El gobierno de Alfredo Cornejo quiere asegurarse de que al menos los empleados estatales estén al día con los impuestos provinciales.
Por eso, el pasado 14 de agosto publicó en el Boletín Oficial el decreto 1.267/17, a través del cual obliga a la mayoría de los agentes públicos a presentar el “certificado de libre deuda” en la Administración Tributaria Mendoza (ATM), o al menos “un plan de pago vigente”.
La medida provocó la reacción adversa de algunos políticos opositores y de sindicalistas.
La norma fue emitida el 31 de julio y lleva la firma del Gobernador y de cuatro de los cinco ministros de su gabinete (Claudia Najul, de Salud, estaba de licencia en ese momento por la campaña).
Y plantea la “continuidad automática” desde el 1 de agosto al 31 de octubre de todos los trabajadores contratados de planta temporaria, de los contratados bajo sistemas de locación de obras o servicios y los de planta permanente que posean alguna adscripción o reciban adicionales o suplementos.
Pero para que esa continuidad se haga efectiva después, a partir del 1 de noviembre, el artículo 4° del decreto ordena que esos mismos agentes presenten “el 'certificado de libre deuda' de impuestos provinciales actualizado o plan de pago vigente”.
Ese mismo artículo aclara al principio que “no podrán ser incluidas” en las categorías afectadas quienes no cumplan con este requisito. En otras palabras, se darán de baja las adscripciones y los adicionales y suplementos a los empleados de planta permanente. Y también se darán de baja los contratos temporarios si no regularizan su situación con ATM.
La medida generó airosas protestas de la oposición. El presidente del PJ y candidato a diputado nacional en las elecciones de octubre, Omar Félix, trató de “ridículo requisito” al hecho de tener que presentar el certificado.
“Exigir impuestos al día a trabajadores públicos como requisito de continuidad laboral es burdamente inconstitucional”, lanzó además Félix. Y le pidió a Cornejo que “anule ya” el decreto.
Otro peronista, el diputado provincial y también candidato a diputado nacional Jorge Tanús, en primera instancia dijo que la medida implica una “persecución a los trabajadores”. Y si bien aceptó que “es legal”, a partir de la Ley Impositiva de este año (8.923) consideró “inoportuna” la exigencia. “Los impuestos han subido 40% y los sueldos 17%, no es buen momento”, añadió.
Desde Sitea, Víctor Dagfal también criticó la norma. “Es una amenaza a los empleados de planta permanente y temporaria”, dijo.
Y a diferencia de los opositores, el gremialista dudó de la legalidad de la norma. “La estamos analizando con nuestros abogados. En el estatuto del empleado público no aparece una acción coercitiva de esta naturaleza”, explicó.
Y recordó que “el empleado público es igual que cualquier ciudadano común. Existen formas -como las cartas documento o los apremios- para exigirles que paguen”.
Cultura tributaria
Desde el Gobierno, el vocero autorizado a responder los cuestionamientos fue el titular de ATM, Alejandro Donati.
El funcionario dejó en claro que su rol es “meramente técnico” y que el organismo “administra las normas”, dejándole el fundamento político al Ministerio de Gobierno, que conduce el abogado Dalmiro Garay.
En ese sentido, Donati se limitó a confirmar la exigencia requerida en el decreto, “que sirve para generar cultura tributaria” en los empleados.
“No es presión ni actitud coercitiva, es para que puedan acceder a los planes de pago”, resaltó Donati, que antepuso la posibilidad que otorgan esos planes al propio pago de las deudas.
En cierta forma, el jefe de la ATM coincidió con Dagfal al reconocer que el comportamiento tributario de los empleados públicos “es similar al de la ciudadanía común”. En ese sentido, informó que “entre el 70% y el 80%” cumplen con el pago de impuestos.
