De víctimas a victimarios, el suicidio de la sociedad

Quiero referirme al infortunio de un médico argentino, teniendo que defender su integridad física, entre tantos casos repetitivos; abundan argumentos y causales para calificar el hecho como de legítima defensa, calcado del Código, sobradamente.

El delincuente “salió de caño” en busca de su “presa” dispuesto a matar o morir; el profesional terminaba su tarea de paliar el dolor y sufrimiento ajeno para dirigirse a su casa buscando descanso y la compañía de su familia.

Sin provocación alguna, se ve abordado por delincuentes que lo agreden físicamente, lo tiran del vehículo y, en el suelo, le pisan las piernas e intentan atropellarlo nuevamente. Lógica y razonablemente se defiende legítimamente de la agresión con los elementos a su alcance, un arma de fuego.

El antisocial predeterminó, pensó, ideó, premeditó y preparó su accionar. Para la víctima resultó una circunstancia inesperada, sorpresiva, impensada, angustiante y shockeante, de ahí lo razonable y proporcionada de la reacción.

Corresponde el análisis, tanto desde el punto de vista jurídico como de la lógica, razonabilidad, criterio y sentido común.

El art. 34 inc. 6º del Código Penal argentino establece que no es punible quien obrare en defensa propia o de sus derechos, siempre que concurran las siguientes circunstancias: a) agresión ilegítima, b) necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla, c) falta de provocación suficiente por parte del que se defiende.

La agresión sufrida por la víctima fue total, absoluta e incuestionablemente ilegítima. Nada justificaba la acción del delincuente, cuyo único fin era robar sin que le importaran las consecuencias.

Respecto del medio empleado para impedir o repeler el hecho, el delincuente venía munido de un pistolón, aplicó un fuerte golpe en la cabeza de la víctima, la sacó violentamente del auto y la atropelló una vez, con intención de reincidir.

La conducta ante semejante ataque encuadraba claramente en el concepto de legítima defensa; se trataba de su vida o de la del ladrón.

Estamos mentalizados, ante la reiteración de delitos, a la actitud de los agresores, totalmente imprevisible, dependiendo de su estado de ánimo, si está o no drogado, su grado de resentimiento, el perfil de la víctima e innumerables circunstancias más, siempre sin códigos.

El agredido es un enfermo cardíaco crónico, con tres stent, diabético, hipertenso y anticoagulado. Ello hace que la reacción sea proporcionada, adecuada y racional como persona disminuida, vulnerable ante un golpe de puño en el pecho, ni hablar de la impresión, susto y shock, aún para un sano. Se justifica el actuar de la víctima, siendo su conducta socialmente irreprochable.

El último requisito: ninguna provocación existió por parte del atacado, nada que justificara la agresión.

Sin embargo, se da la calificación de homicidio agravado por el uso de arma de fuego; inconcebible. Por eso decimos que no sólo hay que considerar el aspecto jurídico; también hay otros factores, lógica, criterio y sentido común. Estamos, además, ante un caso de “legítima defensa extrema”. Se lo detiene; cuando se impone dejarlo en libertad, investigar lo sucedido y luego imputarlo y/o detenerlo, dictarle la inmediata prisión domiciliaria para evitar mayores males. La víctima es culpable hasta tanto demuestre su inocencia.

Si el médico hubiera muerto, ocupaba media hora en los medios, acostumbrados a padecer inseguridad, no a que la peor parte la lleve el delincuente.

Vamos hacia la disgregación de la sociedad, su autodestrucción, un suicidio colectivo. Al galeno también lo mataron: su trabajo, familia, vida de relación, de pareja.

Nadie que pasa por un trance así vuelve a ser el mismo, bien lo saben las miles de familias víctimas del delito.

Valiosos son los que trabajan, estudian, educan a sus hijos ejemplarmente, pagan impuestos. La lacra disociadora: los que salen a delinquir y a matar.

Convertimos a las víctimas en victimarios. Los delincuentes no son víctimas; su propia familia tiene malos ejemplos, manejo de armas en la casa, enfrentamientos entre bandas, allanamientos con presencia de niños, convivencia con la droga.

Se agregan el remisero, el carnicero y miles más, mientras que al padre del niño de veinte días, muerto en un asalto, ya nadie lo recuerda. Estamos en una guerra declarada, los malos contra los buenos. No son hechos aislados; el último año, en Buenos Aires murieron 163 víctimas y 56 delincuentes. No hay excesos, cuando lo legítimo es que la sociedad se defienda ante la ausencia de un Estado sin respuestas claras al mayor problema que nos aqueja.

La seguridad debe ser una política de Estado. Tenemos que preservar y defender al decente, no al delincuente. Existe la pena de muerte a mano de los delincuentes pero los condenados no gozan de un justo juicio ni de defensa alguna, quedan a merced del atacante... quien decide si la víctima vive o muere.

Los derechos humanos son fundamentalmente para los humanos derechos no para los que salen a matar por una campera, un par de zapatillas o un celular.

También se imponen audiencias públicas para saber cuál es la opinión y el pensamiento de los ciudadanos, si seguir camino al abismo o aplicar exigencia cien y tolerancia cero, sin cambiar leyes, simplemente aplicando las que existen. Los países más seguros son los que más rigurosamente aplican las leyes.

Víctimas son los robados, abusados, violados y asesinados, nunca los delincuentes. La sociedad debe crear sus propias defensas como el organismo humano, expulsando toda escoria e impureza que la intoxica, enferma, destruye y mata.