Caso Nisman: visión externa e interna

El acuerdo con Irán, quizás ha sido la acción de política exterior menos comprensible de Cristina Fernández. Ahora también puede ser la que le genere mayor costo político.

Por Rosendo Fraga - Director del Centro de Estudios Unión para la Nueva Mayoría. Especial para Los Andes

El análisis del caso Nisman tiene dos visiones: lo que significa internacionalmente y sus efectos locales.

Posiblemente, -su denuncia y posterior muerte- sea el hecho que ha tenido más repercusión internacional en los casi doce años de gobierno del kirchnerismo.

Ello se entiende porque está vinculado al terrorismo fundamentalista islámico, que hoy es el conflicto de seguridad internacional que ocupa el centro de atención, lo que mediáticamente está reforzado por el reciente atentado de París.

Como ejemplo, The New York Times ha llegado a plantear que un equipo internacional debe hacerse cargo de la investigación para garantizar su eficacia. Legisladores estadounidenses han llegado a proponer que se aplique (a los funcionarios argentinos) sanciones como las que se han impuesto a funcionarios rusos por la anexión de Crimea; las Naciones Unidas han planteado la necesidad de una investigación rápida e independiente.

La investigación del atentado de la AMIA ha tenido tres enfoques diferentes en las dos décadas que lleva..
En el primero, que se inicia en la primera presidencia de Menem y se prolonga hasta la presidencia de Kirchner durante una década, la Argentina acusa por ambos hechos a Hezbollah, la milicia del Islam chiíta que, con base en el sur del Líbano, opera desde Palestina contra Israel.

La Argentina pedía entonces, vía Interpol, la captura del jefe de operaciones de Hezbollah, Imad Muhniyad -entre otros-, a quien acusaba de participar en la organización de los dos atentados. Muere en Damasco (la capital de Siria) en un atentado explosivo en febrero de 2008, que su organización adjudicó a servicios de inteligencia israelíes.

En la segunda etapa, con Kirchner en la Presidencia, la investigación por el atentado de la AMIA gira y se enfoca en Irán y su gobierno como responsable del atentado.

El fiscal Nisman es designado para hacerse cargo de la causa y un equipo de la Secretaría de Inteligencia es asignado para trabajar con él. Su acusación -de casi 1.000 páginas- concreta el nuevo enfoque.

Este giro en la acusación es elogiado por EEUU e Israel, que veían a Irán, la potencia del Islam chiíta en Oriente Medio, como la grave amenaza por su proyecto nuclear.

En esta segunda etapa los acusados son funcionarios de Irán. Varios de ellos han integrado el gabinete ministerial.

La tercera etapa se pone en marcha en la segunda Presidencia de Cristina Fernández. En 2012 la Argentina cambia su política exterior respecto de Irán. Durante casi dos décadas la representación argentina abandonaba, junto con los delegados de los países occidentales y los del mundo árabe enfrentados con  Irán, el recinto de la Asamblea de la UN cada vez que hablaba el Presidente iraní. Sin embargo, desde 2012 la Argentina pasó a estar presente durante el discurso con su delegación completa. EEUU e Israel criticaron el acuerdo con Irán y lo mismo hizo la mayor parte de la comunidad judía argentina. No obstante, el Congreso argentino aprobó el acuerdo pese a los reclamos de la oposición que no lo votó y el gobierno pagó un costo político importante. En 2014, la Justicia Federal de segunda instancia lo declaró inconstitucional.

Este cambio de actitud es la materia de la reciente denuncia del fiscal Nisman, la que finalmente precipitó su muerte. 
Los tres enfoques diferentes del gobierno argentino en dos décadas en la acusación sobre el atentado de la AMIA muestran que Argentina ha estado jugando un tablero muy complejo, con dos países del Islam chiíta -como Irán y Siria- y la milicia de la misma fe que es quizás hoy la mayor amenaza para Israel (Hezbollah).

El acuerdo con Irán, quizás ha sido la acción de política exterior menos comprensible de Cristina Fernández; ahora también puede ser la que le genera mayor costo político.

Pero faltan nueve meses para las elecciones presidenciales y ello es mucho tiempo en términos políticos y electorales: la foto de hoy puede no ser la película de mañana.

Pero también es cierto que la causa AMIA, la que se ha iniciado a partir de la denuncia de encubrimiento del hecho realizada por Nisman y la que investiga su muerte, no tendrán sentencia firme antes de las elecciones y generarán nuevas alternativas e instancias que producirán efectos políticos durante el período electoral.

El conflicto entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo, que era anterior, es ahora un campo de batalla del caso Nisman. Si se producen decisiones  judiciales adversas, el Gobierno insistirá con su tesis de que se trata de una conspiración de los medios y la Justicia para desestabilizar al gobierno y beneficiar políticamente a la oposición.

En cuanto a la tesis de la Presidente de que la situación que se ha creado es consecuencia de la lucha interna desatada en los servicios de inteligencia, no es buena para ella. Es que durante casi doce años estos organismos han estado bajo control del gobierno kirchnerista, que siempre puso a gente de su confianza a cargo de los mismos, como es lógico. Si hay una lucha en ellos -que la hay- es consecuencia de la mala gestión que se ha realizado en esta área.

En principio es claro que se trata de una situación que perjudica a cualquier candidato oficialista y beneficia a los de la oposición.
Los candidatos más importantes del oficialismo, como Scioli y Randazzo, se han mantenido prudentes y desde el inicio eludieron sumarse a la tesis inicial de la Presidente de que Nisman se había suicidado, luego desmentida, con un costo político todavía difícil de mensurar.

Los candidatos opositores -Massa, Macri, Cobos, Binner y Sanz- repudiaron el hecho y reclamaron su esclarecimiento. Massa fue más enfático que Macri, pero ello se da en un contexto previo de hace varias semanas en el cual el intendente de Tigre viene usando un lenguaje más agresivo con el kirchnerismo que el jefe de Gobierno porteño. 
Para la Presidenta, su mayor costo derivará en su credibilidad por sus idas y vueltas. Ello puede debilitar su rol como electora del candidato presidencial del oficialismo, pero no es inevitable que sea así.

Ha estallado un imponderable en la política argentina que seguramente generará nuevos hechos hoy difíciles de anticipar, pero que en general tienen más potencialidad de perjudicar que de fortalecer al gobierno y que además lo afecta en su credibilidad internacional.
Hace dos semanas decíamos que América Latina es la región del mundo menos involucrada en el conflicto del terrorismo fundamentalista islámico pero, como suele suceder, la Argentina es la excepción.

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