Entre los rituales de la democracia se cuenta el inicio del año judicial. Ayer las máximas autoridades de los poderes Ejecutivo y Judicial se vieron las caras oficial y públicamente después del cruce tenso de fines del año pasado, cuando una parte de la Suprema Corte emitió un fallo que desató la ira en Casa de Gobierno. Hubo dos discursos: uno del presidente de la Suprema Corte, Pedro Llorente, y el del gobernador Alfredo Cornejo. El dato es que Cornejo tuvo un gesto hacia el procurador general de la Suprema Corte, Rodolfo González.
En realidad fue una de cal y una de arena para con el procurador González, funcionario encargado de coordinar la tarea de los fiscales como investigadores de los delitos. El Gobernador dijo que no había buenos resultados en la persecución criminal, pero inmediatamente aclaró que “no es de ninguna manera responsabilidad del procurador del Ministerio Público que no alcancemos los mejores resultados. Muy por el contrario, el procurador ha hecho un gran trabajo”.
Podría considerarse un aval político al funcionario, que también cuestionó aquel fallo y está en el centro de sutiles presiones de una parte de la Suprema Corte.
La historia nace en una sentencia que se conoció horas antes de la Navidad pasada. Firmada por los supremos Jorge Nanclares, Alejandro Pérez Hualde, Omar Palermo y Julio Gómez, venía a resolver un amparo presentado por la organización de derechos humanos Xumek, por las condiciones de detención de muchos presos mantenidos tras las rejas con prisiones preventivas “irregulares” porque no fueron convalidadas por un juez de garantías.
El fallo indicaba que los fiscales deberán informar a los jueces de Garantías dentro de las 24 horas de producida alguna detención y estos tendrán otras 24 horas para resolver si corresponde o no mantener en prisión al detenido. Además, ordenaba regularizar, en el plazo de 60 días, la situación procesal de más de 800 personas detenidas sin orden del juez competente.
El fallo enojó al Ejecutivo, pero la decisión estaba destinada a González. Es que supuestamente los subalternos del procurador geneal detienen gente sin dar intervención a un juez competente. Entonces, la furia del gobernador Cornejo intervino en una puja silente del Poder Judicial. El procurador González, rápido de reflejos y aprovechando la ira oficial, recurrió la decisión y pidió que fuera la Corte Suprema de la Nación la que tomara la decisión definitiva. De esa forma, el fallo quedó suspendido.
La Corte parece tener una grieta. De un lado están Gómez, Palermo y Pérez Hualde; del otro están Llorente, Herman Salvini y Mario Adaro. Al séptimo hombre, Nanclares, se lo considera un pivot. Los procesos políticos son dinámicos y casi sin querer surgen alianzas y adversarios. Una decisión puso a Cornejo en la vereda de enfrente de Palermo, Gómez y Pérez Hualde y en alianza con Llorente, Salvini, Adaro y el procurador González. Así es que el aval que ayer dio Cornejo al jefe de los fiscales sin duda se sintió a ambos lados de la grieta suprema.
Llorente y Cornejo coincidieron en la cordialidad y la agenda de temas que plantearon en sus discursos. El titular de la Suprema Corte se extendió en la modernización del Poder Judicial, la necesidad de agilizar los procesos y en los avances logrados al respecto, a pesar del hecho de que uno de cada cuatro mendocinos tiene una causa judicial, un indicador de la elevada litigiosidad que hay en la provincia.
Mirando hacia el futuro, Llorente habló de avanzar hacia la oralidad en todos los fueros judiciales. La oralidad es uno de los berretines de Cornejo para el fuero penal, herramienta que considera clave para mejorar la seguridad.
Así es que hubo coincidencias varias entre ambos. El problema es que toda modificación sale plata o, al menos, es una buena excusa para pedirla. Llorente la pidió, argumentando que el presupuesto judicial asciende al 4% del total de gastos del Estado provincial.
Cornejo le respondió que “el gasto del Estado provincial representa el 22% del PBG, la cifra más alta de la historia de la provincia, el doble de lo que se gastaba hace nueve años... La mala noticia es que cada vez funcionan peor el sistema educativo, el sistema de salud, el de seguridad y también el de Justicia; es decir cada vez ponemos más plata pero estamos teniendo pobres resultados”.
Tras esto, el Gobernador fue directo y “con todo respeto”, aseguró que “la Suprema Corte tiene tratar de hacer lo que me está costando mucho hacer, que es mejorar la eficiencia”.
Casi una fiesta familiar
El acto de inicio del año judicial es un encuentro protocolar, pero ayer en algún momento pareció una fiesta familiar, en la que el presidente de la Suprema Corte, Pedro Llorente, fue agasajado por sus nietas, que bailaron ante la atenta mirada de magistrados y los atónitos funcionarios y legisladores que no entendían la razón del espectáculo.
Una fiesta familiar en el seno de la “familia judicial”. Si es posible que los magistrados perpetúen su apellido sembrando familiares en las distintas áreas del Poder Judicial, es normal que dos nietas del presidente de la Suprema Corte bailen en las celebraciones de esa extensa familia.
Otro momento saliente fue cuando el titular de la Suprema Corte dijo que durante la gestión de Francisco Pérez se inició un “proyecto de modernización”, que incluía nuevos sistemas informáticos y la reingeniería de todos los procesos internos. "Lamentablemente no pudo ser completado debido a enormes atrasos en los pagos”, se quejó Llorente. Cornejo se comprometió a poner al día los pagos.
