Deuda: a pesar del cruce opositor, el oficialismo sacó dictamen

El ministro de Economía, Axel Kicillof, y el secretario legal y técnico de la Presidencia, Carlos Zannini, defendieron ayer en la Cámara alta, con vehemencia, el proyecto de ley de pago local de la deuda externa y mantuvieron fuertes cruces con la oposición, que no apoya la iniciativa.

Cuando el debate estaba finalizando, el Frente para la Victoria y sus aliados firmaron el dictamen favorable a la propuesta del Ejecutivo de las comisiones de Relaciones Exteriores, de Economía e Inversión, y de Presupuesto y Hacienda. La semana que viene el tema llegará al recinto y tendría la media sanción.

“Si el Congreso se abstiene o no hace nada, entonces se transformará en la escribanía del fallo de Griesa”, chicaneó de entrada Kicillof a los opositores, que llegaron al plenario con una postura cristalizada de rechazar la ley o de abstenerse. El ministro afirmó que la situación planteada con los holdouts “es política” y señaló que los fondos de inversión que no entraron al canje tienen un plan “de cinco puntos” o de “cinco plagas” que empieza “con el ataque a la moneda argentina” y contempla generar mecanismos de extorsión “para que la Argentina pague lo que no tiene que pagar”.

En tanto, Zannini aseguró que la sentencia de la Justicia neoyorquina pone como “rehenes” a los tenedores de los títulos canjeados “con el objetivo de hacer volar por los aires la reestructuración de 2005 y 2010”. “No vamos a permitir que todo vuelva a 2001”, sostuvo.

Como el radicalismo, el peronismo federal y la centro-izquierda se mostraron inflexibles con sus argumentos. El puntano Adolfo Rodríguez Saá facturó al oficialismo haber prorrogado la jurisdicción de Nueva York cuando hizo los canjes. “Ahora tenemos que pagar los platos rotos”, se quejó. El jefe del bloque K, Miguel Pichetto, pidió ver “todo en contexto. En 2005 la Argentina era un país débil y nadie hubiera querido entrar al canje si poníamos legislación local”.

El titular del bloque radical, Gerardo Morales, le espetó a Kicillof: “Ustedes nos quieren coparticipar el fracaso de la negociación” y sostuvo que el Gobierno no necesita la ley en discusión para hacer el cambio de lugar de pago. Tampoco para remover al Bank of New York Mellon (BONY) como agente fiduciario y poner, en su lugar, a Nación Fideicomiso a fin de evitar que Griesa vuelva a inmovilizar los fondos transferidos a los bonistas reestructurados (como pasó a fin de junio). “Fracaso es su participación, que no se le cae ninguna idea para solucionar esto”, le respondió iracundo Kicillof a Morales.

Por su parte, Zannini aseguró que lo primordial es declarar “de interés público” y de “orden público” los canjes de 2005-2010 -como reza el artículo 1 del texto- para que el Ejecutivo pueda proceder al cambio de lugar de pago y crear las cuentas de Nación Fideicomiso en el Banco Central para depositar allí los vencimientos a los bonistas reestructurados y también a los holdouts (a quienes se vuelve a invitar a ingresar al canje).

Otro concepto que dejó el poderoso asesor de la Presidenta es que la Argentina tiene pensado no sólo demandar al BONY por no transferir los fondos depositados en junio - “por estar bajo la influencia del juez Griesa”- a los tenedores de bonos de los dos canjes, sino que también irá contra los fondos buitre porque con su accionar han lesionado derechos de propiedad de terceros (los holdings). “Pero no es con esta ley ni es éste el momento para proceder”, aclaró.

Sobre el final, el titular de la UCR, Ernesto Sanz, aclaró que su partido rechazará la iniciativa porque en ella se declara de interés público el canje 2010 “donde participaron personas jurídicas y físicas que están sospechadas de corrupción”, dijo en alusión al vicepresidente Amado Boudou, ex ministro de Economía en aquel entonces, quien tiene una denuncia judicial por la segunda etapa del canje.

Luego de escuchar a cuatro economistas invitados por la oposición que cuestionaron la estrategia del Gobierno (entre ellos el ex secretario de Finanzas, Guillermo Nielsen) la cobista Laura Montero cerró el plenario. “Tuvimos diez años para cambiar la sede de pago, porque siempre estuvo contemplado en los contratos como una posibilidad. El problema es que hay ahora una sentencia firme, por injusta que sea, y que como país nos sometimos a la jurisdicción de Nueva York. No veo que esta ley solucione ninguno de los problemas”, dijo.