Mientras aguarda en la Legislatura el proyecto de ley que disuelve la actual empresa de troles y la transforma en una sociedad anónima unipersonal, ATE tomó cartas en el asunto y denunció “el vaciamiento” de la firma estatal. Ayer, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) presentó un pedido para que Fiscalía de Estado intervenga y realice una auditoría, por considerar que se trata de “una privatización encubierta”.
“Hubo un proceso de vaciamiento orquestado, con la intención de dejar caer la empresa y después proceder a la privatización. Pero aparte, entendemos que el proyecto viola principios constitucionales”, señaló la referente de ATE, Raquel Blas.
La denuncia, sobre la que tendrá que decidir el fiscal de Estado, Fernando Simón, es por el proyecto que está en discusión en Diputados, a la espera de convertirse en ley en la próximas semanas. El mismo, propone la disolución de la Empresa Provincial de Transporte Mendoza (EPTM) a partir del 31 de diciembre.
“La empresa es absolutamente deficitaria. Hay un deterioro en su estructura si se contrastan los más de 480 empleados con el servicio y las frecuencias que tiene. Transporta cada vez menos pasajeros y tiene superposición de recorridos con el transporte privado”, defendió el proyecto, el presidente de la UCR en Diputados, César Biffi. En la Casa de las Leyes, el texto está bajo el análisis de la oposición, que resiste la iniciativa y pone en duda el destino que tendrán los empleados.
La idea del Ejecutivo provincial es convertir la EPTM en una sociedad anónima y que el Estado sea el único accionista. Con esta modificación y aprobación mediante, a partir del 1 de enero, la empresa comenzará a funcionar como la Sociedad de Transporte Mendoza (STM), con 300 empleados menos.
Es que de los 480 de empleados, sólo quedarán 180 y el resto irá a distintas reparticiones del Estado, con la garantía que dan en el oficialismo de que no se echará a nadie.
El tema es que todos los empleados deberán renunciar y el próximo Directorio decidirá quiénes son los 180 que queden. El resto será reubicado con la promesa de que mantendrán la misma categoría. Algo que está por verse es, si los empleados en cuestión, cobrarán o no el mismo salario. Si bien la EPTM es una de las mejores pagas, esto es por adicionales que podrían no tener en los nuevos puestos de trabajo.
Con este panorama, ATE presentó ayer en la Fiscalía de Estado la denuncia que apunta a dos aspectos. En primer lugar, el escrito señaló que el estado deficitario de la empresa fue con intencionalidad del Ejecutivo. “Está acreditado en expedientes las denuncias que hemos hecho anteriormente, por la falta de reparación de unidades”, dijo Blas.
Según argumentan, se pretendió liquidar algo que “podría considerarse un patrimonio”. En ATE piden que la Fiscalía intervenga y realice una auditoría en el lugar.
“Si hubo responsables, que se los ponga preso, y si no hubo inversión en la empresa por parte del Estado, que se tomen acciones por haber dejado caer la condición de los coches”, señaló Blas.
El segundo motivo de la denuncia es por la redacción del proyecto. “La idea es pasar a todos los trabajadores que tienen estabilidad a la ley de Contrato de Trabajo. Esto viola principios constitucionales. A su vez, en los fundamentos hay cuestiones que son delictivas. Apelan a una deuda de aportes patronales, que es un delito que cometió el Estado, cuyas consecuencias no deben pagar los pasajeros ni trabajadores”, criticó la sindicalista.
En Fiscalía de Estado recién ayer se asentaba por Mesa de Entradas la denuncia, por lo que en los próximos días se estudiará el pedido. En este sentido, investigarán si realmente hubo una violación de la Constitución o se afectó patrimonialmente a la Provincia.
