La deuda pública provincial llegó a los 23.183 millones de pesos al 30 de junio pasado. En esa cuenta se incluyen los últimos endeudamientos obtenidos por el Gobierno provincial durante este año. Para el año que viene la administración de Alfredo Cornejo espera que la Legislatura autorice 3.787 millones de pesos más.
Ese será el gran debate con la oposición, porque es la única parte de las tres leyes del paquete fiscal 2017 que el peronismo puede bloquear, puesto que la autorización requiere de dos tercios de los votos de ambas cámaras.
Estratégicamente, Cornejo y su ministro Hacienda, Martín Kerchner ya adelantaron que esos 3,7 millones son para obra pública y siempre las construcciones públicas se hacen en algún departamentos; entonces se construyen consensos sobre la tentación de cortes de cinta en año electoral.
Mucho se ha dicho y se dirá. El peronismo aglutinado en el Frente para la Victoria (FpV) ya ha esgrimido que Cornejo ha gozado de autorizaciones de endeudamiento que el propio Mandatario negó cuando el gobernador era Francisco Pérez.
Desde el radicalismo y el propio ministro afirman que casi todo ese endeudamiento ha servido para pagar la “fiesta paquista”. Es más, Kerchner explica que la gestión anterior se financió con deuda flotante (lo no pagado a proveedores), anticipos de coparticipación y plata del Banco Nación; todo eso con un costo enorme en intereses.
Al 31 de diciembre de 2015, la deuda consolidada ascendía a 14.590 millones de pesos, que en dólares representaban casi U$S1.119 millones (cotización a $13,04), por lo que en los primeros seis meses de este año se incrementó en 8.593 millones de pesos, para llegar a los 23.183 millones consolidados al 30 de junio de este año. En dólares llegaba a 1.541 millones (cotización a $15,04).
¿Cómo se llega a esos 8.500 millones más? En Hacienda dicen que es el resultado de “la fiesta”; la deuda de los proveedores se cubrió con dos emisiones del bono de consolidación de deudas, la primera tanda fue por mil millones, la segunda por 565 millones, en total $1.565 millones.
A eso hay que agregarle los 500 millones de dólares del bono internacional, en pesos fueron $7.250 millones. Las diferencias tienen que ver con las diferentes cotizaciones del dólar durante el primer semestre del año.
Cabe aclarar que buena parte de los $7.250 millones fueron para pagar la amortización de deuda pública ya tomada antes. Fueron 4.622 millones en ese concepto, por lo que no aumentó la deuda en este punto.
Lo que sí incrementó la deuda de la Provincia fueron los 2.200 millones de pesos que tomó Pérez para pagar sueldos y los 2.200 que tomó Cornejo en los primeros días de su mandato para el mismo fin. A esto hay que agregar los 7,8 millones de dólares del nuevo helicóptero bimotor de la Policía de Mendoza.
Lo que se pide para 2017
La ley 8.816 sancionada antes de que Cornejo asumiera fue la que autorizó la emisión de bonos para pagar a los proveedores y también autorizó a tomar deuda para cubrir los vencimientos de deuda de 2016 y 2017.
Es decir, el Gobierno ya tiene autorizados $3.877 millones para amortizar acreencias, es decir cambiar deuda vieja por nueva; no aumenta el monto global, pero sí pueden cambiar las condiciones, particularmente plazo y tasa de interés; se estima que la tasa puede ser más baja porque la Nación ya arregló con los fondos buitres.
El tema es la nueva deuda. En su presentación ante los legisladores, el ministro Kerchner dijo que el déficit operativo apenas llegaría a 575 millones de pesos, pero que pediría 3.877 millones de pesos para hacer obra pública.
Desde el peronismo, la senadora Patricia Fadel prefirió no adelantarse, porque primero quieren discutir a fondo las otras dos leyes del paquete fiscal (Avalúo e Impositiva).
El tema es que el radicalismo tiene mayoría propia, puede avanzar sobre estas leyes en soledad. El oficialismo tiene un problema en el proyecto de ley de presupuesto y sólo en un artículo, el 39, que necesita dos tercios para su aprobación.
En voz baja, el FpV se señala, no sin cierta picardía, que al mes de junio de 2016 las cuentas del gobierno dan un superávit de 1.700 millones de pesos, al menos es lo que dice la ejecución presupuestaria publicada en el sitio web de Hacienda.
“Ese superavit no es definitivo, pero habría que ver cómo evoluciona el gasto de este año y si quedan ahorros”, comentan.
De todos modos, la jugada de Cornejo no pasa desapercibida en la Legislatura. Decir que el nuevo endeudamiento que se pretende es para obra pública, encierra una posibilidad: negociar el destino de esa plata con los intendentes del peronismo, algo que Cornejo ya ha hecho en lo que va de este año.
De hecho, el 31 de agosto, cuando Diputados se disponía a tratar la modificación del convenio colectivo de empleados del Casino oficial, el FpV se quebró y 8 diputados del peronismo que responden a intendentes se sentaron en sus bancas para dar quórum.
Un millón de pesos para acciones de género en las comunas
El gobierno de Alfredo Cornejo transfirió a los municipios un millón de pesos para la ejecución de acciones tendientes a “fortalecer a las áreas abocadas al abordaje de temas de género y diversidad de las distintas comunas de la provincia”.
Se busca “permitir una atención integral a mujeres en situación de violencia de género, contemplando también a personas del colectivo LGTB (Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transexuales) en situación de vulnerabilidad social y discriminación”.
El envío de fondos se llevó a cabo a través del programa Nuevas Redes de la Subsecretaría de Desarrollo Social, a cargo de Marcela Fernández. Los destinatarios son las áreas de la Mujer de los municipios de San Rafael, Godoy Cruz, General Alvear, Tupungato, San Martín, Maipú, Junín, Guaymallén, Las Heras, Tunuyán, Luján y Ciudad.
Según informó el gobierno provincial “lo correspondiente al resto de los municipios se encuentra en ejecución”. El programa Nuevas Redes es una línea de fortalecimiento económico creada con el fin de ayudar, a mujeres en situación de violencia y a personas trans en condiciones de vulnerabilidad, cuyos derechos no son respetados.
Y contempla acciones como: ayuda económica directa para víctimas de violencia; un programa de alquileres y garantías y un registro de los casos de agresión.
La remisión de estos fondos provinciales a las comunas se lleva a cabo cuando en el área de la Justicia se está implementando una fiscalía especial para los delitos de violencia de género mientras en el plano electoral se evalúa la aplicación del criterio de la “paridad de género” que reparte por mitades las candidaturas electivas.
