El maratónico proceso de expropiación que ya acumula 15 años y abarca 700 mil hectáreas del secano de Lavalle, en manos de 500 propietarios, para transferirlas en condiciones de posesión comunitaria a cuatro mil descendientes huarpes, ayer sumó un nuevo dato.
El representante de las comunidades milcayac, Miguel Tello -patrocinado por el abogado Fidel Bustelo- presentó un pedido de jury contra el fiscal de Estado, Fernando Simón. Consideran que ha incurrido en 'omisión dolosa' porque “no cumple con la obligación legal de finalizar el proceso expropiatorio”.
En la Fiscalía de Estado niegan inacción, aseguran que avanzan en el proceso y afirman que el 17 de noviembre pasado entregaron en tribunales el listado actualizado con las personas físicas y jurídicas a expropiar.
Voceros del organismo dicen que el juzgado interviniente ha librado los oficios para completar la nómina con documentos y domicilios y que prepara la notificación de la medida.
Según trascendió, Simón es partidario de una ley especial de procedimiento expropiatorio que agilice las notificaciones y los avalúos, en un caso con magnitudes y complejidades particulares.
Tello y Bustelo se reunieron en octubre con Simón y en noviembre con la vicegobernadora Laura Montero y denunciaron ‘el cajoneo’ del tema.
Todo se inició en 2001 cuando la Legislatura aprobó la ley 6920 que reconoció derechos de propiedad comunitaria a descendientes huarpes. La expropiación dispuesta fue cuestionada por el ex fiscal de Estado, Pedro Sin.
Su postura motivó una intervención de la Suprema Corte que demoró siete años en concluir que la ley era válida y debía procederse con las expropiaciones.
Desde 2008 a la actualidad, el proceso ha pasado por etapas de avances y de estancamiento sin que haya llegado aún a su aplicación final.
