello son dueños de inmuebles en Miami que valen “decenas de millones de dólares”.
En tanto, el gobierno de Venezuela, a través de varios voceros, calificó la medida como una “agresión” y pidió que Washington “se retracte de estas acusaciones”.
“He ordenado a la canciller de la república (Delcy Rodríguez) que cite al encargado de negocios de EEUU en Venezuela y le entregue una nota de protesta y le exija que aclare y se retracte de estas acusaciones”, dijo Maduro.
La semana pasada, en un informe de CNN, El Aissami fue mencionado por testigos como cabecilla de una organización dedicada a vender pasaportes venezolanos a ciudadanos de países árabes con nexos con el narcotráfico y el terrorismo. Abogado de ascendencia sirio-libanesa y de 42 años de edad.
El Aissami juró como vicepresidente ejecutivo de Venezuela el 4 de enero pasado, designado por Maduro para suceder al veterano dirigente Aristóbulo Istúriz.
En marzo de 2015, Obama firmó un decreto que denominó a Venezuela como “amenaza inusual y extraordinaria” para la seguridad interna de su país, y dispuso sanciones migratorias y económicas contra 7 funcionarios.
