El sector de biodiésel de Argentina atraviesa una crisis y su producción está en caí-da libre desde el anuncio a finales de mayo de la aplicación de mayores aranceles por parte de la Unión Europea, que compra el 90% de lo que exporta el país sudamericano.
Argentina es el primer productor mundial de biodiésel, fabricado a base de aceite de soja, con una producción de 2,5 millones de toneladas en 2012 (1.800 millones de dólares), de las cuales 1,6 toneladas tienen por destino la exportación, por delante de Indonesia y de Malasia que lo elaboran a partir de aceite de palma.
La crisis comenzó en abril de 2012 cuando España, que importaba la mitad del biodiésel argentino, puso un freno a sus compras en represalia a la decisión del gobierno de Cristina Kirchner de expropiar el 51% de las acciones de la petrolera YPF que estaba en manos de la española Repsol.
Además el Estado argentino subió los aranceles de exportación del biodiésel perjudicando aún más las ventas.
En un primer momento se estimaba que las exportaciones argentinas de biodiésel rondarían los dos millones de toneladas pero en 2013 finalmente no superarán las 500.000 toneladas, dado que las medidas de la UE "colocan al biocombustible argentino a un precio prohibitivo", advirtió Gustavo Idigoras, experto en bioenergías de Business Issue Management.
Idigoras puso como ejemplo la situación del grupo francés Louis Dreyfus Commodities que "invirtió sabiendo que sería más competitivo producir en Argentina y estructuró su producción para poder responder a las normas europeas".
La sanción contra el biodiésel argentino -junto al indonesio- cayó como una bomba en el polo portuario de Rosario, sobre el río Paraná, donde se concentran las fábricas de tratamiento de soja, sea para biodiésel, harinas, aceites o lecitina.
Algunas fábricas debieron suspender su producción aunque sin impacto sobre el empleo por ahora.
En Argentina, la producción de biodiésel hizo su despegue en 2006 y se multiplicó por diez entre 2007 y 2012, como resultado de una inversión en infraestructura de 1.000 millones de dólares en cinco años.
Además de Dreyus, los principales actores son las empresa estadounidenses Bunge y Cargill, la suiza Glencore y las argentinas Molinos Río de la Plata y Vicentin.
Acusaciones cruzadas
La medida de la UE de imponer aranceles a las importaciones fue calificada como "agresivo proteccionismo" por el Estado argentino, que ve en ella una represalia por la nacionalización en 2012 de la petrolera YPF que perjudicó al grupo español Repsol.
Buenos Aires formalizó en mayo un reclamo contra la UE ante la Organización Mundial del Comercio (OMC).
De su lado, la Unión europea acusa a los productores argentinos e indonesios de dumping, de beneficiarse con ayudas a la exportación, es decir, de ejercer una competencia desleal para los productores europeos.
