Confirman que la Policía bonaerense espió a los ex combatientes de Malvinas aún en democracia

La Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (Dippba) llevó a cabo seguimientos y espionajes a ex combatientes de la Guerra de Malvinas, aún durante la democracia, según documentos que fueron confeccionados por ese organismo y que actualmente están en poder de la Comisión Provincial de la Memoria (bonaerense).

Según los documentos, el antiguo servicio de inteligencia de la Policía bonaerense, disuelto en 2000, recabó información sobre los ex combatientes a partir de la finalización de conflicto del Atlántico Sur, pero también documentó las actividades y el comportamiento de la población civil durante la guerra con el Reino Unido por la soberanía de las islas.

"Siempre supimos que nos vigilaban y había gente infiltrada de los servicios de inteligencia en nuestras organizaciones. No sólo por agentes de la Dippba, sino también por personal que pertenecía al aparato de inteligencia de las Fuerzas Armadas. Eran procedimientos propios de la lógica de la doctrina de seguridad nacional", señaló a esta agencia Ernesto Alonso, referente del Centro de Ex Combatientes de las Islas Malvinas (Cecim) de La Plata.

La ley 25326 de Protección de Datos Personales resguarda las identidades de las personas que fueron víctimas de seguimientos de los servicios de inteligencia, aun cuando los documentos que registran esas actividades adquieran carácter público.

En el legajo 18296 de la Dippba, suministrado por la CPM, y fechado en noviembre de 1983 -a días del final de la última dictadura cívico militar- se ilustra la manera en la cual eran vigilados los soldados que habían prestado servicio en Malvinas.

Con la firma del comisario Rodolfo de Souza, se ordena a los agentes de la Dippba, con base en Lanús, hacer una investigación sobre un joven ex combatiente, residente en la localidad de Luis Guillón y con 20 años recién cumplidos, que pedía un trabajo en la Gobernación de la provincia.

El oficial superior de la Bonaerense ordena que los agentes recaben información sobre el solicitante con el propósito de describir su "ambiente familiar, su filiación ideológica y cualquier otro dato que se considere útil". Tras una prolongada indagación, se concluye que la persona investigada "no tiene antecedentes ideológicos o penales, goza de buen concepto entre sus vecinos e integra una familia de sólidos principios cristianos".

"El motivo principal porque el cual nos vigilaban era porque tenían miedo de que contáramos los abusos que habíamos sufrido en las islas. Cuando llegamos nos internaron en Campo de Mayo y estuvimos en contacto con personal que había participado en la represión ilegal. Estuvimos aislados varios días y ahí, seguramente se gestó la idea de seguirnos en la vida civil", observó Alonso.

Diez años después de haber concluido el conflicto, surgieron denuncias sobre fusilamientos de soldados argentinos a manos de efectivos británicos durante la contienda, la Dippba informó sobre los denunciantes y los actos conmemorativos por la gesta de Malvinas.

En el legajo 18715 del organismo se daba cuenta de los actos, los lugares en los que eran organizados, las autoridades que concurrían y se consignaba también si a estos homenajes contaban con la adhesión de los partidos políticos. Además, era detalladas las movilizaciones de los centros y asociaciones de los veteranos de Guerra cada 2 de abril, así como las actividades académicas organizadas por las asociaciones intermedias referidas al tema. En ese sentido, un documento interno de agosto de 1988, requiere que se indague sobre una charla que se realizaría en la localidad de Mercedes, y que estaría a cargo de un investigador del Conicet, cuya identidad está protegida en el material.

En ese mismo expediente, se acumulan numerosos recortes periodísticos sobre las repercusiones que tuvo el juicio que en el Consejo de Guerra se llevó a cabo a los integrantes de la Junta Militar que gobernaba el país al momento del conflicto.

Sin embargo, la Dippba compuso materiales durante la guerra que tuvo lugar entre abril y junio de 1982, en los que consignaba el apoyo popular al conflicto, las actos de apoyo a las tropas destacadas en las islas y de las actividades cumplidas por "las minorías extranjeras" durante el conflicto. En el legajo 18017, compuesto por varios tomos, el servicio de inteligencia policial le solicita a sus agentes desplegados en el territorio bonaerense que informen sobre la compra de alimentos o las disminuciones en la comercialización de algunos artículos en los días de la guerra.

Tras la derrota, la dependencia policial dio cuenta de cómo los partidos de izquierda intentaban "capitalizar la derrota" al presentar a los soldados en sus actos políticos.

"La Federación Juvenil Comunista ha logrado hacerse cargo del tema ex combatientes, adelantándose a todo intento oficial de regular y/ o impulsar esta actividad. (...) Conformados e influidos de esta manera, los centros de ex combatientes se han convertido en entidades opositoras al PRN 1/8Proceso de Reorganización Nacional3/8 y las FF.AA", según se sostiene en el legajo 20020 de la Dippba.

"En esos años, éramos jóvenes sospechosos y nos espiaban. Hoy, las organizaciones de ex combatientes luchamos para que se investiguen las vejaciones que sufrimos en Malvinas. Por eso seguimos trabajando para que avance la causa judicial radicada en Río Grande, Tierra del Fuego que aborda este tema", precisó Alonso. En la actualidad, un expediente radicado en el Juzgado Federal de Instrucción 1 de la Plata investiga la responsabilidad que tuvo la Dippba en el secuestro y la posterior desaparición de las víctimas del terrorismo de Estado.