Fue una conspiración a la vista de todos, el golpe de Estado más preparado -y alentado- en la historia del país. Tanto resultó así que los militares aprovecharon los últimos tres meses y medio del gobierno de Isabel Perón para elaborar muy tranquilos las listas de personas que serían detenidas inmediatamente después de que los tanques salieran a la calle.
Muchos de esos detenidos integraron el “conjunto grande de personas que debían morir para ganar la guerra contra la subversión”, según admitió el ex dictador Jorge Rafael Videla un año antes de morir. “Pongamos que eran 7.000 u 8.000. No podíamos fusilarlas. Tampoco podíamos llevarlas ante la Justicia”, completó.
Todas estas revelaciones forman parte de la edición definitiva de mi libro Disposición Final, que incluye testimonios de militares, políticos, sindicalistas, ex guerrilleros y empresarios para describir cómo fue la dictadura por dentro.
Videla no solo fue el jefe del Ejército que dio el golpe, junto con el almirante Emilio Massera y el brigadier Orlando Agosti, sino que presidió el país durante cinco años, hasta 1981, cuando fue reemplazado por su aliado, el general Roberto Viola.
Si bien los golpes de Estado eran muy frecuentes desde 1930 y el Ejército se había convertido en un actor político más, el derrocamiento de Isabelita fue apoyado por buena parte de la población.
Así lo recuerda el periodista británico Robert Cox, director del Buenos Aires Herald: “El golpe de 1966 contra el radical Arturo Illia había sido arreglado con la prensa. En 1976, eso no fue necesario: la mayoría de la gente lo esperaba y lo deseaba. Desafortunadamente, muchos argentinos estaban siempre buscando a los militares para que entraran al gobierno, ordenaran el país y dieran luego elecciones.
Pero, pasaba ahora también con gente de izquierda: recuerdo que con mi mujer nos encontramos en una recepción en la embajada de Egipto con un periodista de El Cronista Comercial, que militaba en la izquierda, y con su esposa, que estaba embarazada. Ellos eran jóvenes y confiaban en que un gobierno militar pondría en marcha una represión más legal que el gobierno de Isabel Perón, en el que aparecían cuerpos carbonizados, en zanjones”.
Cox es una leyenda viva de buen periodismo debido, en parte, a su tarea informativa durante la dictadura denunciando las violaciones de los derechos humanos. Él me contó que “todo 1975 se vivió como una tragedia griega, que desembocó en el golpe. Era algo muy impresionante: una tormenta de violencia con amenazas, secuestros, bombas. Era obvio que eso no podía durar mucho tiempo. El gobierno de Isabel era terrible: había también corrupción, inflación, desabastecimiento; faltaba hasta papel higiénico...”.
Un hecho político debe ser analizado también en su contexto histórico. Lo enseñó mejor que nadie Carlos Marx en su libro “El dieciocho brumario de Luis Bonaparte”, donde, al referirse al golpe de Estado del sobrino de Napoleón, en 1851, criticó un análisis de Víctor Hugo: “Parece, en su obra, un rayo que cayó de un cielo sereno; no ve más que un acto de fuerza de un solo individuo”.
El golpe de hace 40 años tampoco fue un rayo caído de un cielo sereno. El cielo no estaba sereno. Pero el relativo consenso que se había formado no era a favor de la dictadura tal como vino después -con la sangrienta represión ilegal-, sino de un golpe más tradicional, clásico, en el que los militares estuvieran poco tiempo en el gobierno, el suficiente para “solucionar” la cuestión de la violencia política, que venía tanto de la izquierda como de la derecha.
Pero ese tipo de golpes -muy comunes en América latina- ya no era posible en nuestro país porque los militares habían adquirido una autonomía tal que se consideraban más capacitados y honestos que los civiles para solucionar de una vez por todas los grandes males de Argentina.
Esa autonomía de los militares reflejaba la crisis del peronismo y de los partidos políticos. Las Fuerzas Armadas habían acumulado un enorme poder en apenas tres años y eso les permitió imponer soluciones autoritarias, de arriba hacia abajo, no apenas en el plano de la lucha contra las guerrillas: pretendían cambiar a toda la sociedad, moldearla como si fuera de plastilina para liberarla de las ‘plagas’ que impedían su desarrollo.
“Nuestro objetivo era disciplinar a una sociedad anarquizada; volverla a sus principios, a sus cauces naturales. Con respecto al peronismo, salir de una visión populista, demagógica, que impregnaba a vastos sectores; con relación a la economía, ir a una economía de mercado, liberal. Un nuevo modelo económico, un cambio bastante radical. Queríamos también disciplinar al sindicalismo y al capitalismo prebendario”, señaló Videla.
Y desplazaron al peronismo cuando quisieron, ni un momento antes, ni un momento después; fue el golpe que menos dependió de los civiles. Tanto resultó así que desairaron a conspicuos miembros del llamado “partido militar”, un grupo informal de políticos y dirigentes que se refugiaban en las periódicas irrupciones de las Fuerzas Armadas para contrarrestar el poderío electoral del radicalismo primero y del peronismo después.
Algunos de esos civiles venían haciendo fuerza desde hacía tiempo para que Videla y compañía desalojaran a la viuda de Perón. Otros tenían una posición contraria; uno de ellos era el patriarca liberal Álvaro Alsogaray.
“Hubo una crítica muy fuerte de Alsogaray, que se había convertido en un detractor del golpe a seis meses de las elecciones. Alsogaray decía que los militares debíamos esperar a que el desgobierno se profundizara aún más para que el peronismo fuera expulsado por el malhumor popular”, señaló Videla.
