La polémica generada por la presentación de las declaraciones patrimoniales de los actuales funcionarios derivó en la necesidad de legislar al respecto. Lo dijo el gobernador, Alfredo Cornejo y también el legislador justicialista Jorge Tanús, aunque con visiones distintas del problema.
Para el mandatario, es “probable” que los legisladores deban abocarse a encarar, como ya sucedió otras veces, una ley de “ética pública”. Mientras, el peronista envió un proyecto “para transformar en ley” el decreto 1789/15, actual norma que reglamenta las Declaraciones Juradas.
En realidad, con estas dos posiciones se aprecian diferencias. Para el Gobernador, el decreto que firmó su antecesor, Francisco Pérez, en octubre del año pasado, “tiene un montón de imperfecciones”. Entre ellas, citó la situación que se da al poner el valor de las propiedades, sin aclarar “si es valor fiscal o de mercado”.
Es el caso que se dio con inmuebles como el que declaró la vicegobernadora Laura Montero, valuado por ella en apenas $ 0,70.
Situaciones como ésa generaron fuerte controversia y los propios funcionarios se quejaron por la forma de hacer las presentaciones, que no siempre revistió claridad.
Pero, además, Cornejo no consideró justa la situación actual. “No todos los funcionarios tienen la obligación de presentar”, dijo. En consecuencia planteó la necesidad de ir por una “ley integral de ética pública que incluya a los tres poderes”. Así, puso el acento en el hecho que jueces y fiscales no publican sus patrimonios ni se exponen como sí lo hacen los miembros del Ejecutivo y del Legislativo.
Ésta fue la coincidencia con Tanús, quien en su proyecto pretende “incorporar precisiones” en la entrega de declaraciones juradas y “que se incluyan a los tres poderes”. Aunque para él, el decreto de Pérez “es una buena norma”.
Desde su visión "está bien hecho", aunque "debe convertirse en ley para poder aplicar penalidades ante una eventual omisión manifiesta".
Más allá de las diferencias, ambos políticos coinciden en el espíritu del decreto o de una eventual ley. "El concepto es que la ciudadanía pueda observar la situación patrimonial de los funcionarios al principio y al final de la gestión", dijo Cornejo. Tanús coincidió.
Hasta ahora, ha habido varios proyectos de ley de “ética pública” y similares que no han logrado aprobación. De hecho, el decreto 1789/15 plantea eso en sus considerandos.
A nivel nacional está la Ley 25.188, de “ética en el ejercicio de la función pública”, a la cual Mendoza no ha adherido.
El último proyecto local es el del radical Tadeo García Zalazar. Tampoco avanzó.
La semana pasada, antes de que se conocieran estas declaraciones juradas, la senadora radical Daniela García y su par, Ernesto Mancinelli (Libres del Sur), presentaron un proyecto de “acceso a la información pública”.
En esa oportunidad, la vicegobernadora Montero habló de avanzar en una ley de “ética pública” provincial.
