Una reforma de la Justicia, tendiente a acelerar la resolución de los casos de inseguridad, no sólo fue una de las promesas de campaña de Alfredo Cornejo, sino uno de los objetivos de este tiempo.
El miércoles, al tiempo que el Poder Judicial anunció que el fuero penal trabajará de tarde y que registrarán a los detenidos preventivamente, el Gobernador dio a conocer un proyecto de ley para crear el “Registro de libertad provisional y cuerpo de asistencia de libertad provisional”.
El texto, que ingresó hace una semana, ya comenzó a ser estudiado en las comisiones de Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC) y la Bicameral de Seguridad, y la semana que viene podría tener la sanción de Diputados.
Pero según adelantan en la Casa de las Leyes, hay otros proyectos en análisis: una reforma al Código Procesal Penal, para implementar la oralidad (si bien ingresó hace dos años, hay voluntad de tratarlo pronto) y una modificación en la composición del Instituto de Seguridad.
Este último ingresó el jueves en el Senado y la semana que viene comenzará a circular por las comisiones. La idea es reducir la cantidad de miembros del Instituto.
Estos se suman a los que ya se sancionaron. El primero, relacionado con los apremios económicos, es la declaración de la emergencia en Seguridad, pero también hay otro más de fondo: la reforma que encaró la UCR, casi en soledad, de la ley que reglamenta la función de la Policía.
El registro de los liberados
El nuevo proyecto que ya tuvo un primer testeo el jueves, en la Bicameral de Seguridad, prevé en sus puntos que, por un lado, se cargue en un registro quiénes son las personas con libertad provisional. La idea es tener una especie de historial electrónico y digital de aquellos que presuntamente cometieron un delito, pero que durante su proceso de juicio están en libertad por orden el juez de Garantía.
El archivo contendrá información sobre cuáles son los delito que presuntamente cometió, en dónde y cuál es el domicilio actual del sospechado. Es decir, una marcación a los investigados.
La intención es apuntar a la inteligencia en la persecución y contar con un listado para que, ante un nuevo delito, se sepa si el sospechoso está en libertad provisional, tal vez, por un caso similar.
Hasta ahora, lo único que existe para controlar a los que están con libertad provisional, es el pedido para que cada tanto vayan a firmar en las oficinas autorizadas.
Un segundo objetivo es crear un cuerpo que asista a los que estén en esta condición, con la idea de “asesorarlos y ayudarlos” para que conserven su libertad. Sería una especie de “reinserción social”. Además, serviría para tener un seguimiento y control.
Todo parece indicar que el proyecto tendrá la misma celeridad que los anteriores del Ejecutivo, es decir, saldrá a la luz en poco tiempo.
En los planes está que el martes tenga despacho de LAC y el miércoles sea considerado en la sesión. Pero a diferencia de las otras iniciativas que el Gobierno envió y sacó con la mayoría propia del Frente Cambia Mendoza, algunas cosas parecen haber cambiado.
Por un lado, el Ejecutivo tomó nota esta vez y, a diferencia de la reforma de la Carta Orgánica de la Policía, lo hizo pasar por la Bicameral, en donde estuvo el jueves pasado el ministro Gianni Venier.
Por otro lado, el FpV no está tan reticente a acompañar al Gobierno y, si bien aún no toma una postura de bloque, anticipa que hay un visto bueno general. En este sentido, propondrán algunas consideraciones que no necesariamente se transformarán en un cambio de letra.
El presidente de la Bicameral, Mario Díaz (FpV), señaló que para que funcione, se tienen que cumplir algunas condiciones.
“El primero es contar con recursos. La mayoría de las estructuras del Estado dejan de funcionar por no contar con herramientas. En este sentido, este proyecto puede usar los que le dimos a través de la emergencia en Seguridad. El segundo, es que el juez tenga la voluntad de notificar. Para que esto funcione, las partes que unen el sistema se tienen que concatenar”, señaló Díaz.
Con la mira en el fuero penal
Que el poder Legislativo y Judicial trabajen en una misma dirección no es casual. Y tampoco es casual que estas definiciones se den luego de que un hábeas corpus que limitó las detenciones preventivas enfrentara a Cornejo con parte de la Corte en el comienzo de la gestión.
Esa flexibilización hacía “crujir el sistema judicial y policial” provincial, según describieron en el Gobierno.
Cuatro meses después, Cornejo apuntó desde varios frentes para “ordenar” el trabajo penal. El proyecto que se analiza ahora se complementa con la acordada de la Corte que establece que el fuero Penal agregue el turno tarde a su trabajo. A su vez, estableció la creación del “Registro de detención y prisión preventiva” del Poder Judicial.