En su opinión, “no era una situación aguantable: los políticos incitaban; los empresarios también; los diarios predecían el golpe. La Presidente no estaba en condiciones de gobernar, había un enjambre de intereses privados y corporativos que no la dejaban. El gobierno estaba muerto”.
Era un momento político muy especial: los grupos guerrilleros jugaban también al golpe, convencidos de que la toma del poder por los militares haría que los sectores populares se definieran a favor de quienes defendían realmente sus intereses, es decir ellos. En el lenguaje de la época, la clave era “profundizar las contradicciones” con los militares -instrumentos de la oligarquía y el imperialismo- para acelerar la llegada inevitable de la revolución socialista.
Un año después, en 1977, el líder de Montoneros, Mario “Pepe” Firmenich, se encontró por casualidad con Gabriel García Márquez en un vuelo “a diez mil metros de altura y en mitad del océano Atlántico”. Firmenich tenía 28 años y al escritor le impresionó como “un gato enorme”.
Aprovechó para hacerle una entrevista en la que Firmenich le dijo: “Desde octubre de 1975, nosotros sabíamos que se gestaba un golpe militar para marzo del año siguiente. No tratamos de impedirlo porque al fin y al cabo formaba parte de la lucha interna del movimiento peronista. Pero hicimos nuestros cálculos de guerra y nos preparamos para sufrir mil quinientas bajas en el primer año. Si no eran mayores, estaríamos seguros de haber ganado. Pues bien: no han sido mayores. En cambio, la dictadura está agotada, sin salida, y nosotros tenemos un gran prestigio entre las masas y somos una opción segura para el futuro inmediato”.
También los jefes del ERP -un grupo trotskista/guevarista- tenían información precisa sobre cuándo sería el golpe de Estado.
Confiaban en la fuerza militar que aún tenían, tanto que pensaban que el golpe permitiría el “comienzo de un proceso de guerra civil abierta que significa un salto cualitativo en el desarrollo de nuestra lucha revolucionaria”, como escribió su líder, Mario Roberto Santucho, la misma mañana del 24 de marzo de 1976.
En su autobiografía, Enrique Gorriarán Merlo, otro de los jefes del ERP, aseguró: “Habíamos obtenido la información de que el golpe estaba en plena preparación a través de Cacho Perrota, dueño de El Cronista Comercial y miembro del aparato de inteligencia del ERP. El 24 de marzo se produjo el golpe militar; llegamos a la conclusión de que el advenimiento de una dictadura militar iba a conllevar una exacerbación de la resistencia”.
Alimentados por tantas expectativas, los militares iniciaron la conspiración nueve meses antes, según admitió Videla, su principal ejecutor y beneficiario: “La planificación en forma orgánica comienza cuando me convierto en comandante en jefe del Ejército”, el 28 de agosto de 1975. Isabel Perón era presidenta y tuvo que aceptar esa designación luego de una rebelión de los generales.
“Sin embargo, en forma inorgánica, la planificación comenzó un poco antes, cuando asumo como jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas y empiezo a recibir visitas de gente que está interesada en verme”, señaló Videla. Eso fue el 4 de julio de 1975, cuando Videla dio un discurso que atrajo a los civiles que buscaban un militar con quien volver a la Casa Rosada.
En mi libro, Videla, que murió en 2013 a los 87 años condenado a reclusión perpetua por violaciones a los derechos humanos, sostuvo que la fecha del golpe fue decidida a mediados de octubre de 1975.
Cuarenta años atrás, Isabel Perón cayó y muchos argentinos recibieron la noticia con alivio y satisfacción: estaban hartos de su gobierno y de ella; no podían imaginar aquel 24 de marzo soleado y apacible que la dictadura sería mucho peor con su secuela de miles de víctimas, el descalabro económico y la guerra perdida por las Islas Malvinas.
Números verdaderos
El ex general Videla habló de “7.000 u 8.000 personas que debían morir”. Los organismos de derechos humanos y el kirchnerismo sostienen que los detenidos desaparecidos fueron 30 mil.
El último dato oficial publicado es de 2006 y corresponde a la edición revisada del Nunca Más, el informe elaborado por la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep). Esa actualización del primer listado de víctimas ocurrió durante el gobierno de Néstor Kirchner. Según esa fuente, en la última dictadura hubo 6.415 desaparecidos y 743 víctimas de “ejecución sumaria”; en total, 7.158 personas.
Un hecho curioso -que todavía no ha sido explicado por sus impulsores- es que la edición de 2006 del Nunca Más incluye a personas muertas antes de la última dictadura, es decir antes del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. Ese listado parte de 1969, cuando gobernaba el general Onganía, e incluye las dictaduras de los generales Levingston y Lanusse, y los gobiernos constitucionales del peronismo, entre 1973 y 1976.
Es necesario aclarar que el decreto de creación de la Conadep, de 1983, firmado por el presidente Raúl Alfonsín, estableció taxativamente que su tarea consistiría en investigar que había ocurrido con los desaparecidos durante la dictadura de Videla y compañía.
¿Por qué la ampliación de fechas? Diversas fuentes indicaron que, por presión de algunos organismos de derechos humanos, la política del kirchnerismo fue honrar no sólo a las víctimas del terrorismo de Estado sino también a los caídos por la revolución, es decir a todos los que murieron mientras luchaban por el socialismo, sin importar cuándo, dónde o cómo.
Los herederos de todos ellos han cobrado la indemnización prevista por ley, que consiste en una suma equivalente a cien veces el sueldo bruto más alto de la administración pública nacional.
