Acusan a Lobos y su esposa por enriquecimiento ilícito

La fiscal de Delitos Complejos lo notificó ayer. Para el ex concejal a cargo de la intendencia se trata de una campaña para “perjudicar al PJ”.

El ex intendente interino de Guaymallén, Luis Lobos, sumó una imputación más, aunque esta vez se descargó y apuntó contra el gobernador Alfredo Cornejo. El justicialista acusó que usan su nombre para manchar a su partido, “a 48 horas de las elecciones”.

“Están usando el apellido de mi familia para terminar perjudicando al Justicialismo. Parece un cierre de campaña. Acá el problema es otro, el problema es la Justicia de Mendoza, el procurador general (Alejandro) Gullé, conocido militante radical puesto por Alfredo Cornejo”, disparó Lobos ante los medios que lo esperaron ayer en Tribunales.

Luego de realizar una declaración indagatoria, en la que no aceptó las preguntas de la fiscal de Delitos Económicos que lleva el caso, Susana Muscianisi, Lobos quedó imputado por tercera vez, en esta oportunidad, junto a su esposa, Claudia Sgró, por enriquecimiento ilícito.

Esta causa es por la denuncia que se hizo pública en diciembre de 2014, cuando Lobos cumplía un año a cargo de la intendencia que dejó vacante Alejandro Abraham, quien asumió como diputado nacional. En todo este tiempo, la acusación avanzó a través de una investigación y pericias que realizó el Cuerpo Médico Forense y pasó por manos de varios fiscales.

Ayer fue el turno de la imputación, por lo que Lobos y Sgró se presentaron ante la Justicia, aunque aprovecharon para dejar su mensaje.

Su abogado, Omar Venier, también apuntó al costado político de la acusación. “Es una payasada para el domingo” y defendió a su representado. “Todo está comprobado y aprobado por la Dirección General de Rentas hace años; todo ha sido declarado desde que asumió; están hablando barbaridades y mentiras”.

El magistrado que defiende a Lobos adelantó que la semana que viene pedirá, nuevamente, el sobreseimiento. “Lobos es la pantalla de ellos (el Gobierno) para hacer campaña”, insistió Venier.

Desde la Justicia se despegaron de los dichos y justificaron que el expediente se “viene moviendo desde hace tiempo”. En este sentido, la indagatoria de ayer respondió a uno de los plazos que se cumplen en esta investigación.

Por otro lado, luego de la imputación, la investigación puede avanzar con posibles nuevas citaciones. Una segunda etapa es el requerimiento de elevación a juicio y, como parada final, el juicio oral y público.

“El enriquecimiento ilícito lleva una pena de 2 a 6 años. En lo que viene, puede haber confiscación de bienes y, si la fiscal avanza, puede dictar otro auto de prisión preventiva. Cuando confirme la sospecha sigue la elevación a juicio”, explicó el abogado querellante, Carlos Varela Álvarez.

Varios frentes

Las denuncias que se tradujeron en una nueva imputación contra Lobos, son conocidas. Por un lado, está el valor de su patrimonio, que “no condice con sus ingresos como funcionario público, además de no haber sido declarado”, sostiene la parte acusatoria.

Los bienes en cuestión son: su casa ubicada en calle Tirasso, que se hizo conocida a través de las imágenes que capturó un drone. Según consigna la investigación, la construcción se realizó entre 2011 y 2014 y requirió una inversión de $ 3.500.000.

Según la requisa, Lobos suma dos terrenos más en barrios privados, además del 50% de un cuatriciclo Outlander Max 800R 2013; un crédito en la sociedad Gerenciar S.A.; una camioneta Amarok y un Peugeot 308.

“Lobos no tiene ni un solo bien que no haya declarado en tiempo y forma”, defendió Venier y explicó el ingreso que no se justifica con la función pública: “Lobos fue hijo único, sus papás fallecieron cuando él era joven, por lo que heredó tres inmuebles, de ahí vienen las propiedades. Después trabajó 10 años en Canadá, en donde ganó una suma importante de dinero”.

No obstante, la investigación pone la lupa en otras denuncias, referidas a su paso por la intendencia de Guaymallén. Según la pesquisa, hay irregularidades administrativas en las contrataciones directas y en la planta de personal que tuvo.

También apuntan a certificación de obras inexistentes en emprendimientos inmobiliarios, diferencias entre lo efectivamente prestado y pagado en compras, e irregularidades en el suministro de combustibles.

En la auditoría también aparece el alquiler de la planta Wanka S.A., que debía pagarse con fondos nacionales que no llegaron, aunque la obra se hizo igual.

“No he trabajado solamente como concejal sino también por mi profesión y hace 20 años que estoy en funciones”, señaló el ex concejal a cargo de la Intendencia.

El historial

Luis Lobos trabajó en la municipalidad de Guaymallén desde el 1 de marzo de 1988 hasta el 16 de mayo de 2016, cuando fue dejado cesante por Marcelino Iglesias.

Como empleado de planta fue electo, el 28 de noviembre de 2003, concejal del PJ. En el Concejo Deliberante fue presidente del cuerpo por 8 años consecutivos. En esa calidad, en diciembre de 2013 se convirtió en el remplazante del ex intendente Alejandro Abraham. Desde aquel año hasta el 22 de noviembre de 2015, Lobos estuvo a cargo de la intendencia, aunque sin haber sido electo.

El principal motorizador de las denuncias fue el concejal del FIT, Federico Telera, quien denunció un “dietazo”.

A partir de 2014, comenzaron las denuncias que ayer se tradujeron en una nueva imputación. Lobos también está señalado por fraude a la administración pública y por incumplimiento de los deberes de funcionario público y administración fraudulenta.

El 22 de diciembre de 2015, Iglesias retiró la licencia a Lobos y a Sgró, por lo que debieron volver a trabajar, ambos, con la máxima categoría, la I. 
Cinco meses después, Iglesias los echó.

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