“Sufrí la gran persecución que me hizo el señor Bento, respondiendo órdenes de la Presidencia de la Nación y del señor Mazzón, después del tratamiento que, como cámara, hicimos sobre la Ley de Medios, porque nunca antes tuve un solo reclamo de los organismos de Derechos Humanos ni una denuncia jurídica”.
La frase es del ex camarista Otilio Roque Romano, detenido desde hace dos años en el penal de San Felipe, durante una entrevista con Los Andes.
Romano llega a una sala de la dirección del penal, que sirvió de escenario para la charla, con una carpeta bajo el brazo donde acumula notas y muchas hojas extraídas de algunos de los muchos expedientes que tuvo en sus manos en los años de la dictadura.
Con ellos busca responder la acusación de ser cómplice de la represión porque omitió investigar denuncias de desapariciones. Para el destituido camarista, que es juzgado actualmente por casi un centenar de hechos, se trata de “casos fabricados” en su contra.
-¿Llegó a la Justicia durante el Proceso ?
-No. Fui nombrado por la presidente Isabel Perón en 1975, pero yo había entrado como secretario seis años antes.
-¿Y cómo fueron esos años?
-Ese tiempo había una guerra en el país y nosotros (habla por él y los otros magistrados acusados) impartíamos justicia en medio de esa guerra.
-¿Cómo se hacía?
-Muy difícil, porque lo primero que se viola en una guerra es la verdad. Se mentía, todos los medios de comunicación estaban censurados, nadie hablaba de eso y, principalmente, porque el accionar del Ejército era absolutamente clandestino. Eso se dijo y lo repitieron todos. Nadie en el país argumenta lo contrario. Es más, a nivel judicial ya lo dijeron la Corte y la Cámara en lo Criminal, en el fallo 13, que condenó a los comandantes.
-¿Y cuál es su defensa por los fallos que se le cuestionan en el juicio?
-Nosotros hacíamos lo que podíamos dentro de lo que sabíamos, e hicimos demasiado, porque en esos años vivimos amenazados de muerte por la Triple A y otras agrupaciones, como el Grupo de Oficiales Jóvenes.
Pero fueron más allá, cuando tras un fallo de la cámara, en respuesta a un hábeas corpus interpuesto por los doctores Alfredo Guevara y Faud Toum (abril de 1975), le pusieron una bomba en el domicilio al juez federal Oscar Ignacio Agüero. Mientras que otro escrito nos calificaba como magistrados “venales y cobardes” porque dictábamos sobreseimientos en favor de los subversivos.
-¿Eso fue denunciado en ese momento?
-Sí, el juez Guzzo inició una causa que fue remitida al Ejército y que el general Jorge Maradona respondió con un simple “a mí nadie me da órdenes”, recordando que la ley 21.460 “no transforma a las Fuerzas Armadas en auxiliares de la Justicia”.
-¿Y de qué lo acusaban?
-De dar libertades, firmar sobreseimientos y otras yerbas. La Justicia estaba totalmente marginada, la información que nos daban era falsa y con la Policía bajo las órdenes del Ejército, no podíamos hacer nada.
-¿Pero algo debe de haber podido hacer?
-Dicté el sobreseimiento del doctor Ricardo Balbín, del ex interventor Antonio Cafiero, del ex gobernador Carlos Arturo Mendoza y del ex interventor de la Provincia Luis María Rodríguez. También escribí un artículo cuestionando la ley de autoamnistía (absolverse de sus propios delitos) porque lo consideré “un acto disvalioso moralmente”. Con estos antecedentes de ayer, hoy me pregunto: ¿pude ser cómplice de la dictadura?
-Está acusado de no investigar denuncias, de propiciar la impunidad...
-Le recuerdo algunos casos como el de Ana Aramburu, Daniel Rabanal, Luz Faingold, Olga Zárate o Palero (uno de los fundadores del Frente de Izquierda Popular), por los que firmé libertades. También en cinco minutos le di prisión domiciliaria a Fiorti Castro, de 52 años, a pedido de su madre por una enfermedad, mientras que yo hoy, con 72 años, no puedo obtener ese beneficio.
Nosotros no podíamos tener presos sin condena. Era grave y es grave, pero yo no buscaba la condena, como lo están haciendo ahora conmigo, yo iba detrás de la verdad.
-¿Y qué dice sobre los hábeas corpus que debió resolver?
-Entre 1976 a 1981, en el país hubo 14.756 hábeas corpus por desaparición de personas, de los cuales se investigaron 9.319, con un 0 por ciento de resultado. Zaffaroni y Arslanian recibieron muchos más reclamos jurídicos que yo, pero parece que al único que hay que condenar es a Romano.
-¿Por qué escapó a Chile?
-No me escapé, me fui buscando asilo político por la persecución del señor Bento, el mismo que, fuera de su jurisdicción, trató de intervenir Cablevisión, hecho por el cual el propio Gobierno lo “salvó” en el Consejo de la Magistratura. Y lo hice después de que, respondiendo al pedido del ministro Adaro y la subsecretaria Ubaldini, Bento decidió “cortar” la indagatoria a la que me había sometido y en forma parcial dictarme el procesamiento.
Todo para salir a anunciarlo, con bombos y platillos, antes del 24 de marzo. Y lo hizo con el dictamen de dos fiscales de afuera, uno de ellos Javier de Luca, de Justicia Legítima, el mismo que desestimó la denuncia que estaba a punto de presentar el fiscal Alberto Nisman, que terminó costándole la vida.
-¿Usted amenazó de muerte a sus pares?
-Nunca amenace a nadie. Ni a Bento ni a Palermo ni a Vega. Si eso hubiera sido cierto tendrían, como magistrados, que haberlo denunciado y no hay denuncia alguna, fue algo más del circo que entre todos habían armado.
-¿Responderá las preguntas de la querella?
-Voy a contestarles a todos. Al fiscal, a la querella y, si me lo permiten, al público también.
-¿Que espera del juicio?
-Nada. Me hubiera gustado ser juzgado por otros magistrados como Miret, Guzzo, Petra o Carrizo, pero ahora no tengo muchas esperanzas.
