Los desafíos en el siglo XXI y la nueva Ley de Aguas

Un conjunto de criterios pueden constituir un aporte para el debate en torno a la reforma de la Ley de Aguas que está en proceso en la provincia de Mendoza. Sin perjuicio de otros que puedan incorporarse, ellos son:

* Agua como política de Estado.

* Incentivos para una mayor eficiencia.

* Gestión integrada de recursos hídricos.

* Consejos de cuenca.

* Aplicar el principio del “que contamina invierte”.

* Cultura del agua.

* Uso conjunto de agua superficial y subterránea.

En orden a ello y, específicamente en los contenidos del proyecto que sea elevado a la Legislatura, pueden sugerirse algunos aspectos:

Planificación hídrica

En conjunto con los planes de ordenamiento territorial y uso del suelo, se deberá contemplar un sistema de planificación del agua.

Ello, con el objeto de lograr la “racionalización” en el aprovechamiento del recurso hídrico en consideración hacia sus distintos usos, mejorando el grado de satisfacción de la demanda, protegiendo su calidad y procurando armonizarla con relación a los restantes recursos naturales.

La formulación del plan hídrico deberá estar a cargo del Departamento General de Irrigación con la participación efectiva de todos los entes públicos provinciales y municipales relacionados con el recurso, incluyendo las Inspecciones de Cauce, las Asociaciones de Inspecciones, el sector privado y organizaciones no gubernamentales.

El Plan Hídrico Provincial deberá contener.

* El inventario de los recursos hídricos provinciales.

* Los usos y demandas existentes y previsibles.

* La asignación de reserva de recursos para las concesiones actuales.

* Las normas básicas sobre mejoras y transformación de técnicas de riego y de otros usos que aseguren un mejor aprovechamiento.

* Las zonas de protección y las medidas para la conservación y recuperación del recurso hídrico.

* Las directrices para la recarga y protección de los acuíferos.

* Infraestructura básica requerida para el cumplimiento del plan.

Promoción de la eficiencia hídrica

Aumentar la eficiencia en el uso del agua tanto en el agro como en otros usos debe ser una prioridad. A la necesaria inversión pública en las redes primarias y secundarias, se debe agregar la que corresponde al sector privado al nivel de su parcela. Está comprobado que los recursos financieros que se destinan a apoyar a los productores agropecuarios tienen una influencia mayor por peso invertido que la inversión estatal en el mejoramiento de la eficiencia.

En ese sentido, una parte de lo que la Provincia recibe por las regalías del petróleo debe dedicarse a un fondo para la eficientización hídrica similar al sistema chileno. Esto es, favorecer a los pequeños y medianos productores y a las Inspecciones de Cauce para que inviertan en proyectos a través de procedimientos transparentes y públicos de adjudicación.

Plan plurianual de financiamiento de la infraestructura pública

A los efectos de avanzar en una política de Estado, la ley debiera contemplar la formulación de un plan plurianual de infraestructura relacionada con el uso del recurso hídrico. Ello permitiría tener un horizonte de largo plazo que dé certidumbre al sector privado y mejore el clima de inversiones productivas, con el consiguiente impacto en el mejoramiento del nivel de empleo y salarios.

El plan plurianual de inversiones por cuenca deberá cumplir con varias condiciones:

* Facilitar la distribución y brindar mejor servicio al usuario del agua.

* Incentivar la eficiencia hidráulica de los sistemas.

* Proteger al agua y al medio ambiente que la rodea.

* Incluir todos los usos y las necesidades de la red hídrica considerando los aluviones y los humedales.

Modificación del artículo 188 de la Constitución provincial

En el siguiente sentido: “Todos los asuntos que se refieran a la administración de las aguas de la provincia, que no sean de competencia de la justicia ordinaria, estarán a cargo de un Departamento General de Aguas, que tendrá las atribuciones de supervisar el funcionamiento de las Inspecciones de Cauce y Asociación de Inspecciones y coordinar el de las demás entidades con atribuciones respecto a la administración de los distintos usos del agua, además de las que por la Constitución y leyes corresponden al Departamento General de Irrigación.

El Departamento General de Aguas estará integrado por un superintendente nombrado por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado y de un Consejo compuesto de cinco miembros designados en la misma forma y demás autoridades que determine la ley. Los miembros del consejo serán elegidos por el Poder Ejecutivo de una terna que propondrán los usuarios del agua de cada río a través de elecciones en las que participarán todas las Inspecciones de Cauce y en la forma que determine el Poder Ejecutivo”.

Mejor gobernanza

Se considera muy útil avanzar en un mayor protagonismo y participación de los usuarios. En ese sentido, pueden considerarse las siguientes iniciativas:

* Fortalecer el empoderamiento de las Inspecciones de Cauce y asignarles funciones relacionadas con el uso del agua subterránea a los efectos de avanzar en el uso conjunto e imposibilitar acciones de discrecionalidad como las que sucedieron en un pasado reciente

* Analizar otras acciones de las Inspecciones y Asociaciones que puedan realizar en torno al asociativismo productivo, tanto en lo que se refiere a la compra de insumos como a la comercialización, favoreciendo la integración de los productores.