El nombramiento de Alberto Bochatey como obispo comisario (interventor) a nivel mundial en la congregación de la que depende la orden religiosa Antonio Próvolo ha generado todo tipo de repercusiones. Sobre todo si se tiene en cuenta que, a nivel eclesiástico, puede significar apenas la punta del iceberg que asoma sobre la superficie.
La decisión la tomó el propio Papa Francisco la semana pasada a raíz de las denuncias por abuso sexual a menores sordos que asistían a la sede mendocina del instituto religioso; y luego de que los investigadores de la Santa Sede le entregaran en mano recientemente las conclusiones de la investigación eclesiástica centrada en los sacerdotes Nicola Corradi (81) y Horacio Corbacho (58).
Ambos curas se desempeñaban en la sede local del Próvolo hasta su clausura -noviembre del año pasado- y están acusados por los aberrantes episodios.
De hecho, la decisión del Papa se presenta como la primera respuesta ante una gran cantidad de desmanejos y serias irregularidades detectadas en la administración de la orden (con sedes en Verona -central-, La Plata y Mendoza), así como también a la falta de intervención de ésta ante las denuncias.
Pero no todo quedaría aquí, sino que -tal como publicó Los Andes ayer-, el informe de los investigadores enviados por el Vaticano (Dante Simón y Juan Martínez) también comprometería severamente a los 2 curas que se desempeñaban en el instituto mendocino en la época de los ataques sexuales denunciados.
Con esta información en su poder -y previo análisis detallado-, una de las posibles resoluciones de la Santa Sede podría ser la de expulsar a ambos religiosos como sacerdotes.
Ante situación, el abogado representante de la Red de sobrevivientes de abusos eclesiásticos en Mendoza, Carlos Lombardi, y los abogados querellantes de la causa penal que transcurre por estos días en los Tribunales mendocinos reiteraron el reclamo hacia el Vaticano para que aporte a dicha causa el material recolectado por los investigadores eclesiásticos y que involucra a Corradi y Corbacho.
El reclamo ya había sido efectuado en mayo, cuando Simón y Martínez estuvieron por Mendoza y fueron citados por el Ministerio Público Fiscal en calidad de testigos. En aquella oportunidad, los investigadores se excusaron de hacerlo amparándose en el concordato suscripto entre el Estado argentino y el Vaticano, donde se reconoce la facultad de la Iglesia para desarrollar sus actividades.
“Luego del caso Iván González contra el Arzobispado de Mendoza (NdA: entre 2001 y 2002 el sacerdote Jorge Luis Morello abusó de Iván, quien presentó la demanda en 2010 y en 2015 se conoció la sentencia de la Corte) hay un fallo que establece que, más allá del Concordato, la propia Iglesia tiene la obligación de aportar información”, destacó Lombardi.
Por su parte, el abogado Sergio Salinas (Xumek) indicó que presentarán hoy ante la Justicia un escrito para oficializar nuevamente el pedido.
“Teniendo en cuenta que oportunamente pedimos que se intime a Dante Simón a aportar información y que aún no se resuelve ese pedido, mañana (por hoy) vamos a insistir en que se lo vuelve a intimar -a él o a quien corresponda en nombre de la Iglesia- conforme a la condena que ya tiene en contra el Arzobispado por el caso Iván González. Más teniendo en cuenta que ya declaró públicamente haberse entrevistado con una víctima”, explicó Salinas, quien consideró que el resto de la Iglesia tenía conocimiento de las irregularidades del Próvolo desde hace tiempo.
“Si el Vaticano quiere hablar con las víctimas, tendrá que hablar con ellas y con todos los querellantes. Queremos evitar que se sigan vulnerando los derechos”, sintetizó el abogado.
Por su parte, fuentes eclesiásticas destacaron que esa información ya está en manos del Vaticano. De esta manera, en caso de que la Justicia mendocina la precise, deberá solicitarla directamente a la Santa Sede y de la forma en que se articulan estos mecanismos entre dos Estados, sujetándose al Derecho internacional.
No confían en Bochatey
“No me extraña la posición soberbia de Bochatey, ya que representa a una institución que viola los Derechos Humanos, en este caso los del Niño y de las Personas con Discapacidad. Y sigue en la misma línea de las antiguas autoridades, con su impronta autoritaria y dejando entrever dudas sobre las denuncias en Italia”.
Contundente, el abogado Carlos Lombardi (de la Red de Sobrevivientes de abusos eclesiásticos) dejó en claro que descree del flamante rol de Alberto Bochatey, interventor de la Compañía de María para la Educación de Sordomudos.
En la entrevista publicada ayer por Los Andes, Bochatey destacó que su objetivo es que se conozca la verdad de lo ocurrido en la sede de Boedo 385 (Carrodilla), y dice que no tiene conocimiento de causas abiertas o prescriptas por abusos en Italia -donde también se señala a Nicola Corradi como uno de los acusados-.
“Las denuncias se presentaron y la propia Justicia italiana las declaró prescriptas. Con sus declaraciones, Bochatey pone en duda además la investigación que el propio Vaticano realizó en 2010 sobre estos episodios en Verona (sede central del Próvolo), y donde -basándose en un documento falso y con fechas alteradas- se concluyó que no había evidencias de abusos”, siguió Lombardi.
Según explicó el abogado, el 29 de mayo de 2009 se conocieron las primeras denuncias por abuso en el Próvolo de Verona, mientras que a nivel eclesiástico había denuncias desde enero de ese año. En ellas -realizadas por más de 60 víctimas- estaban involucrados 26 sacerdotes, de los cuales 13 fueron trasladados a Argentina (entre ellos Corradi).
Según relataron, los ataques habrían ocurrido entre 1950 y 1980. “Siendo malpensado, creo que (Bochatey) niega las denuncias en Italia porque siempre se ponen en duda las acusaciones de las víctimas. También declara que quiere juntarse con las víctimas, cuando es algo totalmente desaconsejable y por eso la querella se opone.
Pero no quieren reunirse con los abogados porque en el fondo lo que buscan es seguir manipulando a las víctimas”, explicó.
Otro de los cuestionamientos de Lombardi a Bochatey apunta a que el interventor pidió que se revise la clausura del instituto lujanino, al que consideró “de excelencia”.
“Sigue la línea de las ex autoridades de Verona, que buscaban levantar la clausura y reabrir el instituto como sea. Acá tiene que haber un mínimo de solidaridad con las víctimas, y que se mantenga como está hasta tanto se sepa qué pasó. El destino del lugar lo tiene que definir el Estado y nadie más. Pretender rehabilitar el instituto donde los hechos están siendo investigados y probados es algo similar a lo que podría significar querer reabrir la ESMA (Escuela de Mecánica de la Armada)”.
