Por la lentitud judicial, Boudou fue sobreseído

El ex vicepresidente de la Nación zafó de una condena en el juicio por los papeles falsos de un auto. La fiscalía había pedido tres años de prisión en suspenso. La decisión fue por mayoría.

¿Amado Boudou culpable? No. ¿Inocente? Tampoco. Sencillamente, la Justicia declaró prescripto el delito de falsificar documento público de un automóvil por el que el ex vicepresidente de la Nación fue juzgado.

La decisión fue adoptada por mayoría por el Tribunal Oral Federal 1 de esta capital, que rechazó el planteo de la fiscalía de condenar al ex vicepresidente a tres años de cárcel en suspenso.

Luego de tres meses de juicio y varios años de instrucción, se resolvió “declarar extinguida por prescripción la acción penal contra Amado Boudou en cuanto al hecho por el cual fue acusado por el Ministerio Público Fiscal y en consecuencia sobreseerlo por el delito de falsedad ideológica de documento público en calidad de partícipe necesario, por mayoría”, dijo el tribunal.

Boudou escuchó el veredicto contento; había llegado a las 10.30 para decir sus últimas palabras y volvió a las 15, a bordo de una camioneta gris, sin querer hablar con los periodistas.

Lo acompañaron a la hora del veredicto sus abogados Jacobo Grossman y Martín Magram, el jefe de los metrodelegados del subte, Néstor Segovia; el abogado Marcelo Parrilli y el cantante Manuel Quieto, de “Mancha de Rolando”, que ya lo había secundado en varias audiencias.

Los fundamentos se conocerán el viernes próximo, pero la fiscal Stella Maris Scandura ya resolvió que recurrirá ante la Cámara Federal de Casación Penal por considerar que el delito no prescribió para el ex vice de Cristina Fernández.

La prescripción por el caso de los papeles del auto fue dictada de oficio por parte de los jueces Gabriel Eduardo Vega, José Antonio Michilini y Adrián Grünberg, porque ninguna defensa lo planteó durante el debate oral, aunque sí habían fracasado planteos previos en la instancia de instrucción.

Además de Boudou, el beneficio de la prescripción por el paso del tiempo también alcanzó a su ex pareja, Agustina Seguín, y al gestor Andrés Alberto Soto.

En tanto, el TOF 1 resolvió absolver a María Graciela Taboada, jefa del Registro Automotor 2 de la Ciudad de Buenos Aires, por entender que no se acreditaron los delitos en su contra.

Y la absolución también alcanzó al gestor Rodolfo Basiniani, porque para él la fiscalía había desistido de la acusación.

Por la mañana Boudou se había mostrado confiado en su inocencia: “Lo único que quise fue que la situación registral de un auto que poseo hace 20 años (una cupé Honda CRX modelo Del Sol, año 1992) fuera la misma que la tenencia, que reflejara los hechos de la realidad, en definitiva, nada quise ocultar ni esconder”, manifestó el ex vicepresidente y ex ministro de Economía del kirchnerismo.

En su descargo final, Boudou reiteró lo que ya había dicho, el 8 de mayo pasado, en su declaración indagatoria: “Ni yo ni mi entonces pareja, Agustina Seguín, insertamos o hicimos insertar o ayudamos a insertar datos falsos en ningún documento público”, en referencia a los datos dudosos que existen en los formularios de la transferencia y su DNI.

El ex vicepresidente valoró que en el debate oral y público “los testimonios y pericias marcan la realidad de los hechos” y que quedó demostrado que “no hay ningún riesgo ni perjuicio ni real ni concreto ni potencial hacia terceros”.

“Pido que se me sobresea (sic) en esta causa y que quede demostrado que soy inocente”, redondeó.

La causa se inició a fines de 2009 por una denuncia de la titular del Registro de la Propiedad Automotor Seccional 2 María Gabriela Taboada Piñero, que también terminó en el banquillo.

Previamente, la Dirección Nacional del Registro de la Propiedad de Automotor había hecho una auditoría en 2004 y detectó irregularidades en la transferencia del automóvil de Boudou.

Con impulso del fiscal Guillermo Marijuán, el juez Claudio Bonadío procesó a Boudou por la “transferencia irregular, mediante documentación falsa y falsificada”, de la cupé.

Según la instrucción, la firma en uno de los formularios era apócrifa, el domicilio aportado por Boudou sería inexistente, no coinciden el número de motor declarado con el del Honda y la fecha de adquisición declarada no sería real.

Sobre todo eso, Boudou explicó que había delegado el tema en manos de los gestores y que era inocente de cualquier irregularidad.

En el horizonte judicial de Boudou, asoma ahora una causa mucho más pesada y compleja. En los próximos días, el Tribunal Oral Federal 4 fijará la fecha de inicio del juicio por el salvataje de la imprenta Ciccone Calcográfica.

"El fallo es un disparate"

Daniela Andriuolo es de Mar del Plata pero vive en Italia hace décadas, donde es profesora de fitness. Ella es, además, la ex esposa de Amado Boudou y la mujer que destapó el escándalo del auto con papeles truchos, que derivó en un juicio contra el ex vicepresidente K.

Eduardo Romanín es el abogado defensor de Andriuolo y su ánimo no era el mejor ayer. “El fallo es un disparate”, dice. “Cuando los penalistas quieren tirar la pelota afuera normalmente utilizan la prescripción para no juzgar el fondo, pero aclaremos: no se lo declaró inocente”. agrega.

Para él, no hay argumentos para declarar que prescribió la acusación por presunta falsificación de documentos públicos.

“Boudou fue funcionario hasta diciembre de 2015, recién ahí empieza a correr el plazo para que prescriba, y otro detalle: también se juzgó a una titular del Registro del Automotor, que sigue en funciones, entonces no corren los plazos”, describió.

Piden llevar a juicio a López

El fiscal federal Federico Delgado pidió ayer el envío a juicio oral del detenido ex secretario de Obras Públicas del kirchnerismo, José López, por enriquecimiento ilícito, a raíz de los casi 9 millones de dólares que intentó esconder en un monasterio, por su casa en Dique Luján y por la compra de un departamento en el barrio de Recoleta.

En el dictamen entregado al juez federal Daniel Rafecas, el fiscal también pidió juzgar como partícipes necesarios del enriquecimiento ilícito del ex funcionario a su esposa, María Amalia Díaz, y a los empresarios Eduardo Gutiérrez, Andrés Galera, Marcos Marconi y Carlos Gianni.

Además, será juzgada por presunto encubrimiento la monja Celia Inés Aparicio, la religiosa que en la madrugada del 14 de junio del año pasado, le abrió a López la puerta del monasterio de General Rodríguez.

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